Coronavirus: municipio modificó documentos tras recibir producto equivocado
Además, Contraloría detectó que no contaba con registro sanitario, por lo que no sería un alimento apto para el consumo humano. Pese a ello, producto fue entregado en canastas a familias de zonas vulnerables.
Coronavirus en Perú. La Municipalidad Distrital de Jayanca recibió alrededor de S/200,000 para adquirir productos que luego puedan ser distribuidos en canastas a las familias más vulnerables de su jurisdicción para mitigar el impacto de la COVID-19.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó que la comuna pagó por un producto, pero recibió otro y luego modificó toda la documentación del expediente de contratación para generar similitud con el bien entregado, lo que transgrede la normativa.
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Según el informe de control concurrente, n.° 4475-2020, el 6 de abril el Área de Abastecimiento solicitó la contratación de un proveedor que pueda proporcionar una serie de productos para la canasta, entre ellos latas de grated de atún de 160 g. Tras suscribir el contrato, el 8 de abril, el jefe de Gestión de Riego de Desastres dio conformidad a los bienes recibidos incluyendo el grated de atún.
En el contrato, la orden de compra, la factura electrónica y en la Guía de Internamiento aparecía siempre Grated de Atún A1; sin embargo, el órgano de control detectó que recibieron grated de jurel A1 de 170 g. “que en calidad y costo es inferior" al producto solicitado.
Sin embargo, con la finalidad de generar similitud con el producto entregado por el proveedor, la municipalidad habría modificado las especificaciones técnicas, requerimientos técnicos, informes técnicos, cotizaciones, contrato de bienes, órden de compra, guia de remisión y una serie de documentos adicionales, lo que vulneraría los principios establecidos para todas las contrataciones públicas.
Incluso, la CGR verificó que dichas latas no contaban con registro sanitario, por lo que no sería un alimento apto para el consumo humano. Por otro lado, dicha contratación directa nunca fue aprobada por el consejo municipal, tal como establece la Ley de Contrataciones del Estado.
