Exministro José Luis Pérez Guadalupe sobre el estado de emergencia: “Si no hay inteligencia y planificación, será un show de 1 mes”

Las balas perdidas, los buses atacados, los asesinatos por encargo y el cobro de cupos se han vuelto parte del día a día en el país. Mientras los deudos enfrentan el dolor y las víctimas quedan en el olvido, crece el temor entre los ciudadanos de convertirse en la próxima víctima. La delincuencia atraviesa uno de sus momentos más críticos. De acuerdo con el informe de IPSOS What Worries the World (julio de 2025), el crimen y la violencia son las principales preocupaciones del 64% de los peruanos, la cifra más alta entre los 30 países evaluados.

En ese contexto, el exministro del Interior y miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (UP), José Luis Pérez Guadalupe, advierte que la fragmentación entre las instituciones es el mayor obstáculo para enfrentar la criminalidad. “Un país dividido en sus tres poderes del Estado no tiene viabilidad. Y es lo que vemos en este momento con las leyes pro crimen que ha dado el Legislativo. Tiene su contraparte, el Poder Judicial, que ha rechazado todas esas leyes. Y el Ejecutivo que está ahí, en el medio, aunque actúa más en paralelo con los congresistas”, señala. Según indica, no existe una 'receta' para combatir el crimen, pero sí arroja luces sobre algunos cambios urgentes.

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Estado de emergencia: ¿medida eficaz?

— Sobre la coyuntura del estado de emergencia y las restricciones que se han derivado de ello. ¿Hay un porqué? Estamos viendo la prohibición de dos personas en motocicletas, el apagón en los centros penitenciarios, los operativos y mayor presencia policial. Según su visión, ¿qué es lo que se intenta lograr con esta medida nuevamente?

— Si no hay inteligencia y planificación de por medio, va a ser un show de 1 mes. Y después, los resultados no serán palpables o simplemente se van a sombrear los delincuentes. Hay que pensar en el día siguiente. La fuerza del orden también se desgasta. Tú los puedes tener a todo ritmo 30 días y después, ¿qué? Volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, tienen que ser medidas planificadas que se puedan mantener en el tiempo, a mediano y largo plazo. Entonces, el estado de emergencia es una medida extraordinaria que, puede cumplir su función y ser efectiva, cuando se plantea bien. Con un discurso de 45 segundos, no podemos saber del encargado de Gobierno si está o no está bien planificado. No hemos visto en la práctica más que show. Vamos a ver si eso se mantiene.

— Y dentro de este estado de emergencia, ¿existe alguna medida que usted sí considere razonable o que sí ve viable a largo plazo?

— No existe la receta, no existe la pócima. No existe la regla de oro o el superministro. Es un conjunto de medidas. Por ejemplo, el tema de las motos, ¿se tiene que regular? Sí, claro que se tiene que regular, pero es porque el tránsito es un desastre y, si tú quieres perseguir a alguien que roba, no lo vas a poder conseguir porque está todo atorado. Hay una serie de medidas que se tienen que hacer, pero en conjunto. Y que sepan comunicar a la población que no existe la medida que va a solucionar el 'raqueteo', o el sicariato. Pero en todo tiene que haber inteligencia y planificación. Si no hay eso, lo demás es puro humo, pura foto.

— ¿Y sobre la presencia policial en las calles?

— Las Fuerzas Armadas tienen que intervenir de manera racional, no militarizar el país. Tiene que colaborar con la policía. Ahora, el próximo Congreso, vienen senadores, y se necesitarán el doble de efectivos para cuidarlos. No tiene sentido. Se malgasta el recurso, el escaso recurso policial. La gente pide más policías, pero no hay de dónde sacar, se dan de baja o muchos terminan en la cárcel. Cada gobierno quiere sacar a los agentes de las academias prematuramente, y salen mal formados. Mira lo que sucedió en la marcha del 15 de octubre. Un suboficial de tercera que dispara cuando ya no hay ningún peligro para su vida. Sale corriendo porque lo reconocen, y, media cuadra más allá, dispara. Eso no es profesionalismo, para nada.

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¿Existe una solución para el crimen?

— En el estudio “Seguridad ciudadana y política criminal del Estado”, usted advierte que la mayor debilidad del Estado frente a la inseguridad es la fragmentación entre sus tres poderes. ¿Qué medidas deberían impulsarse para lograr el ‘Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana’ que propone?

— Un país dividido en sus tres poderes del Estado no tiene viabilidad. Es lo que vemos con las leyes pro crimen que ha dado el Legislativo. Tiene su contraparte, el Poder Judicial, que las ha rechazado y ha hecho propuestas para cambiarlas y modificarlas. Hay una gran división. Y el Ejecutivo está ahí en el medio, pero actúa más en paralelo con los congresistas, al menos el gobierno de Dina Boluarte. El nuevo, no sabemos, pero ya que Jerí votó a favor de esas leyes, no creo que él mismo se atreva a plantear su derogación. Si no hay una coordinación entre las autoridades, es bien difícil que la cosa prospere. Si antes lo era, porque a veces nuestro Código Penal y Código Procesal Penal es muy garantista; ahora, con estas leyes, peor. En nuestra propuesta, están todas las leyes que sugerimos se revisen y se deroguen.

— En el informe se menciona que hemos tenido 16 ministros del Interior y 6 comandantes generales de la PNP en solo cuatro años. ¿Cómo afecta esta inestabilidad la capacidad operativa y moral de la Policía, y qué tipo de reforma institucional sería prioritaria para revertirlo?

— Afecta grandemente. Creo que nunca antes hemos visto tantos policías capturados, detenidos e involucrados en el crimen organizado. Y eso es porque nadie controla: cambian con criterio político a las cabezas y en una institución jerarquizada, como es la policía, la cabeza es fundamental. Entonces vemos las consecuencias. Ahora, estamos en un gobierno de transición, que tiene que preparar las grandes reformas a futuro. No se trata de refundar a la policía o al INPE, porque ya sabemos en qué acaba. Es sobre potenciarlas. Hace 10 años que no se inaugura un penal en el Perú. ¿Y quieres que sea una maravilla? Del 2011 al 2016, inauguramos 10 penales. Ahora, la pregunta es ¿cómo lo hicieron? Por una razón, hubo solo dos ministros de economía y dos presidentes del INPE. Ambos sucesores eran los vicepresidentes, con continuidad durante cinco años se pudo trabajar. En cambio, ahora lo que menos tenemos es predictibilidad. Este gobierno tiene que estabilizar y proponer cosas para que las ejecute el próximo. Porque en este, es imposible, está de salida.

— Usted señala que varias leyes recientes, como la 32108 y la 32138, han debilitado la lucha contra el crimen organizado. ¿Cuál debería ser la primera corrección legislativa urgente para recuperar eficacia en la persecución penal sin vulnerar derechos fundamentales?

— La derogación de ocho leyes, concretamente. Pero para no hacer esto que algo pueda ser subjetivo, lo que estamos sugiriendo es que se convoque al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la policía, que son los operadores de justicia. Los que van a realizar en verdad esto y que se les pregunte, "Señores, ¿ustedes que son los que van están aplicando las leyes? ¿Cuáles son sus observaciones y su propuesta para cambiar o derogar las leyes que se han dado?" Lanzamos una sugerencia de leyes, pero es una convocatoria para que ellos decidan. ¿Qué leyes no funciona? ¿Qué leyes están obstaculizando la lucha contra la criminalidad? Así de claro.

— También plantea que el Perú no necesita megacárceles tipo ‘CECOT’, sino una gestión basada en conocimiento criminológico e inteligencia penitenciaria. ¿Qué riesgos implicaría adoptar modelos como el de El Salvador, y cuál sería la verdadera prioridad del sistema penitenciario peruano?

— En el modelo Bukele, puede haber un arquetipo de seguridad ciudadana, pero no hay un modelo penitenciario. Porque lo que tienen es una cárcel para 40.000 presos que nunca se llenó, es un zoológico de personas. En Perú, un gran problema del sistema penitenciario es el hacinamiento. Eso se trabaja con los años, no se construye un penal de la noche a la mañana. Pero sí hay una cosa más inmediata: un shock de inversiones en equipamiento de la policía. Eso para comenzar inmediatamente. Segundo, se debe hacer una revisión de los medios de seguridad de todos los penales. La infraestructura penitenciaria está abandonada. Tercero, reabrir la escuela penitenciaria cuanto antes. Tienen que salir 1000 empleados por año, mínimo. Recién al inaugurarse los penales se podrán hacer cosas de profundidad, como cárceles productivas. Un punto que nunca hay que descuidar es el tema de corrupción dentro del dentro del mismo sistema penitenciario.

— Ante el avance de las economías ilegales (oro, droga, extorsión) usted advierte un ‘socavamiento de la gobernabilidad democrática’. ¿Cómo puede el Estado recuperar el control de los territorios dominados por el crimen sin caer en salidas militarizadas o populistas?

— Yo creo que sí se puede. Básicamente tres cosas: inteligencia, inteligencia e inteligencia. Y depende de qué aspecto: sicariato, extorsión, raqueteo, robo al paso, narcotráfico. Tiene que haber medidas diferenciadas para problemas diferenciados de todo un gran fenómeno que es la inseguridad ciudadana. Pero hay que ser muy inteligente, visitar los penales y y hacer requisas. ¿Qué cosa están sacando ahí? Celulares. El presidente hizo que tomen eso para el show. ¿Qué resultados hay? Que hagan un apagón telefónico en todos los penales de un mes. Que lo hagan, y que digan al final cuánto se ha reducido las las extorsiones. Se va a reducir, sí, pero, ¿qué porcentaje? Porque ahora han tomado como chivo expiatorio los penales. Corten las comunicaciones y las visitas por un mes, a ver cuánto baja la extorsión. El gran problema está en la calle, no en la cárcel. Al menos, no es el punto focal, en mi opinión.

— Por último, ¿existe algo que nosotros, los ciudadanos, podamos hacer ante la ola de inseguridad, ante la inacción de las autoridades? ¿O estamos totalmente indefensos?

— Hay una cosa que dijo el congresista José Cueto que suena absurda, pero que en este momento, frente a tu pregunta, tiene sentido. “Pónganse chaleco antibalas y polaricen (ponerle protección a la luna) sus carros”. Con esa cuenta, dijo que cada uno se cuide como sea. Bueno, parece que estamos en ese nivel, ya que el Congreso da leyes en favor del crimen organizado y el Ejecutivo, es poco probable que haga unos grandes cambios. Es un gobierno de 9 meses que nace ilegitimado por la figura misma del encargado del gobierno. Y, además, por aquellos partidos que lo han aupado. Entonces, la coyuntura no ayuda. ¿Qué podemos hacer? Protegernos y esperemos votar mejor en abril del próximo año, para que el Estado, el nuevo gobierno, asuma la seguridad ciudadana para todos los peruanos.

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