Piura: minería ilegal se propaga por inacción de Gobiernos

Los constantes operativos contra la minería ilegal en la región Piura evidencian que su erradicación es lenta, insignificante e insuficiente, y que por el contrario se fortalecería gracias a sobornos con las autoridades del Estado, advirtió el decano del Colegio de Economistas, Raúl Martínez Luna.

En declaraciones al diario La República mencionó que el actual panorama respecto a la minería informal ha ido aumentando en las últimas tres décadas en las zonas de Ayabaca, Tambogrande y Las Lomas.

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Aseveró que la presencia constante de casos de minería ilegal responde a los sobornos entre autoridades policiales y locales, quienes poco o nada han priorizado la erradicación de este problema que afecta directamente a la economía local, regional y nacional.

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“La minería informal no deja operar a la formal, e incluso es agresiva. Podemos ver cómo las personas que se dedican a la minería informal han ganado terreno, y eso se evidencia en los tratados y permisos que consiguen con las autoridades”, sostuvo.

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Martínez Luna señaló que no solo este tipo de minería genera pérdidas económicas, sino también el sistema social como el incremento de bares e índices de delincuencia como trata de personas. Por otro lado, se encuentra la contaminación que producen los mineros informales y que afecta a las cuencas del alto y medio Piura.

“Hay una Dirección Regional de Minería que solo hace diagnósticos, pero no se ven los efectos positivos de sus avances. Qué es lo están haciendo con los recursos que tienen. Con el dinero que deja de percibir, se pierde plata para el canon, que es utilizado para las obras y otros proyectos de desarrollo”, menciona.

Pérdidas

Anteriormente, el especialista Víctor Gobitz refirió que durante casi dos décadas los esfuerzos del Estado por regularizar a los mineros que operaban ilegal e informalmente no dieron frutos tangibles. Sin embargo, para contextualizar este tema, es importante destacar que se calcula que se extraen de manera no oficial y clandestina más de un millón de onzas de oro anualmente, lo que equivale a alrededor de 2.000 millones de dólares y representa casi el 1% del PBI. Esta actividad involucra a entre 400.000 y 500.000 individuos.

Añadiendo a esta situación, recientemente se han registrado instancias en las que grupos delictivos buscan tomar el control de las operaciones mineras formales, especialmente en la región norte del Perú. Incluso la compañía Poderosa, la principal productora de oro en el país, se ha visto afectada por esta problemática.

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Gobitz indicó que es necesario tomar medidas urgentes.

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Un informe —elaborado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible— ha identificado 32 distritos, en las regiones de Loreto, Amazonas, Madre de Dios, San Martín y Huánuco, afectados por la minería ilegal.

Esta actividad ilícita es considerada como la principal amenaza de lavado de activos, según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera.

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Aunque se trata de un problema nacional, la mayoría de los sectores perjudicados carece de un sistema de monitoreo que permita conocer la magnitud total.