Ley de conservadores ha frenado impresión y compra de materiales educativos

Primeros obstáculos. La ley n.° 31498, que permite que las asociaciones conservadoras de padres intervengan en la elaboración de textos escolares, ha empezado a ponerle trabas al Ministerio de Educación (Minedu), como se había advertido desde antes de que la mayoría del Congreso, liderada por Renovación Popular, lo aprobara en junio pasado.

En una de las últimas sesiones de la Comisión de Educación, el ministro Rosendo Serna reveló que la norma tiene imprecisiones que han generado la paralización de la impresión y compra de materiales educativos.

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“Para el 2023, en educación inicial se distribuirán los cuadernos de trabajo y juegos de mesa, y en educación primaria y secundaria los cuadernillos de comunicación y matemática. Y ahí mostramos nuestra preocupación. Se ha paralizado la impresión de materiales educativos porque la ley aprobada por insistencia indica que previamente tiene que consultarse a los padres de familia”, explicó.

Sin embargo, eso aún no se puede cumplir porque, refirió, la ley tiene contradicciones. “En un artículo se dice que participan padres, ONG, asociaciones, etc.; y en otro dice que el Minedu se encargará de elaborar el padrón de Apafas. ¿Total? ¿Cómo queda? ¿Cómo sabemos quién es el interlocutor válido de los padres”, cuestionó tras agregar que se está elaborando el procedimiento para la participación y el registro de padres, el mismo que debe estar listo este mes.

Otro problema que señaló el ministro es que la norma -que permite el veto de contenidos a asociaciones como ‘Con mis hijos no te metas’- es que es muy general y está impidiendo que se compren objetos como juegos de mesa para inicial o colchonetas, taburetes o conos para educación física, por el hecho de ser “materiales educativos”.

“Estamos pidiendo a la Comisión de Educación que se modifique o se incluya una disposición complementaria para que se especifiquen los materiales, a fin de que permita facilitar y ejecutar la compra que está presupuestada, pero paralizada. Los técnicos del Minedu no han querido seguir con el procedimiento porque la norma señala que quienes (no consulten a los padres) incurren en falta grave pasible de sanción. Eso los ha hecho temer un poco”, afirmó.

Estas declaraciones las dio en la sesión del 18 de octubre. Desde esa fecha, no ha habido avances. Ayer se buscó la versión del Minedu, pero no la dieron.

Rechazo unánime

Debido a que es inviable, esta norma fue rechazada por la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Educación, el Poder Judicial, el Sutep, la Unesco, el PNUD y la OEA, porque afecta el rol rector del Minedu y porque se les da potestad a grupos conservadores para vetar contenidos con base en sus convicciones morales y religiosas. Lamentablemente, el presidente Pedro Castillo no la observó a pesar de la posición contraria del sector.

“Puede afectar a seis millones de escolares”

“Si de por sí el proceso de elaboración y distribución de materiales educativos es largo, el añadir a los padres no para opinar sino para impugnar, va a generar que estos contenidos no lleguen a tiempo a los 6 millones de alumnos de colegios públicos”, afirmó la exviceministra de Gestión Pedagógica Patricia Andrade.

Para ella, se debe hacer respetar el rol rector del Minedu porque lo más peligroso es que las organizaciones conservadoras de padres empiecen a censurar el enfoque de género y la educación sexual. “Debe primar el interés general por encima del interés particular”.