Transportistas dan ultimátum de 7 días al Gobierno de José Jerí: exigen plan contra la inseguridad o irán a paro de 48 horas

Este viernes 5 de diciembre, los representantes del transporte urbano organizado difundieron un comunicado en el que expresan su profunda preocupación por el incremento de hechos delictivos que golpean al sector y ponen en riesgo la seguridad de miles de trabajadores y usuarios. Ante la peligrosa situación, exhortaron al Poder Ejecutivo presentar "un plan maestro de acción efectivo en contra de la inseguridad que vivimos" en un plazo de siete dias, de lo contrario, convocarían a una nueva jornada de paralizaciones por 48 horas.

En el documento, los gremios advierten que la ineficacia del Estado frente a la extorsión, los ataques armados y el avance de organizaciones criminales ha llegado a un punto crítico, por lo que plantean una serie de medidas urgentes para frenar la violencia que afecta al transporte público.

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Transportistas plantean 7 exigencias para el Ejecutivo por inseguridad

Entre las exigencias presentadas, los transportistas hicieron un llamado a la empatía de las autoridades ante los recientes ataques que ha enfrentado el sector, y con ello, disponer de medidas realmente efectivas y reales que garanticen la seguridad e integridad de los choferes, cobradores, pasajeros y personal que se ha visto afectado por las extorsiones. En este contexto, plantean al Gobierno siete exigencias:

• Fortalecimiento inmediato de la Unidad Operativa contra la Extorsión: dotación presupuestal, tecnología y personal especializado.
• Implementación efectiva del protocolo de reserva de denuncias y coordinación operativa con el Ministerio Público.
• Bloqueo y sanción de cuentas bancarias vinculadas a extorsiones; investigación y sanción a proveedores que comercializan chips de forma fraudulenta.
• Aprobación urgente del reglamento de la Ley N° 32490 sobre medidas extraordinarias contra el sicariato y extorsión del transporte público. Así como un informe de lo actuado para corregir las leyes por crimen que crean impunidad a los autores y cómplices de esta ola de violencia en el país.
• Análisis y modificación de las siguientes Leyes 31990, Ley 32108 y Ley 32181.
• Establecer una política de acción legal y control territorial frente a la participación de extranjeros en actividades delictivas.
• Información de resultados interinstitucionales PNP, Fiscalía y poder judicial, sobre los delincuentes detenidos, encarcelados, enjuiciados y sentenciados.

Finalmente, los representantes de Transporte Unido reafirmaron su disposición a un diálogo institucional y responsable con "las máximas autoridades en aras de velar por la seguridad y continuidad del servicio".

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