140 mil hectáreas arrasadas en 2019

Empecemos con la buena noticia: por segundo año consecutivo se registró una reducción de la deforestación en el Perú, según cifras oficiales y según las mediciones del Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), que periódicamente difunde impresionantes vistas realizadas por una serie de satélites internacionales.

Esto, empero, no significa que se detuvo la tala. Las casi 140 mil hectáreas arrasadas durante el 2019 (ver infografía) son una cifra inferior a los registros del 2018 y responde al éxito que tuvo el operativo ‘Mercurio’ realizado por el Gobierno peruano en la zona conocida como La Pampa, ubicada entre la carretera Interoceánica y el río Malinowski, en la región de Madre de Dios.

La Pampa es una prueba más del dañino efecto causado por la cuestionada carretera Interoceánica, que no solo provocó una catástrofe ambiental por la proliferación de la extracción minera ilegal, sino que también es una las joyas heredadas por las granjerías de la empresa brasileña Odebrecht con sucesivos gobiernos peruanos.

La mala noticia es que la deforestación sigue siendo un grave problema que amenaza la Amazonía peruana.

Siempre en Madre de Dios, en las zonas de Iberia y otras áreas vecinas, continúa el accionar de la extracción minera fluvial, esta vez asociada con la ganadería. Otra zona afectada son los espacios vecinos a las zonas de amortiguamiento de tres áreas naturales protegidas: el Parque Nacional Bahuaja Sonene, la Reserva Nacional de Tambopata y la Reserva Comunal Amarakaeri. En estos casos, siempre vinculados a nuevas e ilegales carreteras.

Una de las novedades que trajeron las mediciones de MAAP correspondientes al año pasado es que es el VRAEM (Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) es la zona de deforestación más crítica, siempre asociada al narcotráfico.

Otra zona identificada el año pasado como de grave deforestación es la zona oriental de Huánuco y Ucayali, donde desde hace años se advierte la excesiva tala para la instalación de palma aceitera y, en los últimos años, para la ganadería.

En nombre de Dios

Otra mala noticia que trae el monitoreo satelital es la creciente deforestación provocada por las comunidades menonitas que se instalaron en las selvas de San Martín, Loreto y Ucayali.

Los menonitas son una comunidad cristiana ultraconservadora de origen holandés y alemán. En Bolivia, ya son conocidos por la depredación de los bosques para la agricultura y la ganadería. También hicieron noticia por un caso de violación grupal que comprometió a jóvenes varones de la comunidad contra sus propias "hermanas".

Aquí se asentaron en Tierra Blanca (entre Loreto y San Martín) y en Masisea (Ucayali). Son muy herméticos, pero han logrado un manejo soterrado de las autoridades locales que permitieron su presencia sin aceptar ningún tipo de control gubernamental. Incluso, ocupan un área que perteneció a la Universidad Alas Peruanas (que ya perdió su licencia como centro de estudios) y que estuvo destinada a la investigación forestal universitaria.

En uno de las pocos reportajes que permitieron a la prensa peruana, se jactaron de su vida "alejada de las nuevas tecnologías" por no tener televisores, por no usar celular, menos aún, internet ni computadoras. Sin embargo, ostentan tractores, sierras eléctricas y otras herramientas de última generación para la tala y la agricultura masiva. Tampoco brindan información del destino de los árboles talados para "limpiar" la selva y dedicarla a la agricultura y ganadería.

Universidad invadida

Un caso similar se agrava en el Bosque de Macuya, un espacio de selva primaria que pertenece a la Universidad Nacional de Ucayali (UNU), pero que está ubicado en la frontera con Huánuco.

Los reportes satelitales identificaron su destrucción desde 2017, cuando traficantes de tierra irrumpieron en el bosque y fueron arrasando con sus árboles para el tráfico de lotes. Las quejas de las autoridades de la UNU cayeron en saco roto por la sospechosa indiferencia (léase, complicidad) de las autoridades regionales, pero el problema se agravó cuando el año pasado los invasores asesinaron al guardaparque Julio Crisanto López, quien murió a tiros de escopeta y fue rematado a machetazos.

Días después, esos mismos invasores secuestraron a estudiantes de la UNU que trataban de registrar el bosque arrasado por los invasores. Los estudiantes fueron agredidos y sufrieron la destrucción de sus equipos (teléfonos celulares, drones, etc.) y, según sus propios testimonios, no fueron asesinados porque uno de ellos logró escapar y advirtió a otros grupos de estudiantes y a la policía.

Por el asesinato de Crisanto fueron detenidos solo dos invasores, quienes permanecieron pocos meses detenidos y ya salieron en libertad. La invasión ahora tiene nombre: "Nueva Zelanda".

El bosque, sin embargo, sigue invadido y las nuevas autoridades universitarias siguen a la espera de los avances en las investigaciones de la Fiscalía de Ucayali. Incluso, se logró un acuerdo con la PNP y las FFAA, pero hasta la fecha no se ha logrado desalojar a los invasores. Todo lo contrario.

El dato

Ojo a la denuncia. Al cierre de esta edición, el portal ojo-público.com informó sobre las presiones que sufre la Fiscalía de Loreto ante la inminente confirmación de una histórica sentencia en primera instancia contra la empresa Cacao del Norte SAC, que tiene que pagar, además, una multa de 15 millones de soles.