Vía de Evitamiento La Oroya lleva más de 7 años sin estudio definitivo y afecta a más de 650.000 beneficiarios, alerta Contraloría

La Contraloría General de la República alertó que el proyecto construcción de la Vía de Evitamiento La Oroya, en la región Junín, acumula más de siete años de retraso en la culminación de su estudio definitivo, lo que compromete su finalidad pública y pone en riesgo que más de 655.000 beneficiarios accedan, en el plazo previsto, a una infraestructura vial segura y eficiente.

El organismo advirtió que esta demora afecta el uso oportuno de los recursos públicos y "no garantiza la seguridad jurídica para la servidumbre de paso", un elemento clave para la ejecución del proyecto. La obra contempla un tramo de 27,01 kilómetros que conectará los distritos de Morococha y Paccha, en la provincia de Yauli.

Retraso prolongado

El contrato para la elaboración del estudio definitivo fue suscrito el 9 de agosto de 2018 por un monto de S/3,09 millones y un plazo de 210 días calendario. Sin embargo, al 3 de marzo de 2026 han transcurrido siete años y 184 días sin que se culmine el proceso.

Según el Informe de Hito de Control n.° 003-2026-OCI/5304-SCC, el avance físico del servicio alcanza solo el 80%, debido a que el informe de avance n.° 4 se mantiene en condición de "observado", lo que ha impedido su aprobación final.

Fallas de gestión

La Contraloría identificó que Provías Nacional no adoptó las acciones necesarias para garantizar la obtención de la servidumbre de paso requerida, pese a que en enero de 2026 se declaró de necesidad pública e interés nacional el proyecto, autorizando incluso la expropiación de terrenos.

Asimismo, advirtió que la falta de seguridad jurídica en este proceso podría generar modificaciones en el diseño del sistema eléctrico del túnel proyectado, afectando aspectos técnicos durante la ejecución de la obra.

El informe señala que esta situación responde a una combinación de factores, como deficiencias en la planificación del saneamiento físico-legal, demoras en la gestión de servidumbres, incumplimientos del consultor en el levantamiento de observaciones y la pérdida de efectividad del régimen de penalidades.

Inconsistencias técnicas y riesgo ambiental

Los auditores también detectaron incongruencias entre los estudios de Hidrología e Hidráulica y los planos de Estructuras y Obras de Arte, pese a contar con la conformidad del área usuaria.

Entre las principales observaciones figuran discrepancias en la relación de alcantarillas, así como en la proyección de cunetas y bordillos. Estas inconsistencias podrían afectar la calidad del expediente técnico y generar omisiones durante la ejecución de obras de drenaje, con el consiguiente riesgo de fallas estructurales, erosión o socavación.

Otro punto crítico es la posible pérdida de vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del sistema eléctrico del túnel, lo que pondría en riesgo la certificación ambiental necesaria para ejecutar el proyecto.

Presión social

En febrero de 2026, en La Oroya y otras zonas de la sierra central se registraron protestas y bloqueos vinculados a la demanda de mejoras en infraestructura vial, especialmente por el retraso de proyectos estratégicos como la nueva Carretera Central. Estas movilizaciones evidencian el malestar de la población frente a la falta de avances en obras clave de conectividad, contexto en el que también se enmarca la demora de la vía de evitamiento.

Frente a este escenario, la Contraloría recomendó a Provías Nacional adoptar medidas correctivas para asegurar la continuidad del proceso y culminar el estudio definitivo, a fin de evitar mayores retrasos en una obra clave para la conectividad en la región central del país.