Casi 3.000 obras valorizadas en 27.000 millones de soles están paralizadas, según la Contraloría
Según último informe de la Contraloría General de la República. Especialista pide cambios en el marco normativo para cerrar clamorosa brecha en infraestructura de salud, educación, transporte y saneamiento que existe en el país.
El 'Reporte de obras paralizadas en el territorio nacional' de enero del presente año, elaborado por la Contraloría General de la República, da cuenta que 2.298 obras, por un monto de inversión superior a los S/26.992 millones, se encuentran paralizadas en nuestro país.
El mayor número de obras paralizadas corresponde a entidades a nivel de Gobierno Local con 1.714 obras paralizadas por S/7.165 millones; seguido de entidades pertenecientes al Gobierno nacional con 361 obras, con monto de inversión de S/ 9.984 millones; en tanto que las entidades a nivel de Gobierno regional cuentan con 223 obras, cuyo monto de inversión asciende a S/10.142 millones.
Frente a la lentitud de inversiones en obras públicas como la construcción de hospitales, colegios, puentes, carreteras y servicios básicos de agua y desagüe, el presidente de la Asociación Peruana de Consultoría (APC), ing. Elías Tapia, demandó con urgencia cambios puntuales del marco normativo que regula las inversiones en obras para cerrar la clamorosa brecha en infraestructura de salud, educación, transporte y saneamiento que existe actualmente en el país.
Deficiencias
Explicó que la deficiencia en las normas, que origina diseños o expedientes técnicos de obras deficientes, ha causado —en parte— la paralización de las 2.298 obras por un monto.
En el conversatorio Cambios normativos en consultoría, organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú, en San Isidro, Tapia Julca sostuvo que se viene promoviendo dichos cambios, tanto a nivel del Ejecutivo como del Legislativo, en el marco del proyecto de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado que se viene trabajando en el Congreso de la República.
Mencionó que entre los problemas que afectan la celeridad en las obras que realiza el sector público, se encuentran los bajos costos de los estudios de preinversión, que genera “estudios deficientes” al permitir ofertas económicas menores al 90%, que llegan, incluso, a bajar hasta el 55%.
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Añadió que otro obstáculo es el deficiente sistema de entregables y bajo costo de ejecución contractual de los estudios definitivos, que termina por generar sobrecostos al consultor y demoras de hasta 4 años en la revisión y aprobación del proyecto, lo cual ocasiona el descontento de la población.
“Mientras en Latinoamérica los estudios definitivos de ingeniería oscilan entre un 3% y 6 % (el mínimo es 3%); en Perú es de 0,51% o 0,85%. Eso, sumado a los bajos costos en estudios de preinversión, acarrea que el proyecto no nazca bien; y que todos los errores se trasladan a la etapa de la ejecución de la obra”, indicó tras proponer un costo mínimo del 3% cuando sea de ingeniería, y del 5% como mínimo cuando haya estudios conexos.
Conflictos
El experto en temas de construcción mencionó que otra dificultad es la conflictividad que hay en la ejecución contractual de obras que se genera por la baja del 10% en la que todos están obligados a ofertar si se quiere ganar la buena pro, sumado a que también se considera penalidades hasta del 20%, lo cual es desproporcionado. “Este es un sistema leonino que no causa ningún beneficio al país; por el contrario, causa conflictividad", enfatizó.
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En tal sentido, propuso retomar algunos artículos de la Ley General de Consultoría y el Reglamento General de Actividades de Consultoría vigente hasta 1998, en la que la multa máxima era del 5% y la buena pro no se ganaba por la baja económica sino por méritos. "Con esa normativa no se tuvo ningún problema con los estudios definitivos y se hicieron los grandes proyectos nacionales, tales como Chavimochic, Chira Piura, Charcani Cusco", sostuvo.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Sabado 23 de Noviembre del 2024