Contraloría designa equipo que fiscalizará compra de 10 mil fusiles israelíes Arad 7
En un principio, el Ejército convocó a las empresas fabricantes a importar sus modelos con la finalidad de someterlos a prueba en el país, pero luego prefirió contratar directamente —sin licitación o concurso de por medio— a la compañía estatal FAME que tenía un acuerdo con la Israel Weapons Industries para ensamblar los fusiles de asalto en el Perú.
La Contraloría General de la República comunicó al comandante general del Ejército, general de división EP David Ojeda Parra, y al presidente del directorio de la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones (FAME), general de división EP César Briceño Valdivia, la intervención de un equipo especializado de auditores para verificar el proceso de compra de 10 mil fusiles israelíes Arad 7 por S/103 millones 704 mil soles, contrato adjudicado el último 17 de octubre.
Mediante oficios suscritos por el subgerente de Control del Sector Seguridad Interna y Externa, Smith Flores Vásquez, se solicitó a los generales Ojeda y Briceño acceso a toda la información relacionada con la adquisición de los fusiles de asalto calibre 7,62 x 51 mm a la compañía Israel Weapons Industries (Industrias de Armas de Israel, por sus siglas en inglés).
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Como lo ha revelado una investigación de La República, el Servicio de Material de Guerra del Ejército (SMGE), bajo el comando del general de brigada EP William Lozano Flores, invitó a varias compañías fabricantes de fusiles de asalto para que internaran sus modelos en el Cuartel Barbones, Lima, con la finalidad de participar en protocolo de pruebas.
Las compañías cumplieron con importar sus diseños, como sucedió en 2009 y 2012, pero repentinamente, el general William Lozano informó a los representantes de las empresas fabricantes que el Ejército aceptó la propuesta de FAME de ensamblar en el Perú 10 mil fusiles Arad 7 de la compañía IWI.
Por lo tanto, se canceló el protocolo de pruebas, no existió licitación, no se produjo ninguna competencia para seleccionar el fusil de asalto que mejor convenía al usuario, al Comando de Operaciones del Sur (COS), de la III División del Ejército.
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La República consultó con el Ejército si había sometido a las distintas y exigentes pruebas al modelo Arad 7, como ha ocurrido en otros procesos de compra de fusiles de asalto. El instituto castrense respondió que una comitiva de oficiales viajó hasta la fábrica de IWI, en Arad, Israel, donde el Arad 7 pasó una serie de pruebas.
Sin embargo, lo que correspondía, siguiendo la experiencia de otros procedimientos de adquisición del Ejército, era que las pruebas debían efectuarse conforme a los protocolos elaborados por los especialistas del instituto armado en instalaciones en el país, no en el extranjero.
Por su parte, fuentes de FAME confirmaron que la empresa estatal no tuvo licitación, que no sometió a prueba el Arad 7 porque supuestamente en el Perú no existe infraestructura para hacerlo, y que no se produjo una competencia, sino que se aprovechó la propuesta de IWI para instalar una línea de montaje en Lima del fusil, porque así se aseguraba una “transferencia tecnológica” y la reducción del costo final del arma.
El subgerente de Control del Sector Seguridad Interna y Externa, Smith Flores Vásquez, informó a los generales Ojeda y Briceño que, “con la finalidad de contribuir oportunamente con la eficiencia, eficacia, transparencia, economía y legalidad en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado”, la Contraloría General de la República resolvió “la realización de un Servicio de Control Simultáneo, en la modalidad de Control Concurrente, en la adquisición de 10.000 fusiles de asalto modelo Arad 7 calibre 7,62 x 51 mm para la III División del Ejército (con sede en Arequipa)”.
El control concurrente es un proceso de verificación por parte de los auditores de la Contraloría para verificar cada paso del procedimiento de contratación.
Originalmente, la compra de los 10 mil fusiles estaba a cargo de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), pero el Ejército prefirió hacerlo por su cuenta alegando que había suscrito un convenio con FAME.
El Ejecutivo autorizó transferir al Ejército US$87 millones del Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional: US$27 millones para la adquisición de los 10 mil fusiles de asalto 7,62 x 51 mm, y US$60 millones para la compra de 30 vehículos blindados 8x8.
Una investigación de La República reportó que la ACFFAA cuestionó al Ejército por haber seleccionado el vehículo blindado modelo ARMA de la empresa turca Otokar, porque supera el valor referencial de US$60 millones. La compañía turca fijó el costo en US$63 millones 450 mil.
La ACFFAA demanda al Ejército reiniciar desde cero todo el proceso de adquisición.
No obstante lo informado, la Comisión de Defensa del Congreso citó al titular del Mindef y de la ACFFAA para que informen sobre el contrato con FAME, con el que no tienen relación, y no así al comandante general del Ejército, general David Ojeda Parra.
