Rutas de Lima: futuro del peaje de Chillón queda en manos del Tribunal Constitucional
Alcalde López Aliaga se presentó a la audiencia y solicitó que las casetas vuelvan a ser administradas por Emape. Magistrada pidió a ambas partes que acuerden rutas alternas.
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En manos de los seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) se encuentra ahora el futuro del peaje de Chillón, luego de que ayer dejaran al voto la demanda de habeas corpus que presentó un abogado para que se retire la caseta administrada por la empresa Rutas de Lima.
Como lo adelantó La República, este mediático caso fue derivado al Pleno del TC de un momento a otro, cuando se esperaba el fallo final de la Segunda Sala de dicha institución, la cual, incluso, ya había escuchado los alegatos de la Municipalidad de Lima, la Defensoría del Pueblo y de la concesionaria.
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Pues bien, ayer, en una audiencia pública, los tribunos Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez, Luz Pacheco, Manuel Monteagudo y César Ochoa, todos elegidos por el actual Congreso, citaron nuevamente a las partes y escucharon sus argumentos.
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La novedad fue la participación del alcalde Rafael López Aliaga, quien volvió a responsabilizar a la exalcaldesa Susana Villarán por haber recibido coimas de Odebrecht para modificar el contrato de concesión. No obstante, él no dijo nada otra vez sobre su exsocio político Luis Castañeda Lossio, en cuya gestión (2016) se firmó un acta que liberó a Rutas de Lima de realizar obras obligatorias para poder elevar sus tarifas. Esto sin tener opinión favorable del MEF ni de la Contraloría.
López Aliaga también repitió que no puede poner vías alternas al peaje de Chillón porque podría pagar compensaciones millonarias en arbitrajes. Así, solicitó al Tribunal Constitucional que le devuelvan la administración de las casetas de peaje a la comuna (Emape).
“Pedimos retrotraer al estado anterior de esta violación de derechos, por lo cual el TC debe ordenar a la Municipalidad de Lima la administración de todas las garitas de peaje, eliminando el cobro a los vecinos de las zonas afectadas”, señaló antes de que se ofuscara porque le recordaron las investigaciones que tiene por lavado de activos.
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Por su parte, el abogado del municipio de Lima, el extribuno Gerardo Eto, pidió la reconversión procesal para que no se emita una sentencia de habeas corpus sino de demanda de amparo porque se viola el derecho al libre tránsito y otros más.
Postura. López Aliaga pidió que Emape administre peajes. Foto: difusión
Discusión por vía alterna
En respuesta, el defensor legal de Rutas de Lima, Renzo Carrasco, explicó que ya hay dos laudos arbitrales que han determinado que no hubo actos de corrupción en el contrato de concesión. También agregó que los municipios distritales y provinciales son los responsables de ejecutar rutas alternas; siempre y cuando estas no burlen el peaje. “Prueba de ello es la Panamericana Sur, que tiene a la antigua autopista como vía alterna, y no pasó nada”, dijo.
Sin embargo, la gerenta de Promoción de la Inversión Privada de Lima, Liz Jorg-Lizano, dijo que en el tercer arbitraje también están pidiendo compensación por fuga de peaje en la Panamericana Sur.
Tras ello, la magistrada Luz Pacheco recomendó a la comuna y la empresa que puedan ponerse de acuerdo para firmar una adenda en la que acuerden la existencia de vías alternas.
Eso mismo solicitó el abogado Ramón Pairazaman León, quien presentó el habeas corpus. Él solicitó a los magistrados que puedan realizar una inspección constitucional del peaje de Chillón para que puedan ver la afectación. “Por cuestión de dignidad deben retirar las casetas, son 150.000 vecinos afectados de forma directa y dos millones en total los que transitan por allí”, precisó.
Pairazaman también criticó a la empresa y el municipio porque existen hasta tres rutas alternas que pueden servir.
Los intentos
En su intento por cumplir su promesa, López Aliaga declaró la nulidad del contrato con Rutas de Lima. El caso fue llevado a un arbitraje y por ahora hay una medida cautelar para que no se aplique. El municipio ha gastado S/13 millones por la defensa legal.
El mes pasado, el PJ declaró improcedente la medida cautelar que presentó el alcalde para que la empresa no administre los peajes.
