“La Policía usó sus escopetas para disparar perdigones de plomo y canicas”, señala reporte

Durante las jornadas de protesta contra el gobierno de facto de Manuel Merino, especialmente el sábado 14 de noviembre, los contingentes de la policía que obedecían al régimen se excedieron en el uso de la fuerza, lo que produjo dos fallecidos y numerosos heridos de consideración, reportó la organización Human Rights Watch (HRW).

“Las declaraciones de testigos y otras pruebas a las que tuvo acceso HRW indican que la Policía empleó, de manera reiterada, una fuerza excesiva contra los manifestantes”, señaló la organización en un informe elaborado por un equipo que se trasladó al país para investigar los hechos y recoger las versiones de las partes.

Después de revisar centenares de videos sobre las acciones de violencia durante las protestas antigubernamentales, HRW concluye que los efectivos policiales recurrieron sin miramientos a sus armas de reglamento para disparar a los manifestantes.

“Sobre la base de lesiones presuntamente causadas por el impacto de cartuchos de gas lacrimógeno y lo observado en videos donde se ve a policías disparando directamente a la multitud, se puede concluir que los agentes emplearon armas antidisturbios de forma irresponsable y peligrosa”, se explica en el informe de HRW.

Para la organización internacional de derechos humanos, es inobjetable que los policías usaron sus escopetas para disparar proyectiles de metal y vidrio contra los manifestantes. Ese tipo de munición fue la que causó la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

“Las evidencias indican de manera sólida que la Policía usó escopetas calibre 12 para disparar perdigones de plomo y canicas de vidrio directamente contra manifestantes, en violación de sus propios protocolos, que prohíben el uso de esas municiones”, precisa el reporte de HRW.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, confirmó que la investigación de la organización internacional determinó que la Policía Nacional, cuando estuvo a órdenes del presidente de facto Manuel Merino, se excedió en el uso de la fuerza, lo que produjo la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, además de 200 heridos.

“Hemos obtenido evidencias que indican que la Policía empleó la fuerza de forma excesiva y negligente contra manifestantes que protestaban en oposición a la altamente cuestionable destitución del presidente (Martín) Vizcarra”, señaló Vivanco.

El informe de HRW confirmó que la muerte de Bryan Pintado e Inti Sotelo se produjo en un ámbito de dos manzanas, lugares en el que también fueron heridos la mayoría de manifestantes.

Sobre la participación de los agentes Terna, que no están entrenados para intervenir en el control de manifestaciones, HRW informó que el comandante general de la PNP, teniente general César Cervantes, anunció que se dejaría sin efecto la participación de policías vestidos de civil infiltrados en la protesta.

Sin embargo, HRW reportó que el teniente general César Cervantes no ha tomado acciones contra los efectivos que participaron en la represión indiscriminada.

“El general Cervantes manifestó a HRW que había transferido al jefe de la Región Policial Lima, general Jorge Cayas Medina, pero dijo que no había adoptado medidas contra otros agentes, ni siquiera contra aquellos que actuaron en áreas donde fueron heridos o murieron manifestantes. Esos policías continuaban desempeñando sus funciones habituales, explicó (Cervantes)”, indica el informe de HRW.

La organización recomendó al presidente Francisco Sagasti la formulación de normas para fiscalizar la actuación de los efectivos policiales y sancionar los excesos en agravio de los ciudadanos que protestan legítimamente.

Precisamente, el 24 de noviembre el presidente Sagasti pasó al retiro a 20 generales de la Policía, entre ellos algunos implicados en la represión del 14 de noviembre, como el subcomandante general PNP, teniente general Jorge Lam Almonte.

Quieren regresar a la PNP

Ahora, el general Jorge Lam y los otros 12 generales que fueron dados de baja el 24 de noviembre han interpuesto una acción de amparo contra el mandatario Sagasti; el ministro del Interior, José Elice; y el comandante general de la PNP, teniente general César Cervantes, y solicitan al Poder Judicial que sean reincorporados a la institución policial. Alegan que fueron pasados al retiro inconstitucionalmente.

“La medida del presidente Sagasti y del exministro del Interior Rubén Vargas es inconstitucional e ilegal porque la ley establece una discrecionalidad entre los tres primeros tenientes generales, no entre los 18 generales primeros”, señaló el abogado de los 13 generales que han interpuesto la demanda. En total fueron dados de baja 3 tenientes generales y 17 generales PNP. Un total de 20.

“Vargas está perdido en su interpretación legal, y lo más grave es que ha hecho incurrir en grave error al presidente Sagasti”, añadió Quiroga.

Entre los 13 generales que han presentado la acción de amparo para ser reincorporados al servicio activo, hay 4 investigados: los tenientes generales Jorge Lam Almonte y Herly Rojas Liendo, y los generales Washington Oviedo Echevarría y Eswin Manay Guerrero. Para el abogado Aníbal Quiroga, encontrarse investigado no es un impedimento para la reincorporación.

“Según la ley, no puede ser invitado al retiro por estar investigado, porque está la presunción de inocencia y tendría que ser sancionado, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional. Ninguna persona imputada o investigada podría ser objeto de sanción, sino al presidente Martín Vizcarra ya se le hubiera sancionado”, expresó Quiroga.

Demandantes

• Teniente general Orlando Velasco Mujica.
• Teniente general Jorge Lam Almonte.
• Teniente general Herly Rojas Liendo.
• General José Céspedes Aguirre.
• General Luis Pantoja Calvo.
• General Alexis Bahamonde Chumpitaz.
• General Yohanim Chuquillanqui Ospina.
• General Jesús Ríos Vivanco.
• General Lorenzo Granados Ticona.
• General Eswin Manay Guerrero.
• General Alejandro Oviedo Echevarría.
• General Mario Arata Bustamante.
• General Carlos Guillén Enríquez.

Grupo Multisectorial para familias de víctimas de protestas

Los familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado, fallecidos en las protestas del 14 de noviembre, y de Jorge Muñoz, muerto durante el paro agrario del 4 de diciembre, recibirán una atención adecuada por parte de un Grupo de Trabajo Multisectorial, garantizó el ministro de Justicia, Eduardo Vega.

Los más de 200 heridos en las jornadas de protesta también serán beneficiarios por las acciones que adoptará el grupo de trabajo.

“El equipo le dará seguimiento y atención a las víctimas. Habrá un estudio que permitirá definir claramente el tipo de atención que se brindará a estos jóvenes”, explicó el ministro.

De alguna manera, lo anunciado por el ministro Eduardo Vega recoge la recomendación de la organización Human Rights Watch, en el sentido de la responsabilidad del gobierno peruano de asistir a los familiares de las víctimas mortales de las protestas antigubernamentales.

Algunos familiares han debido dejar sus puestos de trabajo o sus hogares para asistir a las diligencias fiscales que investigan las muertes de los estudiantes, por lo que requieren apoyo de las autoridades en su búsqueda de justicia para sus seres queridos.