Ejecutivo da luz verde a ley que permite a Inpe y PNP revisar celulares incautados en penales
Esta medida, impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, busca frenar la incidencia de delitos como la extorsión, el sicariato, el secuestro, entre otros que se perpetúan desde los penales.
La República en GoogleEn su última sesión, el Consejo de Ministros dio luz verde a un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), que autoriza a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a los agentes del INPE a revisar, directamente en los penales, el contenido de los celulares incautados durante las intervenciones.
La medida tiene como objetivo reforzar las labores de inteligencia y mejorar la capacidad de respuesta ante delitos que se planifican desde los centros penitenciarios, como la extorsión, el sicariato y el secuestro.
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Para ello, se modifica el Nuevo Código Procesal Penal, permitiendo a la PNP acceder a los dispositivos con autorización del fiscal en casos de flagrancia y cuando se busque esclarecer un delito. La intervención se realizará en el mismo penal donde fue hallado el celular.
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Además, se incorpora el artículo 37-C al Código de Ejecución Penal, el cual establece que todo procedimiento deberá regirse por un protocolo oficial y garantizar la confidencialidad de las investigaciones.
El proyecto forma parte de la estrategia para hacer frente a la emergencia del sistema penitenciario y se alinea con los lineamientos de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 y el plan de reestructuración del INPE.
La intervención se realizará en el mismo penal donde fue hallado el celular.
Privatización de seguridad en penales
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, informó que el gobierno de Dina Boluarte implementará la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios gestionados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La medida, que será oficializada en los próximos días, responde a la reciente fuga de un reo del penal de Lurigancho, lo que evidenció las deficiencias en el control en el país.
Asimismo, indicó que, debido a las falencias detectadas en el sistema penitenciario, y en base a un decreto legislativo emitido hace más de 10 años, el Ejecutivo retomará una propuesta pendiente: permitir que el control de ingreso a los penales sea gestionado por el sector privado. “Vamos a poner en valor esta iniciativa y en los próximos días se aprobará un decreto de urgencia que abrirá la puerta a la inversión privada”, afirmó.
El titular de justicia aclaró que la responsabilidad sobre la gestión y custodia de los internos seguirá a cargo del Estado. Lo que se trasladará al sector privado será la vigilancia de los accesos y salidas de los establecimientos penitenciarios.
“Primero los penales más problemas y riesgos para que pueda la empresa privada hacer control, tanto de ingreso y de salida de todas las personas. Como el INPE no lo puede hacer y hemos estado más de 10 años en que no funcionan los bodyscans, el sistema de rayos X. Vamos a poner también en valor. En los próximos días estaremos firmando por el cual esta actividad va a formar parte de un concurso público para que la actividad pueda apoyarnos en este trabajo”, explicó.
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El titular de Justicia precisó que la empresa privada estará a cargo del control del ingreso y salida de los penales. Foto: LR
Fuga de preso de penal Lurigancho
La noche del lunes, el recluso John Kennedy Javier Sebastian, ciudadano extranjero detenido por el robo a un minimarket en el distrito de Lince en 2023, logró escapar del penal de Lurigancho. El hecho fue registrado en video y alertado por vecinos de la zona.
En las imágenes se aprecia cómo un hombre escaló la estructura externa del penal y saltó hacia la vía pública, sin que el personal de vigilancia lograra interceptarlo a tiempo.
Tras la fuga, la Policía Nacional y agentes del INPE desplegaron un operativo en los alrededores del establecimiento con el objetivo de localizar al prófugo.
