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Calidad educativa en riesgo: claves del PL que afecta el enfoque de género y educación sexual en aulas

Especialistas advierten sobre los riesgos que implicaría la aprobación del proyecto de ley 904/2021, que busca restar autonomía al Minedu y atenta contra los contenidos de educación sexual, enfoque de género e igualdad.

Expertos en educación y colectivos civiles esperan que el Pleno del Congreso no respalde el dictamen encabezado por el congresista Esdras Medina, de Renovación Popular. Foto: La República
Expertos en educación y colectivos civiles esperan que el Pleno del Congreso no respalde el dictamen encabezado por el congresista Esdras Medina, de Renovación Popular. Foto: La República
Winny  Moya

El proyecto de ley 904/2021, presentado por el presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, Esdras Ricardo Medina Minaya, y aprobado por el mismo grupo de trabajo, viene causando preocupación entre especialistas del sector, así como colectivos ciudadanos que buscan una educación con igualdad y respetuosa de los Derechos Humanos.

¿Qué propone el proyecto de ley 904/2021?

El dictamen plantea la obligatoriedad de la consulta a padres y madres sobre los contenidos de los materiales educativos y del currículo escolar, pese a que, en muchos casos, no cuentan con conocimientos sobre la materia.

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La congresista y exministra de Educación Flor Pablo aseguró que el dictamen atenta contra el rol rector del Minedu, puesto que la entidad se encarga de la elaboración de los materiales educativos y su calidad. Además, el documento establece sanciones para los funcionarios del sector educativo que no cumplan con los principios que establece esta iniciativa, como el “pleno respeto de la libertad religiosa o convicciones morales de los educandos y los padres”.

“Esto resulta muy peligroso porque los materiales educativos responden a políticas de Estado y no pueden en ningún caso responder a criterios religiosos ni morales, por ende, darles a las organizaciones de padres de familia la facultad de validar materiales educativos. Bajo esos criterios daría pie a que organizaciones que ya hace varios años piden el retiro del enfoque de igualdad de género y la educación sexual integral, logren hacerlo usando el mecanismo planteado por este proyecto de ley”, señaló la actual congresista en diálogo con La República.

En esta misma línea, la parlamentaria resaltó que el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos ya está regulado en la Ley General de Educación. “De ninguna manera se debería permitir que se puedan vetar contenidos en los materiales educativos de todo el país porque no coinciden con una religión o determinadas convicciones morales”, señaló Flor Pablo.

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Recordemos que en 2019, el Poder Judicial declaró infundada la demanda interpuesta por el colectivo Padres en Acción contra el enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica. La sentencia fue contundente al afirmar que los derechos de las personas no están sujetos a opinión.

Por su parte, la directora ejecutiva de la ONG Promsex, Susana Chávez, señaló que no solo se pone en riesgo la educación sexual, sino también “se pretende eliminar todo contenido que se refiere a lo que fue la terrible situación que el país vivió en los años ochenta y eso es sacarlo de la historia”. “Los niños también necesitan saber qué pasó, es importante que se enseñe para que sepan que hay cosas que no pueden volver a ocurrir en nuestro país”, explicó para este medio.

Opinión técnica fuera

Para Flor Pablo, es grave haber aprobado un proyecto de ley en la Comisión de Educación sobre un tema trascendental sin tomar en cuenta la opinión técnica del Minedu, ni de otros actores clave como el Consejo Nacional de Educación o la Defensoría del Pueblo. Para la elaboración del dictamen solo se consultó la opinión de organizaciones antiderechos que han mostrado su postura en contra de la educación sexual, como la Coordinadora Nacional ProFamilia, la Coordinadora Regional por la Vida y la Confederación Nacional de Apafas.

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“En realidad, solo han participado un grupo de organizaciones que tienen un carácter más bien conservador y antiderechos. Entonces, por ahí va el riesgo de esta iniciativa legislativa, hay una alta carga ideológica públicamente conocida”, concuerda Elga Prado, coordinadora del programa Sexualidad y Autonomía Física de la organización Manuela Ramos.

Peligroso. Escolares serían educados según estereotipos. Foto: La República

Enfoque de género y educación sexual en peligro

Susana Chávez señala que los niños y niñas deben recibir educación sexual acorde con su edad, que esté basada en la ciencia y es importante que la escuela sea el lugar donde los alumnos fortalezcan estos conocimientos. “Muchas veces los hogares son fuente de violencia, ¿a ellos se les está encargando la educación sexual?, cuando más bien, la escuela es el lugar que equilibra las falencias que están ocurriendo en los hogares. Seguramente sí habrá hogares donde brindan información y educación, pero la escuela tiene que reforzar u estandarizar, para que no sea un privilegio de pocos, se trata de democratizar”, apuntó.

Para Elga Prado, la aprobación del proyecto de ley 904/2021 significaría un grave retroceso en el país, “porque se busca eliminar enfoques que plantean una educación igualitaria y que los niños, niñas y adolescentes tengan herramientas personales para prevenir situaciones de vulnerabilidad”. En ese sentido, la representante de la Alianza por la educación sexual integral, resaltó las preocupantes estadísticas de abuso sexual infantil y embarazo adolescente.

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“Hemos visto que las estadísticas de embarazo infantil forzado durante la pandemia son altísimas, casi más de mil por año. Estamos condenando a las niñas a ser madres, somos uno de los países con altas tasas de violencia sexual, de embarazo adolescente, tenemos más de dos décadas luchando contra eso”, aseveró.

Ante este escenario, tanto especialistas como colectivos civiles esperan que el Pleno del Congreso no respalde este proyecto de ley. Además, exhortaron al Minedu a defender su rol como ente rector, así como al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a defender la igualdad y a la Presidencia del Consejo de Ministros a defender las políticas de Estado en peligro.