Ratifican sentencia por asesinato de líderes indígenas en Saweto, pero madereros ilegales siguen prófugos

Luego de una década de espera, la justicia finalmente se hizo presente en la Amazonía peruana. El último 25 de agosto, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificó la condena de 28 años y 3 meses de prisión efectiva contra los madereros ilegales Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta, y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix. Ellos fueron declarados culpables de los asesinatos de Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Francisco Pinedo Ramírez y Jorge Ríos Pérez, líderes ashéninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto que se oponían a la tala ilegal en su territorio.

Por años, Chota, líder de la comunidad, denunció la presencia de la explotación maderera en su territorio e intentó conseguir la titulación de casi 80,000 hectáreas, para contener la expansión de dicha actividad extractiva. Si bien Saweto nunca volverá a ser el mismo, las familias mantienen la esperanza que no todo quede únicamente en el papel. “Después de once años de dolor y espera, hoy sentimos que se ha avanzado para lograr justicia. Ahora esperamos que los sentenciados cumplan la condena", declaró luego de conocer la sentencia Ergilia Rengifo López, viuda de Jorge Ríos.

Durante la lectura de sentencia, se expusieron tanto los argumentos de la defensa como el de los cuatro asesinos, quienes hasta el momento continúan prófugos, pese a contar con orden de captura. Dos de ellos, los hermanos Atachi, coautores del crimen, no estuvieron presentes en la lectura de la sentencia. En tanto, Estrada y Soria, autores mediatos, asistieron de forma virtual.

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La versión del testigo protegido y el quinto implicado

Sumado a la ratificación, la sala conformada por los magistrados Robin Barreda Rojas, Marco Santa Cruz Urbina y Jonathan Basagoitia Cárdenas también determinó que debido a la naturaleza del delito de homicidio calificado por alevosía y por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las viudas, mujeres de lengua y etnia ashéninka, el aumento de la reparación civil, de s/50 mil a S/100 mil a favor de las familias de cada uno de los líderes asesinados.

En la sentencia se expuso las declaraciones de un testigo protegido que presenció los hechos. Este contó que los hermanos Atachi, José Estrada, Hugo Soria y Eurico Mapes se reían de los insultos que este último hacía contra de Edwin Chota en un local de Putaya. El asesinado líder ashéninka había llegado a un bar, cuyo dueño era Tomás Guerrero, para realizar una llamada telefónica.

"Este csm yo lo mato, decía [...] Indicaban que iban a agarrarle (a Chota), que era un soplón, un bocón [...] Salieron a agarrarle cuando él estaba marcando un teléfono. Entonces le han ahorcado, le han golpeado contra el teléfono [...] Luego, dentro del local, el señor José Estrada se levantó con su arma, salieron todos y le dijeron (a Chota) que lo iban a matar donde sea [...] que los tenía hartos porque denunciaba lo que defendía: el bosque, la naturaleza. Tomás les dijo que arreglen sus problemas afuera", narró una de las juezas durante la lectura de sentencia en segunda instancia.

Se dejó constancia de la acciones de José Estrada para acabar con la vida de Edwin Chota. "Si ustedes me traen su cabeza como charola de plata, yo les pago". Fueron Eurico y Josimar junto Segundo Atachi quienes respondieron que ellos se harían cargo del trabajo. Ante ello Hugo Soria señaló: "Ojalá que no le escapen porque él me ha hecho decomisar la madera que tenía en el aserradero Forza Nuova".

Fue el 2 de septiembre del 2014 cuando los propios asesinos confirmaron a José Estrada la muerte de los líderes. “Dijeron que los habían agarrado en un 'tambito' llamado 'media luna', cuando estaban comiendo, y que no tuvieron opción de escapar. Que los habían torturado, incluso violado porque ellos no se podían defender”. Ese mismo día, relató el testigo, se realizó una celebración “con bastante cerveza helada”, recordó.

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Poder Judicial confirma tesis fiscal

La tesis fiscal afirmó que, desde abril del 2013, Chota Valera, jefe de la comunidad, denunció ante la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali la presencia de más de 800 trozas de madera extraídas ilícitamente. Estas pertenecerían a los hermanos Atachi Félix, Eurico Mapes Gómez —ciudadano brasileño declarado reo contumaz por su implicancia en el crimen — y un tercero identificado como Walter Ponce, quien no ha sido acusado de ser parte del crimen.

Las denuncias dieron lugar a diligencias del Ministerio Público, que halló 986 trozas de madera de diferentes especies vinculadas a la empresa ECOFUSAC. Durante esas intervenciones, tanto Edwin Chota como otros dirigentes de Saweto denunciaron que recibían amenazas de muerte por parte de Hugo Soria Flores y sus familiares. Paralelamente, la compañía y el propio Soria interpusieron denuncias penales contra comuneros de Saweto, acusándolos de homicidio, narcotráfico, entre otros delitos.

En agosto de 2014, Edwin Chota, junto con Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos, emprendieron un viaje hacia la comunidad indígena de Apiwtxa (Brasil) para abordar la problemática de la tala ilegal. Días después, fueron emboscados por los hermanos Atachi Félix y Eurico Mapes, por encargo de José Estrada Huayta y Hugo Soria Flores. En reiteradas denuncias, Chota ya había señalado a Mapes y a los Atachi como los principales depredadores del bosque.

El Colegiado señaló que el delito de homicidio calificado con alevosía, por el cual se dictó sentencia, contempla penas privativas de libertad no menores de 15 ni mayores de 35 años. Por ello, la solicitud de incrementar la condena de 28 a 35 años no prosperó. Además, declararon infundados los recursos presentados por los abogados de los sentenciados, como aquel que alegaba que una de las firmas consignadas en la audiencia de primera instancia, sobre el testigo protegido, era falsa.

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Historias detrás del juicio: asesinos se encuentran prófugos

Julia Pérez estaba embarazada cuando asesinaron a su esposo Edwin Chota. Tras conocerse la sentencia en primera instancia, en abril del 2024, la presidenta Dina Boluarte se reunió con ella y dos las viudas en Lima. Prometió actualizar el Plan de Acción Saweto, una serie de programas y medidas que comprometían a once ministerios para atender las necesidades de la comunidad. Dicha promesa nunca se cumplió. "Nos duele, el Estado nunca nos hizo caso, por su culpa también fallecieron los líderes de Saweto”, lamentó Pérez en ese momento.

Para las familias del Caso Saweto, la lucha contra la impunidad ha sido tormentosa. Tras el crimen, su comunidad nunca volvió a ser la misma. Prueba de ello es el testimonio de Lina Ruiz, hijastra de Francisco Pineda, quien sabe que pese a que los asesinos terminen en prisión, ella y sus hermanos no podrían regresar al lugar donde crecieron. "Allí están sus familias y pueden vengarse de nosotros”, argumentó en referencia a los sentenciados.

Lina es hija de Adelina Vargas, quien falleció en 2022 sin recibir apoyo del Estado. Tras su muerte, sus tres hermanos dejaron de estudiar y ella asumió el rol de madre, además de convertirse en la representante de su familia. Relata que, aunque Pinedo no era su padre biológico, la crio desde muy pequeña y le inculcó el valor por la tierra y el bosque.

Su historia no ha sido la única. Lita Rojas ha perdido a su esposo e hijos. La viuda de Leoncio Quintisima no recuerda las innumerables veces que tuvo que cruzar los ríos Tamaya Putaya y Ucayali para llegar desde Saweto hasta Pucallpa, y participar en el juicio. No obstante, hay una fecha en particular de la que nunca podrá olvidarse. Fue el 7 de junio de este año, cuando su hijo de doce años falleció a causa de una neumonía que no logró tratarse a tiempo. Cuatro años antes ya había perdido a su otro hijo, de 22 años. “A veces quiero regresar a mi comunidad, pero cuando pierdes a tus hijos da mucha pena ver el lugar donde has vivido con ellos”, confiesa

En diálogo con La República, Rocío Trujillo, parte de la defensa legal de las agraviadas del caso, advirtió que, pese a que la sentencia reconoce a las víctimas como líderes indígenas y defensores del bosque, hasta el momento los sentenciados siguen prófugos y ninguno ha sido capturado, lo que “se ha convertido en una preocupación para las hermanas [en referencia a las viudas del caso]”. En tanto, apenas sean notificados, los abogados de los sentenciados tiene 10 días para presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema. Hecho que no implicaría un nuevo juicio.

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