Advierten que retraso en obra de colegio prorroga el inicio de clases de 415 alumnos en Motupe

La Contraloría General de la República advirtió retrasos y riesgos de ampliaciones de plazo, así como una posible afectación económica al Estado, en la obra de recuperación de la I. E. N.° 10149 Elmer Cortez Serquén, del centro poblado de Tongorrape (Motupe), que tiene una inversión de S/ 7 304 864,9 de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

Según el documento de control, este problema se originó a consecuencia de la demora de la Municipalidad Distrital de Motupe en absolver las consultas presentadas por el contratista respecto a la ejecución del proyecto.

En el informe n.° 014-2022, se indica que la obra tiene un avance físico del 44,31% a pesar de que la ejecución debió concluir el último 23 de abril, situación que prorroga el inicio de las clases presenciales de 415 alumnos de los niveles primaria y secundaria.

También se menciona que el ayuntamiento no atendió las consultas del contratista respecto a la falta de planos y especificaciones técnicas del área destinada al plan de contingencia, que cuenta con un presupuesto de S/ 237.043 para la construcción de módulos provisionales, donde los estudiantes deberían recibir sus clases hasta la culminación y entrega de la nueva infraestructura.

Pese a la falta de pronunciamiento del municipio, la contratista implementó dicho plan, aunque paralizó los trabajos el 11 de mayo de este año por el incumplimiento de pagos por parte de la entidad edil. Este hecho aumenta el riesgo de aplazar el inicio del servicio educativo presencial en la institución educativa, afirmó la Contraloría.

Obra sin especialistas

Asimismo, se determinó que el ayuntamiento no absolvió temas relacionados a partidas de instalaciones sanitarias, cantidad de biodigestores, falta de análisis de agua del pozo a ser utilizado por la institución educativa, tipo de bomba para el sistema de bombeo del mismo y cambio de espesor de los paneles de plancha OSB de las aulas provisionales.

Incluso se detectó que los trabajos que reiniciaron se ejecutan sin la presencia de los especialistas del plantel profesional ofertado por el contratista y la supervisora, situación que genera riesgos de no garantizar la calidad de la infraestructura, que la entidad efectúe pagos por servicios no prestados y la posible inaplicación de penalidades a los contratos asociados a la ejecución de la obra.