Derrame de petróleo en Alto Pastaza deja 11 muertos en los últimos meses: comunidad Achuar denuncia crisis sanitaria

“A nosotros, los indígenas, nos quieren acabar. El Estado nos quiere matar”, sentencia con firmeza el apu Jacob Espinar, presidente de la Federación Indígena Achuar del Alto Pastaza (FIAAP), organización que representa a ocho comunidades ubicadas en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto. Él ha tenido que desplazarse hasta Lima desde su distrito natal por una sola razón: exigir atención urgente ante los casos de intoxicación por petróleo que afectan a los pueblos indígenas, especialmente a los niños achuares.

El 3 de octubre de 2024, cerca de 40 barriles de hidrocarburo, provenientes del Oleoducto Norperuano administrado por Petroperú, contaminaron el río Pastaza, en el distrito de Andoas. Han transcurrido siete meses desde aquel derrame, y las consecuencias de consumir, bañarse y cocinar con agua contaminada han sido devastadoras: 11 personas han fallecido —seis menores y cinco adultos—. La víctima más reciente fue Esmi Butuna Zúñiga, una niña de 10 años, quien presentó un cuadro de intoxicación por exposición a metales pesados en territorio indígena.

“Los alimentos, como el plátano o la yuca, y las cochas de los lagos, están contaminadas. El petróleo ha ingresado por todos lados. Los peces también están afectados. Necesitamos remediación ambiental urgente. Todo esto está dañando nuestra salud. Sufrimos dolores estomacales, ronchas en la piel y diarreas”, relata Espinar.

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Dos derrames de petróleo: 11 víctimas mortales

El apu ha denunciado que, desde 2018, el pueblo ha sido afectado por al menos dos derrames de petróleo en territorio achuar. Su rechazo a la actividad petrolera no responde únicamente a motivos culturales, sino a una lucha por la supervivencia. Para las comunidades, el impacto de los hidrocarburos en sus bosques no ha traído mejoras en su calidad de vida. Por el contrario, sus impactos negativos se reflejan, entre otros aspectos, en la precariedad del sistema de salud.

El fallecimiento de Esmi, una niña de 11 años, es el caso más reciente. La menor fue trasladada por vía fluvial desde la comunidad nativa de Siwin hasta el Centro de Salud I-4 de San Lorenzo, en la provincia de Datem del Marañón, Loreto. Sin embargo, no resistió el viaje. Según denuncian los comuneros, los establecimientos de salud en la zona carecen de presupuesto, medicamentos y personal médico. A pesar de ello, el Ministerio de Salud (Minsa) no ha asumido la atención de la emergencia.

“No tenemos ni bote ni motor. En la ciudad hay ambulancias terrestres, pero acá lo que necesitamos son ambulancias acuáticas. Muchas personas se enferman y no pueden salir a Andoas”, relata el apu Espinar. “Son cuatro horas de trayecto. Imagínate, no se puede llevar a una persona enferma así. La niña fallecida murió en el camino, porque la trasladaban en un bote a motor para llegar en tres días a San Lorenzo”.

Tal como denuncian las comunidades, hasta la fecha, Petroperú —empresa estatal operadora del Oleoducto Norperuano (ONP)— continúa sin cumplir con las obligaciones de remediación y rehabilitación ambiental en las zonas contaminadas, y lo hace sin garantizar la participación efectiva de los pueblos afectados. Esta falta de respuesta ha profundizado la desconfianza de la Nación Achuar, que teme un agravamiento de la crisis ambiental y sanitaria. La República intentó comunicarse con el área de prensa de Petroperú para obtener declaraciones. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

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La necesidad de visitar Lima para ser atendidos

Durante la primera semana de mayo, las ocho comunidades que conforman la FIAAP —Aimentsa, Wuararay, Buena Vista, Huagramona, Naranjal, Siwin, Nueva Vida y Kurintsa— le encomendaron una misión a su líder: viajar a Lima para que sus reclamos sean escuchados. Para los pueblos indígenas, acudir a la capital es una de las últimas vías antes de aplicar medidas de fuerza, como el bloqueo de carreteras o la toma de estaciones petroleras. Esta decisión responde al incumplimiento del Estado en garantizar derechos fundamentales, como el acceso a recursos básicos y la protección de los territorios originarios.

A siete meses del derrame ocurrido en el kilómetro 12 del Oleoducto Norperuano, la respuesta de Petroperú ha sido nula. Por ello, el pasado 9 de mayo, representantes de la organización Cuencas Sagradas, el apu Jacob Espinar y funcionarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sostuvieron una reunión en la que se acordó instalar una mesa multisectorial, convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), del 26 al 30 de mayo, con el fin de dialogar con las comunidades y encontrar soluciones concretas ante la emergencia sanitaria que atraviesa Alto Pastaza.

Sin embargo, la ausencia de Petroperú en dicho encuentro genera gran preocupación entre los dirigentes indígenas. A ello se suma que, actualmente, la empresa estatal promueve una convocatoria pública para que empresas petroleras participen como contratistas-operadores del Lote 192, el cual ha generado impactos en 69 zonas, según registros del Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe).

“No queremos que Petroperú continúe reactivando el petróleo. No más. Son metales pesados que están dañando nuestros cuerpos. Exigimos atención médica inmediata y acceso a agua segura. Si no responden a nuestras demandas, cerraremos el río Pastaza, por donde transitan las embarcaciones de Petroperú. Si esto hubiera ocurrido en Lima, ya se habría solucionado todo”, advierte Espinar.

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