Ratificación del Acuerdo de Escazú es vital para proteger a comunidades indígenas

La organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) señaló que el Congreso de la República tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con un modelo de desarrollo sostenible, consolidar nuestra democracia y contribuir con la disminución de conflictos socioambientales que afectan a las poblaciones más vulnerables si ratifica el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

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Asimismo, este tratado regional garantiza la protección de las personas defensoras del ambiente. Se trata de un instrumento que incluye a las poblaciones más vulnerables, pueblos indígenas y comunidades para que logren acceder a la justicia en asuntos ambientales y tengan derecho a participar en la toma de decisiones públicas ambientales, ya que en múltiples ocasiones son criminalizados e incluso arriesgan sus vidas por defender sus territorios y el medio ambiente.

SOBRE EL ACUERDO

“El Acuerdo de Escazú es una herramienta que reafirma derechos como la participación ciudadana, la transparencia y acceso a la información en materia ambiental, no significa una pérdida de la soberanía de los Estados sino una garantía de que las decisiones que puedan afectar nuestro medio ambiente, incorporen los distintos modos de pensar de un país intercultural como el nuestro”, precisó Francisco Rivasplata, coordinador del programa Derechos y Justicia Ambiental de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Más del 67% de los conflictos sociales en el país son de carácter socioambiental, según reportes de la Defensoría del Pueblo. Escazú aporta al ejercicio de derechos fundamentales como la participación ciudadana, debidamente informada, y reconoce la importancia de que las poblaciones más vulnerables se involucren en la toma de decisiones para evitar conflictos socioambientales que tanto daño le hacen al país. El Acuerdo de Escazú, al ser un tratado de derechos humanos, no avala protestas ilegítimas.

Otro derecho que resguarda Escazú, es el acceso a la información, vital para la vigilancia ciudadana, más aún tras los casos de corrupción como el de Odebrecht en América Latina y el Caribe. El Perú necesita que los proyectos de desarrollo e inversión (en especial con injerencia en el medio ambiente) sean transparentes y la información en torno a ellos sea de fácil acceso para la ciudadanía. Según estimaciones de la Contraloría General de la República, la corrupción le cuesta al Estado aproximadamente 17 000 millones de soles al año.

El Acuerdo está a dos ratificaciones para su entrada en vigor. En ese sentido, es urgente que el Congreso de la República apruebe el Acuerdo de Escazú para que el Perú sea un Estado Parte del referido tratado y se reafirme su compromiso con la democracia. Para ello, la deliberación que se realice en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y, eventualmente, en el Pleno, debe partir de información adecuada y argumentos jurídicamente válidos, de modo que el diálogo sea honesto, informado y responsable.