La sentencia del caso Castillo versus Poirier según los propios implicados

Por Marcela Poirier M., arqueóloga

Estamos sentenciadas al silencio

En un proceso irregular he sido sentenciada a 20 meses de cárcel suspendida y un pago de 180.000 soles por la jueza Gabriela Torrejón; ocho veces más que el monto que el Poder Judicial impuso a un hombre por intento de feminicidio.

Hace 2 años, ocho mujeres perdimos el miedo y denunciamos de forma pública y frente a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) a uno de los arqueólogos más poderosos del país. Nuestras voces se sumaron a las de otras mujeres valientes que habían denunciado a un profesor de Harvard por abusar sexualmente de sus alumnas por años.

Teníamos miedo; las advertencias de lo que podría pasar con nosotras por atrevernos a denunciarlo no fueron pocas. La lucha contra la violencia de género no es sencilla, se centra y carga el dolor de muchas mujeres que tienen miedo de denunciar. No las culpo, las entiendo y las abrazo. También se centra en el cariño por otras mujeres que lo han vivido en carne propia y por aquellas que ojalá no lo tengan que vivir.

En el Perú, la indignación por las violencias que sufrimos caduca rápido. Las instituciones, incluyendo el Poder Judicial, nos dan la espalda. Por eso salí en redes, envié varias cartas a la PUCP para que ese grito desesperado de ayuda de mis hermanas y mío no sea olvidado.

La Comisión Frente al Hostigamiento Sexual de la PUCP abrió una investigación de oficio y otra por mi denuncia. Después de varios meses de investigación y recolección de pruebas y testimonios, exhortó a la Facultad de Humanidades a asegurar espacios libres de violencia por encontrar “indicios de hostigamiento sexual, abuso de poder y homofobia”.

Las autoridades de Humanidades no hicieron nada. Lo que sí hizo la universidad fue abrir un proceso disciplinario contra las estudiantes que, al igual que nosotras, exigían aulas libres de violencia. A ellas mi más sentida admiración. Juntas seguiremos construyendo un Perú donde tú, yo, tu hija, tu hermana, tu madre, tu amiga, puedan vivir seguras.

No tendríamos ninguna razón oculta para querer complicar nuestros días si la lucha no fuera mayor, si la historia y el miedo de tantas mujeres en silencio no nos estarían mirando.

Veredicto contra la difamación y la venganza

Por Luis Jaime Castillo B., profesor principal de Arqueología

El veredicto de la Dra. Gabriela Torrejón, jueza del 17 Juzgado Penal de Lima Centro, no atenta contra el derecho inalienable que tiene toda mujer, y en realidad todo ser humano, de denunciar a sus agresores y de que la ley lo proteja del acoso. Este veredicto ha sido acerca del igualmente inalienable derecho que tenemos todos los seres humanos de que nuestro honor, la reputación que heredarán nuestros hijos y que le debemos a nuestros padres, no sea mancillado por la mentira y la difamación.

La sentencia se basa en que el móvil de la difamación agravada ha sido la venganza, instrumentalizada a partir de la calumnia y la denuncia pública.

¿La sentencia hace más difícil denunciar a acosadores y agresores? No, porque la denuncia, esta o cualquier otra, siempre ha requerido de evidencia corroborativa. Pretender que la denuncia, por si sola, sea la prueba del delito, que la denuncia sin pruebas revierta el peso probatorio y anule la presunción de inocencia, es volver a la Santa Inquisición.

Lograr que se imponga este criterio sería la mayor amenaza a los derechos humanos más esenciales. Dejaría expuestos a todos, y particularmente a los más débiles, a la arbitrariedad, la venganza y el odio. Debemos exigir que la ley sea cada vez más efectiva, no dejar que se relaje o incline ante caprichos, resentimientos y ánimo de venganza de los que más vociferen.

Las redes sociales y su efecto de turba anónima han hecho creer a algunos que la ley y la justicia son una cuestión de mayorías, o de quien grita más fuerte.

La Dra. Marcela Poirier ha tratado de convencernos de que persigue una causa noble, la defensa de aulas sin violencia, cuando en realidad persigue la venganza contra uno de sus profesores por algo tan absurdo como que no la admitieron en un programa de doctorado en la Universidad de Stanford en 2012, aun cuando fue justamente recomendada por el profesor (...). Estas y otras afirmaciones no solo son ingenuamente groseras, son falsas, y no tiene ningún sustento probatorio.

¿Cómo se defiende una persona del insulto anónimo, o de la acusación sin pruebas? En la internet se denuncia, juzga, sentencia y ejecuta con solo un teclado. ¿Queremos que esos criterios sean los que rijan nuestro sistema jurídico? Tenemos que tener cuidado, porque algún día vendrán por nuestro hermano, nuestro padre, o nuestro amigo.