Acuerdo de Escazú: Se demanda un debate sin falsedades
César Gamboa, director ejecutivo de Derecho Ambiente y Recursos Naturales - DAR considera que es bueno que representantes de diversos sectores expresen su posición, pero sin falsedades que nos lleven a tomar decisiones equivocadas en defensa del medio ambiente, que es el tema de fondo del citado acuerdo.
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César Gamboa, director ejecutivo DAR.
El debate político de la vacancia presidencial opacó al debate que se vivía en redes sociales, alrededor del Acuerdo de Escazú. Existen dos bandos uno a favor y otro en contra del acuerdo; este último, en base a inexactitudes, falsedades y preocupaciones sobre el impacto de dicho acuerdo en el Perú.
Una primera lección sobre el debate del Acuerdo de Escazú es que, a partir de ahora, la población y los grupos de interés deberán exigir la misma practica de profundo debate público, con todos los tratados internacionales o, al menos, con los que Sí implican una afectación a la soberanía.
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Se ha incentivado con falsa información el temor chauvinista por el peso de nuestra historia de malos negocios con nuestros recursos naturales. Desde el siglo XIX, con los contratos del guano, pasando por el caso de Brea y Pariñas, hasta los recientes proyectos de exportación del gas de Camisea a un precio inconveniente y el Acuerdo Energético Perú Brasil para venderle electricidad a este último.
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Una segunda lección es que el Acuerdo de Escazú no trata sobre la disposición, gestión o uso de los recursos naturales, sino de elevar la protección de los derechos de participación, acceso la información y justicia en la gestión ambiental. El acuerdo no regula cómo el Estado otorga las concesiones ni obliga a cambiar la manera en la que se aprueba la licencia ambiental; obliga a los Estados a mejorar la entrega de información ambiental de decisiones políticas o proyectos de inversión, así como incluye o mejora mecanismos de participación en la gestión ambiental.
La novedad de este acuerdo es la protección a defensores ambientales. El Perú tiene un compromiso histórico con los derechos humanos que la Cancillería ha venido liderando. Alejarse de esto, solo no ratificaría el Acuerdo de Escazú, sino la labor que la Cancillería ha venido haciendo en los últimos 30 años, reparando el bache que se tuvo en los noventa.
Es probable que el debate sobre el Acuerdo de Escazú continúe mezclándose con la agenda política de actores interesados en las elecciones del 2021 o como la de influencia en la normativa que vienen ejerciendo los grupos económicos; de hecho, ellos fueron los primeros en pronunciarse considerando que el Acuerdo de Escazú sería no solo una pérdida de soberanía sino del crecimiento económico. Muy bien que expresen su posición, pero sin falsedades que nos lleven a tomar decisiones equivocadas en defensa del medio ambiente, que es el tema de fondo del Acuerdo de Escazú.
