A un año de la deflagración en VES donde murieron 34 personas, no hay justicia

Pasadas las 7.00 a.m. del 23 de enero del 2020, se reportó un incendio en el cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar, en Villa El Salvador. Los primeros informes hablaban de la explosión de un camión que transportaba gas. Con el pasar de las horas, se confirmarían dos fallecidos y decenas de heridos.

Ronald Tipismana cuenta que aquella mañana se encontraba camino a su trabajo, y a la altura del puente Alipio, recibió la llamada de su esposa, que le informó de una fuga de gas desde un camión. “Estaba conversando con ella y se escuchó la primera explosión”, relata.

Tipismana regresó de inmediato y encontró un escenario pavoroso. Varias casas ardiendo en llamas y decenas de personas en estado de desesperación por ayudar a sus familiares. En su caso, su vivienda no se vio afectada y sus dos padres de avanzada edad, esposa e hijas, con quienes vive, resultaron ilesos.

La misma suerte no corrió su tía Alicia Huamán Ventura, cuyo inmueble terminó completamente destruido, y además, perdió a su esposo, hermana e hijo. “Hoy mi tía vive en completo estado de abandono”, señala el hombre.

Más tarde se sabría que se trató de una deflagración causada por la fuga de GLP. La válvula de un camión cisterna se había roto tras chocar contra un desnivel de 30 centímetros en la avenida Pastor Sevilla, lo que ocasionó la fuga del combustible, que se expandió y causó múltiples explosiones.

Los siguientes días, las autoridades dieron cuenta de que la cifra de víctimas mortales aumentaba. La mayoría había sufrido quemaduras de segundo y tercer grado que terminaban por complicar su salud.

Responsabilidades

La deflagración en Villa El Salvador reveló una serie de deficiencias y negligencias cometidas a varios niveles. La primera responsable sindicada fue la empresa a la que pertenecía el camión cisterna, Transgas LG E.I.R.L., cuyo local fue clausurado el mismo 23 de enero por carecer de licencia de funcionamiento, certificado de Defensa Civil y por resistencia a la fiscalización municipal.

El conductor del vehículo era Luis Guzmán Palomino, quien también resultó con heridas, y poco después, se entregaría a la Policía. Se conoció que este hombre registraba 80 papeletas por diversas infracciones de tránsito y, además, que el camión siniestrado tuvo un accidente por fuga de gas en el 2018.

Luis Guzmán es el padre del propietario de la empresa, Luis Guzmán Escriba, quien un mes después de la tragedia apareció ante los medios de comunicación y negó tener responsabilidad alguna, pues contaba con autorización para operar y el camión había pasado hace poco por revisión.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osignermin) confirmó que, en setiembre del 2019, había entregado el permiso al camión, y precisó que el vehículo no había explotado, sino que había sufrido un accidente, en un intento por deslindar responsabilidad.

De acuerdo al testimonio del chofer del camión, la causa del accidente fue el desnivel que ocasionó la rotura de válvula. La Policía y Osinergmin avalaron esta versión y entonces la Municipalidad realizó trabajos para eliminar el problema en la vía. El principal cuestionamiento fue que solo dos años antes se había hecho mantenimiento en ese cruce, y aún así presentaba desniveles.

En aquellos días, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva por un plazo de nueve meses para el chofer por el delito de homicidio culposo. Sin embargo, el Poder Judicial desestimó el requerimiento y dictó comparecencia con restricciones.

A inicios de febrero, la Fiscalía abrió una investigación que incluía a Osignermin, al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y al alcalde de Villa El Salvador, Kevin Iñigo. A ellos se les indagaría por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones graves, peligro común agravado y contra el patrimonio.

En setiembre la Contraloría General de la República halló presunta responsabilidad penal y administrativa en tres funcionarios de Osinergmin por habilitar el camión que ocasionó la deflagración.

El Informe de Control Específico N° 012-2020-2-4243-SCE determinó como responsables al Jefe de la Oficina Regional de Lima Sur, la especialista en atención al usuario y la especialista regional en hidrocarburos de la entidad, por incumplir sus funciones al recepcionar, revisar, aprobar y suscribir la solicitud de inscripción de Transgas L.G. E.I.R.L.

Pese al tiempo transcurrido y a la evidencia mencionada en el informe de la Contraloría, a la fecha, no existe sentencia alguna.

José Suclupe, director de Defensa Pública de Lima Sur, que atiende a 55 familias damnificadas, detalló que en este momento existen dos procesos abiertos por este caso.

El primero por el delito de homicidio culposo y lesiones graves, que se encuentra en apertura de inspección, es decir, ya está en el Poder Judicial. La investigación comprende al chofer del camión cisterna y al representante legal de la empresa Transgas. Asimismo, se incluye como tercera civilmente responsable a la Municipalidad de Villa El Salvador. La Defensa Pública ha presentado un pedido de constitución para que Osinergmin también sea incluido.

La otra carpeta pendiente es por peligro común y daños materiales, y recientemente la Fiscalía ha solicitado que también se incluya la omisión de funciones. Esta investigación está en etapa preliminar y se incluye a Osinergmin y a la Municipalidad de Villa El Salvador.

En declaraciones para La República, Suclupe indica que los procesos se han demorado, ya que se suspendieron en marzo por las restricciones a causa de la pandemia, y recién se reanudaron en julio. Dice entender el pedido de justicia de las familias, pero recuerda que son la Fiscalía y el Poder Judicial quienes deciden la celeridad con la que se tratan los casos.

“El proceso legal esta parado desde marzo, el expediente 255-2020 está dormido en el escritorio. ¿Acaso no hay justicia para nosotros porque somos personas humildes?”, reclama Ronald Tipismana.

Todos los damnificados sienten el mal sabor de lo que ellos consideran como impunidad. Aún en las fachadas de las viviendas se encuentran colgados carteles con la palabra “¡Justicia!”, junto a las fotografías de los familiares que perdieron.

Las viviendas

Tras los hechos de enero y someter a los inmuebles a una pericia, el Gobierno identificó 25 viviendas afectadas por la deflagración, y se comprometió a repararlas. Asimismo, se anunció que volverían a construir aquellas que fueron calificadas como inhabitables.

A un año de la tragedia, el Ministerio de Vivienda informó que los trabajos se han ejecutado al 92%, lo que significa que 23 inmuebles afectados ya han sido entregados a sus propietarios para que puedan habitarlos otra vez. Para esta labor, se ha invertido cerca de dos millones de soles.

Según detalló el sector, se realizaron trabajos de mejoramiento en 17 predios con daños menores; trabajos de reforzamiento en 2 viviendas con daños moderados y 4 tuvieron que ser demolidas para volver a ser edificados.

El Ministerio indicó que en un predio con daños moderados faltan culminar las labores, y en febrero, se dará inicio a la reconstrucción de una casa declarada como inhabitable. Precisamente esta última casa es de Alicia Huamán Ventura.

A raíz de la deflagración, el Gobierno puso a disposición de los afectados módulos de vivienda para que puedan vivir aquellos cuyas viviendas quedaron afectadas. Ronald Tipismana, sobrino de la señora Alicia, denuncia que a su tía nunca le entregaron el módulo y que por eso se tuvo que ir a vivir con sus hermanos.

Con la llegada de las restricciones por la pandemia, a mediados de marzo, se suspendieron los trabajos de remodelación y reconstrucción de las casas. Sin embargo, en julio se reanudaron, pero desde entonces, en el caso de la señora Alicia no ha habido ningún avance, según denuncian.

“En el mes de agosto, se pusieron de acuerdo con el plano, pero pasó una cosa, luego otra y así. La burocracia y la ineficiencia en el país es lamentable”, refiere Tipismana.

Asimismo, hubo muchas quejas de familias que afirmaron que sus casas también terminaron con daños a causa de la deflagración, pero que no habían sido considerados por el Gobierno ni siquiera como daños menores. Aseguran que ellos mismos han tenido que correr con los gastos de remodelación y reconstrucción en algunos casos.

Tampoco reciben apoyo con terapias

Fueron 34 personas las que murieron a causa de la deflagración. Muchas pertenecían a familias enteras y sus historias generaron conmoción en la sociedad por el drama que vivieron (y viven) los deudos.

El dolor es mayor cuando recuerdan que pasará mucho tiempo para que puedan, de alguna manera, asimilar lo que les tocó vivir. “Esto nunca va a cicatrizar, hay mucha gente que sigue deprimida por la forma en la que perdieron a sus familias”, señala Tipismana.

Jackeline Rojas es una de las 11 sobrevivientes. Tiene el 65% del cuerpo quemado y fue dada de alta en mayo, luego de una larga batalla en el Hospital Almenara, donde en algún momento su pronóstico fue la muerte, al ser atacada por bacteria.

Rojas cuenta que el día de la deflagración se encontraba detrás del primer vehículo que explotó. Perdió a su hijo de 3 años, a su sobrino de 6, a un tío y a su inquilina embarazada. Antes, se desempeñaba en atención al cliente en una panadería, pero hoy no puede trabajar porque no puede mover bien los brazos ni piernas. Gracias al apoyo del resto de sus familiares y de los vecinos puede sostenerse junto a su hijo de 4 años.

Comenta que necesita cirugías, medicinas y tratamiento psicológico, pero ninguna de las promesas que al inicio varias instituciones hicieron se han cumplido. Tras salir de alta, solo la Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) la ha apoyado a ella y al resto de sobrevivientes con cremas que deben aplicarse todos los días, y cuyo precio está afuera de su alcance.

Ella necesita de un documento médico expedido por el Hospital Almenara en el que se certifique su invalidez para poder trabajar. Sin embargo, a la fecha, no lo ha recibido pese a su evidente estado de salud. Este papel le serviría para poder cobrar el dinero del SOAT y del seguro del camión, para así poder costear los tratamientos que necesita. (Cualquier tipo de ayuda para la señora Rojas, puede comunicarse al 936 033 485)

Un año después

Los vecinos del cruce donde ocurrieron los hechos decidieron colocar un placa con los nombres de las víctimas mortales, bajo el encabezado “Valle de la Nueva Esperanza”. Asimismo, han puesto algunos globos a lo largo de la avenida, y la municipalidad, hace algunos días, pintó las pistas.

Asimismo, este sábado 23, realizaron una misa en una iglesia cercana, a donde ninguna autoridad acudió. “Nadie se ha comunicado con nosotros y tampoco harán alguna ceremonia. Al principi, venían todos, pero ahora ya se han olvidado”, comentan decepcionados los moradores.