Gobierno de Boluarte frena ley que penaliza venta ambulatoria y activación ilegal de chips de celulares

Pese a las innumerables denuncias de extorsiones y estafas a través de llamadas telefónicas, el Gobierno de Dina Boluarte decidió observar la autógrafa de ley que establece penalizar tanto la venta ambulatoria como la activación y posesión ilegal de chips de celulares en todo el Perú. Esta propuesta había sido aprobada por el Pleno del Congreso en abril último.

La iniciativa, en su primer artículo, establecía que quien “mediante sistemas informáticos u otro mecanismo, active una tarjeta SIM o una línea de servicio móvil en la plataforma de abonados de una empresa operadora sin el consentimiento del titular, o cuando la información proporcionada del titular sea falsa, será castigado con una pena no menor de cuatro ni mayor de ocho años de cárcel".

En su segundo artículo señalaba que quien provea, comercialice o facilite la adquisición de una tarjeta SIM u otro medio activado ilegalmente será castigado con una pena no menor de cinco ni mayor de nueve años de prisión.

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Asimismo, en su tercer artículo disponía que quien “ofrezca, promocione, comercialice o realice contrataciones de servicios públicos móviles de forma ambulatoria, salvo aquellos casos que la norma lo autorice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con una sanción de 365 a 730 días multa”.

Para todos estos castigos se propuso modificaciones de artículos de la Ley de Delitos Informáticos y del Código Penal, incluyendo la incorporación de un artículo de este último.

Cuestionada postura del Ejecutivo

Pues bien, sobre la posesión ilegal de chips, el Gobierno de Dina Boluarte observó la propuesta porque le parece que podría afectar a las personas que usen estos dispositivos sin que tengan la finalidad de facilitar o favorecer delitos.

"Se sancionaría al agente sin que tenga la voluntad de cometer una actividad criminal o, incluso, sin que tenga conocimiento del origen ilícito de la tarejta SIM (chip)", respondió el Ejecutivo tras señalar que se podría afectar el principio de culpabilidad, la prohibición de responsabilidad objetiva y el principio de mínima intervención del derecho penal.

En el caso de la comercialización ilegal de los chips, el Gobierno indicó que se debe tomar en cuenta que hoy la Ley n° 31839 ya prohíbe y sanciona administrativamente la venta no autorizada de servicios públicos móviles. Además, reiteró que resulta contraria al principio de mínima intervención.

"La respuesta del Estado frente al comercio informal no es la persecución penal sino la promoción de la formalización y la imposición de sanciones administrativas, usualmente de naturaleza económica", precisó.

En ese sentido, mediante un informe de Osiptel, explicó que entre el 2020 y 2024, han quedado firmes más de 65 millones de soles en multas impuestas como acciones de fiscalización frente a la venta ambulatoria de chips de celulares.

"Por tanto, trasladar la prohibición y sanción reguladas en sede administrativa al ámbito penal no encuentra justificación, dado que no se han demostrado que las medidas adoptadas sean insuficientes para desincentivar la comercialización ilegal de servicios móviles ni que su elevación a la categoría de delito sea idónea para controlar el problema", sustentó el Gobierno, por lo que ahora la propuesta ha vuelto a las comisiones de Justicia y Defensa del Consumidor .

Exministro lamenta postura

Al respecto, el exministro del Interior, Rubén Vargas, enfatizó que este es un acto criminal. "Más de 5 millones de personas están siendo extorsionadas, ¿y el Gobierno ha observado la ley que sancionaba la venta ambulatoria de chips de celular?", cuestionó.

Agregó que los extorsionadores han encontrado en la comercialización callejera de chips una forma muy sencilla de operar por llamadas. “Esto sucede pese a las multas de Osiptel y las estrategias de la PNP. Y es indignante que algunos ejecutivos de las operadores digan que la prohibición de esta venta perjudica su cuota de mercado”, expresó.

Vargas concluyó que se necesita también del apoyo del Poder Judicial y la Fiscalía.

En tanto, el presidente ejecutivo de Osiptel, Rafael Muente, señaló que falta voluntad política del Ministerio del Interior y la Fiscalía para fiscalizar la venta callejera de chips. “Pese a que está prohibida por ley, sigue ocurriendo y eso permite que delincuentes tengan una línea móvil”, dijo en marzo.

Desde abril se empezó el bloqueo progresivo de 300.000 líneas invalidas. ¿Será suficiente?