Liberan a todos los detenidos y la universidad San Marcos recién admite abuso policial

La Policía está enfrentando un vendaval de críticas tras la dura intervención en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sobre todo por la detención de más de 190 alumnos y manifestantes provenientes de provincias que estaban en el campus.

Según el acta de intervención policial, al que tuvo acceso La República, de ellos, 192 estaban acusados por los presuntos delitos de usurpación agravada, contra el patrimonio, daños y robo agravado; mientras que otros cuatro detenidos en la residencia universitaria por presunta comisión de terrorismo.

En este último caso, el documento no precisa qué fundamentos o indicios vinculan a los detenidos con ese delito. Se les inculpaba a los dirigentes estudiantiles de la UNMSM.

No obstante, el abogado y exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra precisó que durante la intervención y luego de las detenciones no se incautó nada que los involucre en daños, disturbios o terrorismo.

Agregó que a los detenidos se les decomisó celulares y lo poco que tenían. “La presidenta Dina Boluarte los ha puesto en una situación de grave vulnerabilidad”, expresó.

Pues bien, ayer, después de permanecer más de 30 horas detenidos, fueron liberados 192 de los 193 detenidos durante la intervención policial en el campus de San Marcos, manifestó el Ministerio Público, que sostuvo que pasaron por exámenes médicos legales y por la toma de declaración de cada uno de ellos y de los policías intervinientes.

Cero pruebas

“El fiscal provincial penal ha dispuesto la libertad de 192 personas, quedando una por tener requisitoria. Se continuará con la investigación en el marco de la denuncia por los delitos patrimoniales de la San Marcos”, dijo.

Señaló también que respecto a las tres personas vinculadas al delito de afiliación a una organización terrorista, el fiscal provincial especializado ordenó la libertad de dos de ellas y una está en calidad de citado mientras duren las investigaciones.

La mayoría de los detenidos empezaron a salir desde la tarde de ayer, encontrándose con sus familiares y amigos en los exteriores de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote). Denunciaron que no se les devolvió sus pertenencias incautadas.

Por la noche se coordinó con el Inabif para que fueran trasladados a sus lugares de origen; sin embargo, se vio a buen número de manifestantes provincianos en San Juan de Lurigancho, por la Línea 1 del Metro.

Sobre la liberación de los detenidos por no tener pruebas contundentes, el ministro del Interior, Vicente Romero, señaló que eso dependía de la Fiscalía. Aunque dijo que en la UNMSM se hallaron “víveres y panfletos que estaban en investigación de la Dircote”. Agregó que la PNP realizó “una labor impecable porque no hubo ni un herido”, esto pese a los tratos humillantes registrados.

Se lavan las manos

El Ministerio del Interior y la Policía perdieron el apoyo de la San Marcos. Ayer, luego de que la rectora Jeri Ramón fuera cuestionada por defender el retiro de las personas refugiadas en el campus, las autoridades de la universidad, a través de un comunicado oficial, recién denunciaron que la Policía se excedió en sus funciones porque se le solicitó “únicamente” la liberación de las puertas tomadas.

Las autoridades de la San Marcos señalaron que, en evidente uso de la fuerza, la PNP ingresó sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni de representantes del Ministerio Público. “Denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos arbitrariamente”.

Asimismo, rechazaron la intervención de la Dircote en la Residencia Universitaria, que tuvo como perjuicio el daño material de la infraestructura y el agravio físico y psicológico a los residentes sanmarquinos.

Dijeron que la PNP intervino “por una denuncia”, pese a que antes señalaron que “actuó de oficio”. Esta posición fue distinta a la mostrada por la rectora de San Marcos, quien justificó la toma de la universidad. “No sabía que iban a entra con tanques”.

En tanto, el abogado Jimmy Sotomayor rechazó “la actuación abusiva y desproporcionada de la PNP”. Asimismo, hizo un llamado de atención severo a la Fiscalía, dado que “se debió resolver la situación jurídica de los detenidos el sábado en la noche, pues se terminó con el total de las diligencias, no quedando ninguna pendiente”.

Y agregó: “Debemos recordar que el Código Procesal penal y la Constitución, en su artículo 2, numeral 24, literal f, señala que el plazo de 48 horas de detención en casos de flagrancia es un plazo máximo, que solo se justifica si es que existen diligencias urgentes e inaplazables por realizarse”.

En la profundización de estos cuestionamientos contra la PNP, diversos organismos defensores de derechos humanos denunciaron violaciones a la integridad y los derechos de los estudiantes y manifestantes por parte de las fuerzas del orden.

La abogada feminista Marisol Fernández indicó que estudiantes, campesinos quechua y aimara hablantes se encontraban en las sedes policiales sin poder entender buena parte de lo que estaba sucediendo hasta que llegaron intérpretes.

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) informó que en el operativo fueron detenidos tres comunicadores que habían llegado de Puno.

Se trata de la enviada especial de Fama TV, Paty Condori Huanca; el reportero de Radio Huancané y Líder TV, Percy Pampamallco Yancachajlla; y el reportero de Radio Sudamericana de Juliaca, César Huasaca Abarca.

Oficiales al mando

En la intervención a San Marcos participaron 563 policías a cargo del coronel Frank Chang Campos, jefe de la División de Servicios Especiales (Divseesp) de la Región Policial Lima.

El comandante Jorge Celadita Fuentes, jefe del Departamento de Servicios Especiales Centro Águilas, llegó al mando de cien efectivos; mientras que el mayor José Solari Chillcce, jefe del Departamento del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR), tenía a su cargo 70 agentes, entre otros oficiales.

Aunap rechaza intervención de la universidad

La Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap), que representa al 80% de las públicas, rechazó la intervención policial.

“Reconocemos el importante aporte de la San Agustín de Arequipa, entre otras, que ha dispuesto el apoyo legal para sus estudiantes y facilitar su retorno”, dijo. Saludó también la decisión de la UNI sobre albergar a alumnos de provincias.

Exhortó al Congreso a deponer sus intereses privados y aprobar de inmediato el adelanto de elecciones.

Acta de intervención policial

El documento da cuenta de los cargos por los que fueron detenidos los estudiantes y manifestantes.

La palabra

Ronald Gamarra. Abogado

“No se incautó nada que los involucre en daños, disturbios ni terrorismo. A los detenidos se les incautó celulares y dinero. Ahora ¿dónde se quedarán, qué comerán y cómo se comunicarán con sus familiares?”.