Chiclayo: Contraloría detecta obras sin liquidar en el distrito de José Leonardo Ortiz
Diagnóstico de proyectos se dio a raíz de observaciones a transferencia y futuro mantenimiento de colegio Yehude Simon.
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La conclusión de la obra Rehabilitación de la infraestructura de la institución educativa primaria n.° 11587 Yehude Simon Munaro del distrito de José Leonardo Ortiz, en la región Lambayeque, reveló que el proceso de transferencia no se realizó dentro de los parámetros de ley. A raíz de un informe de control, se reveló que la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (MDJLO) no cuenta con directiva y política contable para la liquidación técnica y financiera de obras terminadas.
Con el Informe de Hito de Control n.° 023-2023, la Contraloría determinó que en caso la MDJLO no transfiera correctamente el proyecto, deberá asumir los gastos de mantenimiento y operatividad. Esta situación genera el riesgo de que los directivos del colegio Yehude Simon no puedan garantizar el uso óptimo de la infraestructura escolar por la falta de presupuesto necesario.
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Esta evaluación al proceso de transferencia de la referida obra también reveló que durante el 2019 se contabilizó un total de 49 obras por liquidar en la comuna leonardina. Así, se conformó una comisión que liquidó y cerró solo 16 obras públicas. Desde esa fecha, que incluye la exgestión de Wilder Guevara y la actual de Elber Requejo Sánchez, no se elaboró ninguna liquidación de obra, según la Contraloría.
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El proceso de liquidación se da luego de la recepción de la obra. Felipe Motta Laguna, integrante de la Comisión de Grandes Proyectos del Colegio de Ingenieros de Lambayeque (CIL), señaló a este diario que la liquidación tiene el propósito de determinar el costo total de la obra y el saldo económico, que puede ser a favor o en contra del contratista y la entidad.
"Si las municipalidades o gobiernos regionales no ejecutan la liquidación no se rinde cuentas ante el Estado", dijo Motta.
Volviendo al informe de control en cuestión, la Contraloría determinó que, al no existir liquidación consentida y aprobada, no se tiene el expediente de contratación cerrado y, en consecuencia, el centro educativo continuará como activo patrimonial del municipio.
