Sangriento inicio de año con más de 30 asesinatos: menores de edad y transportistas entre las principales víctimas

La madrugada del lunes 5 de enero, dos menores de 15 y 17 años fueron asesinados a balazos al intentar evitar el robo de sus celulares, a pocos metros de su vivienda, ubicada en la avenida Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Dos días después, la noche del miércoles 7 de enero, un conductor de combi perdió la vida tras un ataque armado perpetrado por un sicario en la avenida Víctor Andrés Belaúnde, en el distrito de Comas. Minutos después, el agresor fue abatido por un efectivo policial vestido de civil, tras una feroz persecución.

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Estos casos reflejan el sangriento inicio de 2026, un año que se ha visto marcado por una alarmante serie de homicidios. Según cifras del Sistema de Información de Defunciones del Ministerio de Salud, durante la primera semana de enero se registraron un total de 37 asesinatos en todo el país, de los cuales 10 fueron en Lima y 5 en el Callao.

Cabe señalar que 2025 cerró con la alarmante cifra de 2.236 crímenes, un dato que evidencia la falta de acción efectiva por parte del Gobierno para frenar la delincuencia. Según José Manuel Saavedra, experto en seguridad ciudadana, este año podría superarse esa cifra si no se implementan medidas adecuadas para enfrentar la criminalidad. "En algunos distritos, el Estado ha perdido presencia de efectivos policiales", advirtió, haciendo referencia a la alta tasa de asesinatos en regiones como Callao y Huacho.

Saavedra considera que la situación actual se debe a la falta de medidas como inteligencia policial focalizada, control territorial real, reforma penitenciaria urgente y liderazgo político. La ausencia de estas medidas responde, según el especialista, a la reacción tardía del Gobierno de José Jerí.

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Más de 30 homicidios en la primera semana del 2026

A pesar del estado de emergencia ampliado por 30 días calendario, decretado el pasado 21 de diciembre, la ola de crímenes y actos violentos continúa. Esta ha dejado un saldo de víctimas entre mototaxistas, conductores de transporte público y menores de edad. Los crímenes no son un fenómeno reciente, pues al cierre de 2025 se registraron 2.236 homicidios, la cifra más alta desde 2017 (678), 2018 (927), 2019 (1.139), 2020 (1.018), 2021 (1.416), 2022 (1.539), 2023 (1.513) y 2024 (2.083).

Bajo este panorama, Nicolás Zevallos, experto también en seguridad ciudadana, señaló que las declaratorias de estado de emergencia, que en su momento sirvieron para combatir el terrorismo, ya no generan los mismos resultados ante crímenes de diferente índole. Remarcó que para abordar la ola de asesinatos, el Gobierno "no puede enfrentar un problema a ciegas sin conocer la magnitud de la situación". Según Zevallos, las autoridades no disponen de cifras precisas sobre los homicidios ni sobre las causas que los originan.

El Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) era el organismo encargado de proporcionar datos precisos sobre los homicidios en todo el país, determinando si los asesinatos estaban relacionados con bandas criminales, sicariato, robos, entre otros. Sin embargo, el CEIC no emite reportes desde 2021, lo que ha complicado el análisis de la situación, según el especialista.

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Medidas fundamentales a implementar

José Manuel Saavedra sostiene que para reducir la criminalidad en 2026, es fundamental implementar cuatro medidas que no se han aplicado adecuadamente en los 17 estados de emergencia, incluidas las prórrogas, decretadas por el Gobierno. Estas son:

• Inteligencia policial focalizada: Saavedra subraya que crímenes como extorsiones, sicariato y narcotráfico deben ser atacados con información precisa y objetivos claros. "En el Callao hay muertes por sicariato. Es necesario focalizar los esfuerzos en las zonas donde se registran más asesinatos", indicó.
• Control territorial real: Zonas con mayor incidencia delictiva, como Callao, San Martín de Porres, Puente Piedra y San Juan de Lurigancho, requieren un refuerzo en las comisarías, patrullajes integrados con municipios y el uso intensivo de tecnología para evitar que el control territorial quede en manos de bandas criminales. Saavedra cuestionó la efectividad del patrullaje conjunto entre militares y policías, señalando que en distritos con alta criminalidad, como Larcomar o la avenida Arequipa, no tiene sentido.
• Reforma del sistema penitenciario: Según Saavedra, los centros penitenciarios no neutralizan el crimen, sino que lo fortalecen. "Hoy las cárceles siguen siendo universidades del crimen organizado", advirtió. Es urgente una reforma integral del sistema penitenciario para cortar el mando de los criminales en las cárceles, pues los esfuerzos en las calles resultan insuficientes.
• Liderazgo político: El experto cuestionó los constantes cambios de Gobierno, que modifican las estrategias para enfrentar la inseguridad. Para Saavedra, se necesita una política de Estado con metas claras y una evaluación constante de los resultados.

Principales víctimas del sicariato

De acuerdo con cifras del Ministerio Público, 2025 cerró con alrededor de 56 choferes asesinados y más de 60 ataques armados en el sector de transporte público. Esta situación no ha mejorado, ya que en los primeros días de 2026 ya se han registrado al menos cinco homicidios contra conductores de taxis, mototaxis y unidades de transporte público.

Uno de los casos más recientes es el asesinato del conductor César Robles López, de la empresa de transporte Nazareno S.A., quien fue acribillado mientras cumplía su ruta en la avenida Ramiro Prialé, en Lurigancho-Chosica, el sábado 3 de enero. En pocas horas, los mototaxistas Miguel Ángel Jaranpa y Herberth Rivas Moreno fueron asesinados en San Juan de Lurigancho y Breña, respectivamente, en lo que aparentemente estuvo vinculado con el cobro de cupos.

Saavedra considera urgente reducir el tiempo de respuesta del serenazgo ante los llamados por hechos delictivos. "En la gran mayoría de distritos del Perú, las llamadas no llegan o se demoran más de 30 minutos", advirtió. La situación empeora cuando los homicidas no solo son adultos, sino también menores de edad, como ocurrió en el Callao, donde un adolescente de 16 años, identificado como J.J.R.A. alias 'Chatín', asesinó a un taxista en el jirón Nicolás de Piérola. Él fue intervenido junto a su cómplice de 15 años, con quien abordó el vehículo de su víctima. Zevallos y Saavedra coinciden en que el número de homicidios podría ser aún mayor si no se retoma el control territorial y no se toman medidas más eficaces para enfrentar este problema.

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