Presencia de ambulantes aumenta en un 30% en el Centro de Lima pese a promesas de la MML
Los comerciantes formales denuncian pérdidas significativas y un entorno caótico, mientras la falta de control y estrategias efectivas por parte de las autoridades agravan la situación en la capital peruana.
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En el Centro de Lima, la llegada de diciembre ya no solo anuncia el inicio de las compras navideñas ni la tradicional búsqueda de luces, árboles y decoraciones. Este año, el primer vistazo de las calles evidencia un fenómeno mayor: un aumento de vendedores ambulantes que, según dirigentes y comerciantes, llega al menos al 30% en comparación con el 2024.
En calles estratégicas como Jirón de la Unión, Mesa Redonda, Tacna, Grau o los alrededores de los emporios de Gamarra, la postal es la misma: carretillas pegadas a las paredes, mantas extendidas, parlantes a todo volumen y una multitud que avanza en fila india porque ya no queda espacio para caminar con libertad. Los ambulantes venden de todo: luces LED, ropa para estrenar en Año Nuevo, juguetes, herramientas y adornos navideños. Cada metro cuadrado se ha convertido en una disputa silenciosa y desigual por vender.
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Promesas incumplidas y comerciantes afectados
A pesar de las promesas municipales (especialmente las de la gestión de Rafael López Aliaga) de reubicar a los ambulantes y liberar espacios públicos, la realidad muestra todo lo contrario. Incluso zonas declaradas como rígidas, como el Puente Ricardo Palma, han estado repletas de vendedores, según reportes recientes. Las medidas de reordenamiento, según afirman comerciantes informales, no solo no han funcionado, sino que han impulsado una avalancha mayor.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) recuerda un dato estructural que explica parcialmente el fenómeno: el 70% del comercio en Perú es informal, y entre un 30% y 40% de esa informalidad se concentra en la capital, especialmente en el Centro de Lima. La efervescencia navideña actúa como acelerador y, en año preelectoral, los vendedores ambulantes aprovechan la coyuntura política, sabiendo que ninguna autoridad quiere asumir el costo social de desalojarlos.
Uno de los tantos casos de comercio ambulatorio se puede apreciar a pocas cuadras de la estación Gamarra, una mujer de ojos cansados acomoda sus cajas sobre una manta azul. Su nombre es Raquel Huamán, una vendedora de adornos que llegó a Lima desde Piura hace cinco años. Es madre de dos niños y, como miles de ambulantes, depende de la campaña navideña para sostenerse hasta marzo.
Raquel vende adornos hechos a mano: pequeños renos tejidos, coronas artesanales, estrellas de cartón, muñecos de nieve armados con materiales reciclados. “Yo no quiero molestar a nadie”, dice mientras organiza su mercancía, “solo quiero vender un poco para regresar a casa con algo de dinero”.
Este año, sin embargo, la realidad le ha golpeado con fuerza. Si antes podía instalarse en un rincón del emporio comercial sin demasiada competencia, ahora se encuentra rodeada de decenas de vendedores más. Todos buscan lo mismo que ella: espacio y compradores. “Somos más y más cada día”, confiesa. “Hay muchos que antes tenían puesto adentro (en una galería), pero lo han dejado porque ya no vendían. Ahora están aquí afuera, compitiendo conmigo”.
La presión no solo llega desde otros ambulantes. También desde los operativos municipales, que suelen aparecer sin aviso y con policías cargando bolsas donde terminan los productos decomisados. Raquel asegura haber perdido mercancía valorada en más de 400 soles solo en noviembre. “En el local donde nos querían llevar no había gente, no pasaban ni treinta personas al día”, afirma. “¿Cómo voy a vender ahí? Nosotros vivimos del día a día”.
Mientras habla, Raquel observa de reojo cada movimiento policial en la zona. “A veces vienen, pero solo para quitarle a algunos. A otros los dejan. Yo no sé cómo es, pero así trabajamos: con miedo, pero trabajando”, sentencia.
Su historia es apenas una muestra del caos que vive Gamarra y el Cercado de Lima. Un caos que, según dirigentes, se sostiene por la falta de autoridad, la corrupción y un comportamiento político que prioriza los votos antes que el orden.
La mirada empresarial: “Hay un trasfondo político, no quieren tocar un tema sensible”
Para entender mejor la situación, La República se contactó con Edward Raymundo, presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra. Su voz suena firme, pero con un agotamiento. Con más de dos décadas involucrado en la actividad textil, ha sido testigo de los cambios que ha vivido Gamarra y el Cercado durante sucesivas gestiones municipales.
“El tema principal es la coyuntura política”, afirma sin titubeos. “Estamos a meses de elecciones, y los vendedores informales saben que no los van a retirar. El partido del alcalde no quiere tocar un tema sensible porque eso le resta votos”. Para Raymundo, este cálculo no es nuevo, sino un patrón repetido en cada año electoral: “Si realmente les importaran los comerciantes formales, harían respetar el principio de autoridad. Las ordenanzas existen, pero no se aplican”.
El dirigente señala además la inseguridad como uno de los factores más graves. “Ya no hablemos de seguridad; hablemos de inseguridad total”, enfatiza. “El uso de vías públicas está prohibido, pero aun así se permite. Todo está maquillado. El alcalde dice que hay mil policías, mil trabajadores, pero a dos cuadras todo está lleno de ambulantes”.
Raymundo afirma que en zonas como Gamarra, Grau, Aviación, Parinacochas y los alrededores del Metropolitano, los ambulantes operan a vista y paciencia de todas las autoridades. “Saben que en esta temporada no los van a retirar. Si tuviéramos un alcalde con firmeza, sí los retirarían, porque esto perjudica al libre tránsito y a los comerciantes formales que tributan”.
Consultado sobre el aumento de ambulantes, explica que aunque no existe una entidad que brinde una cifra exacta, pues no es tan sencillo censar a los ambulantes, sí es evidente un incremento inusual para inicios de diciembre. “Normalmente esto pasa desde la quincena, pero ahora ya está lleno desde los primeros días”, asegura. “A mi parecer, el crecimiento es de un 30%”.
Otro punto crítico es el paso de comerciantes formales hacia la informalidad, pues muchos empresarios han tenido que abandonar sus puestos debido a la competencia desleal. Algunos desesperados, se van a la calle. También se ha cuestionado la labor de la Municipalidad de Lima y de la Municipalidad de La Victoria, a las que acusa de utilizar mecanismos de “extorsión legal” contra los comerciantes formales, mientras actúan con indulgencia frente a los ambulantes.
Sobre las promesas incumplidas de Rafael López Aliaga, Raymundo es contundente: “Prometió que Lima sería una potencia mundial. ¿Potencia de qué? Las calles están sucias, hay basura, bulla, mendigos en parques emblemáticos… Nada ha cambiado. Sus promesas quedaron en el olvido”.
Entre la precariedad y la falta de control
Los testimonios coinciden en un punto clave: la falta de autoridad ha generado un desorden que perjudica tanto al comercio formal como al tránsito y la seguridad pública. Las calles del Centro de Lima, en simultáneo, se han convertido en arterias saturadas donde es imposible distinguir límites entre negocios establecidos, vendedores ambulantes, transporte público y peatones.
Emporios como Mesa Redonda, Las Malvinas, El Hueco y Gamarra se encuentran al borde de recuperar el caos que vivieron antes de la pandemia. Los comerciantes formales, que pagan alquileres, impuestos y servicios, denuncian pérdidas significativas debido a que gran parte de los compradores opta por la oferta más barata y accesible en los puestos informales.
Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que durante la campaña navideña el acceso al emporio comercial Mesa Redonda quedará totalmente cerrado cuando se alcance un aforo máximo de 39 859 personas. El control se realizará mediante 19 cámaras con inteligencia artificial, drones, patrullaje policial y municipal, y un sistema de alertas por mensajes de texto y altavoces. Si el conteo supera el 90 % del límite (≈ 35 873 personas), se emitirá una alerta preventiva, y al llegar al tope, se bloquearán los 15 accesos principales, aunque las salidas se mantendrán abiertas.
Mientras los políticos debaten entre estrategias de campaña, las calles se siguen llenando y la autoridad municipal se diluye. Los ambulantes, empujados por la crisis y la falta de oportunidades, encuentran en las veredas su único ingreso posible. Los comerciantes formales, por su parte, sienten que se enfrentan a un sistema que los castiga por cumplir la ley.
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