Municipalidad de Lima reactiva excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga para conocer su historia
Una resolución del Ministerio de Cultura permitió retomar las investigaciones de arqueología en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga, reabriendo el debate sobre la protección del patrimonio y los alcances de la intervención estatal.
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Luego de varios meses de suspensión, las investigaciones arqueológicas en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga volvieron a activarse en el Centro Histórico de Lima. El reinicio de los trabajos fue posible tras la decisión del Ministerio de Cultura de anular la resolución que había ordenado detener las excavaciones en una zona cercana al Palacio de Gobierno.
La reanudación va más allá de poner en marcha una obra detenida: vuelve a abrir el debate sobre hasta dónde llegan las competencias del Estado, cómo se protege el patrimonio arqueológico y de qué manera se equilibra la seguridad institucional con la investigación histórica. En ese contexto, la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante PROLIMA, volvió a impulsar el proyecto orientado a documentar y sustentar técnicamente la restitución del Arco del Puente, una de las construcciones más antiguas de la ciudad.
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El Arco del Puente y el Molino de Aliaga forman parte de las estructuras clave de la Lima fundacional y su estudio permite reconstruir cómo se organizó la ciudad en sus primeros años, su vínculo con el río Rímac y las obras virreinales iniciales. La paralización dictada en septiembre detuvo las excavaciones que estaban en marcha y dejó inconclusas etapas centrales del estudio arqueológico.
Ministerio de Cultura respalda la reanudación de las excavaciones arqueológicas
La reanudación de los trabajos quedó respaldada por la Resolución Viceministerial N.° 000297-2025-VMPCIC, emitida por el Ministerio de Cultura, que dejó sin efecto la disposición anterior que había ordenado detener las excavaciones. El documento concluye que aquella medida no estuvo debidamente sustentada desde el punto de vista técnico y que se basó en criterios ajenos a la evaluación arqueológica.
En el nuevo pronunciamiento se precisa que la paralización se apoyó en consideraciones de seguridad que no forman parte de las competencias del sector, ya que corresponden a otras entidades del Estado. Este cambio de criterio permitió restituir las autorizaciones y dar continuidad a las investigaciones que habían quedado en suspenso.
