Pataz: implementan medidas de control y fiscalización de insumos, maquinarias y oro
Habrá puestos de control en puntos claves, se revocará el Reinfo en caso se detecten inconsistencias y cada vehículo estará obligado a instalar GPS. Gobierno implementa estas y otras medidas con una inversión superior a los S/ 52 millones.
La República en GoogleEl gobierno está tomando medidas para fiscalizar la minería ilegal en Pataz (La Libertad), incluyendo puestos de control obligatorio en puntos claves y la implementación de GPS en unidades de carga como estratégias para combatir la explotación no autorizada de oro. Esto busca reducir el impacto ambiental y social causado por las mafias, así como combatir la financiación de bandas criminales que operan en la zona.
Así se ha ordenado un control minucioso de maquinaria utilizada en minería ilegal y se está implementando otras medidas para fiscalizar el paso en áreas, donde la actividad minera no autorizada ha causado un daño significativo.
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“Se están implementando estrategias que incluyen el fortalecimiento de la vigilancia y el control de las zonas, la utilización de tecnologías y el monitoreo satelital para una detección más eficiente de las actividades ilegales”, aseguró un vocero del Ministerio del Interior.
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Esto fue revelado luego de que el gobierno aprobara hoy el Decreto de Urgencia n.° 006-2025, con el objetivo de establecer medidas extraordinarias y urgentes para fortalecer la lucha contra la minería ilegal en Pataz.
La medida entra en vigencia desde el 11 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2025, y dispone una intervención integral del Estado en la zona, mediante acciones de fiscalización, control y trazabilidad sobre el transporte y comercialización de insumos químicos, explosivos, maquinaria, equipos y productos mineros vinculados a la minería ilegal.
CONTROL EN PUNTOS CLAVES
Entre las medidas adoptadas, se implementarán puestos de control obligatorios en puntos estratégicos como Shicun, Calquiche y Pamparacra, así como rutas fiscales obligatorias, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
De este modo se podrá asegurar el seguimiento y la legalidad de las actividades vinculadas a la pequeña minería y minería artesanal.
Para estas acciones, se ha autorizado una transferencia presupuestal de S/ 52 millones 554 mil 889 millones, que permitirá financiar el funcionamiento de estos puntos de control, el despliegue operativo, y el fortalecimiento de capacidades en instituciones clave como la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Energía y Minas, y entidades especializadas como Sucamec, Sutran y Sunat.
REVOCACIÓN DEL REINFO Y TECNOLOGÍA
El dispositivo legal establece, además, la revocación automática del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en los casos en que se detecten inconsistencias entre la información declarada y los bienes transportados, o cuando el origen del mineral no sea congruente con lo reportado.
Como parte del enfoque preventivo y de control, el Ministerio de Energía y Minas pondrá en marcha un sistema piloto de trazabilidad del oro mediante el aplicativo digital “QORI”, que permitirá registrar el recorrido del mineral desde su origen hasta su destino final.
Los comercializadores autorizados estarán obligados a reportar cada transacción.
GPS EN TODOS LOS VEHÍCULOS
En paralelo, todos los vehículos de carga que circulen por rutas fiscales deberán contar con sistemas GPS activos, cuyos datos serán fiscalizados en tiempo real por la Sutran y la Sunat. El incumplimiento será sancionado con multas de hasta 1 UIT y la suspensión vehicular por 60 días.
Asimismo, se autoriza la contratación excepcional de fiscales y personal técnico, así como medidas especiales para fortalecer la gestión penitenciaria, en respuesta al incremento de detenciones vinculadas a la minería ilegal y al crimen organizado.
Esta intervención será supervisada por las entidades competentes, bajo principios de legalidad, transparencia y responsabilidad funcional, reafirmando el compromiso del Estado -a través del Ministerio del Interior y sus organismos operativos- con el restablecimiento del orden y la paz en la zona altoandina de La Libertad.
