La oposición buscará tomar el poder inhabilitando a Pedro Castillo y Dina Boluarte
Maniobra. Como no hay votos para la vacancia, el fujimorismo y sus aliados apuntan a suspender a ambos mandatarios a través del juicio político. Es la estrategia para que el nuevo presidente del Congreso tome el Gobierno y sus secuaces se queden cinco años.
En política no existen casualidades. Y como los intentos de vacancia fracasaron, el fujimorismo y sus aliados de oposición en el Congreso apelan a otra estrategia para tomar el poder y solo convocar a elecciones presidenciales: el juicio político.
El jueves, la Comisión de Fiscalización, que preside Héctor Ventura, de Fuerza Popular, aprobó el informe del caso Sarratea, que, además de recomendar investigar una serie de delitos contra el presidente Pedro Castillo, entre ellos, organización criminal, acusa al mandatario de infracciones a la Constitución, debido a no presentarse ante la comisión y por su falta de transparencia en las reuniones de la vivienda de Breña.
El expediente se votará la próxima semana en el Pleno. Es un hecho que será aprobado. La oposición cuenta con más de 66 votos. Es suficiente.
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El trámite que sigue, explicó el exmagistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña a La República, es que el caso pase a manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se inicie el juicio político. “En la Subcomisión van a determinar a un congresista ponente para revisar las 362 páginas del informe y en función a eso decir si hay lugar al trámite del juicio. Ese caso se presenta, hay una sesión de la SAC, a la cual se invitan a los acusados o a sus abogados y después se manda el paquete a la Comisión Permanente y esta confirma lo que dice la Subcomisión y tiene tres a cuatro días para llevarlo al Pleno”, explica el abogado Espinosa-Saldaña.
Existen dos escenarios: que se vea en esta legislatura -supuestamente esta vence el 8 de julio- o la próxima. Ayer trascendió que Acción Popular pretende ampliar el periodo de María del Carmen Alva, titular del Congreso, hasta el 23 de julio. El constitucionalista advierte que en “este asunto, si hay un consenso político, se puede manejar muy rápido” el juicio político contra Castillo. Incluso, antes de que Alva deje la Mesa Directiva.
“El otro escenario, en caso demore el proceso -agrega el exmagistrado-, lo más probable es que sea un tema que vean como inicio de la próxima legislatura porque aquí van a estar en juego dos cosas más: la situación de Dina Boluarte y cuál es la nueva Mesa Directiva”. “Puedo inhabilitar a los dos (Castillo y Boluarte) y el recién nombradito presidente del Congreso asume (el Ejecutivo) y se va a la convocatoria de elecciones generales”.
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La cuestión es que los congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, de concretarse la inhabilitación de Castillo y Boluarte, y en caso el titular del Parlamento asuma las riendas del Gobierno, buscan que solo se convoque a elecciones presidenciales.
En este punto encaja el audio de María del Carmen Alva, donde se revela cómo la acciopopulista se guía de la fujimorista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, y de Gladys Echaíz, voceada a presidir el Parlamento, para sostener que los congresistas, en caso que haya nuevos comicios, deben quedarse sus cinco años.
Voceada. Gladys Echaíz, promovida para la Mesa Directiva por el fujimorismo y sus aliados. Foto: Antonio Melgarejo/ La República
El rol de la Subcomisión
Se ha hecho evidente que todo está minuciosamente planeado. Así sea express o no, ningún escenario pinta favorable para la gestión de Castillo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a donde llegará su caso, se ha vuelto una comisión donde priman los intereses políticos de la oposición. Un ejemplo de ello es cómo su presidenta Rosio Torres, de Alianza para el Progreso (APP), ha venido jugando en pared con Acción Popular, FP y Avanza País para blindar a Manuel Merino en el caso Inti y Bryan.
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Esta misma comisión deberá elegir a un parlamentario delegado para que elabore un expediente contra el presidente Castillo y también a otro que vea el caso de Boluarte, por su participación en el Club Apurímac, siendo ministra de Inclusión Social.
Ayer, la Comisión Permanente del Congreso aprobó dar trámite a la denuncia constitucional contra Boluarte. Su proceso avanza rápido. La Subcomisión de Acusaciones Constitucional tiene 15 días para emitir un expediente. Este mes, de ampliarse la legislatura, deberá comparecer ante la SAC para dar sus descargos.
El ponente con Boluarte no será un congresista de izquierda. Eso implica que el informe final recomendará inhabilitarla de la función pública. Así, el presidente Castillo no solo estará sin bancada -hace poco renunció a Perú Libre-, sino también sin vicepresidenta.
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La Mesa Directiva
Como explicó el exintegrante del Tribunal Constitucional Espinosa-Saldaña, todo se complementa con lo que será la elección de la Mesa Directiva.
Luego de quedar inhabilitados Castillo y Boluarte, quien asuma la presidencia del Congreso será el próximo mandatario de transición. La oposición necesitará, además, tener una titular de la Mesa Directiva a su medida. Por eso, el fujimorismo y sus secuaces proponen a Echaíz, pese a que ella no es del agrado del líder APP, César Acuña. Asimismo, requerirán una Comisión de Constitución acorde a sus intereses -como la tienen con Patricia Juárez- para sostener la teoría de que con el presidente y sus vicepresidenta de la República fuera del camino solo corresponde convocar a comicios presidenciales.
De esta manera las bancadas de oposición controlarán ambos poderes: Ejecutivo y Congreso. Los promotores de la inhabilitación de Castillo y Boluarte saben que les será menos complicado conseguir la mayoría simple de votos en el Pleno para inhabilitar a ambos mandatarios.
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La suspensión de estos funcionarios requiere de 66 votos, como mínimo, de los parlamentarios presentes en el hemiciclo, restando a los integrantes de la Comisión Permanente. El presidente ni la tiene segura con Perú Libre, agrupación a la que hace poco renunció y que apoyó la censura del ministro del Interior, Dimitri Senmache.
Congreso. La inhabilitación del presidente requiere de 66 votos del Pleno. Foto: Antonio Melgarejo/La República
Para el exmagistrado Eloy Espinosa Saldaña, cuando se concrete la inhabilitación del presidente y su vicepresidenta, no hay marcha atrás.
No obstante, para el constitucionalista Pedro Grandez, cabe la posibilidad de que el jefe de Estado recurra al Tribunal Constitucional debido a que, desde su punto de vista, se vulnera las competencias del Ejecutivo al suspender al presidente sin que el Poder Judicial lo haya sentenciado por las mismas acusaciones. Sin embargo, el nuevo TC también fue elegido a la medida del Congreso. Estamos ante una encrucijada sin salida para Castillo.
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Salas voceado como sucesor de Senmache
Ayer trascendió que el ministro de Cultura, Alejandro Salas, iba a reemplazar al censurado ministro del Interior, Dimitri Senmache. Salas, como sabemos, es el escudero del presidente Pedro Castillo. Sin embargo, por la tarde, Salas dijo que su asunción como titular del Mininter son especulaciones, aunque no negó aceptar el cargo, en caso se lo propongan. “Trabajo para un gobierno democrático y lo que el Gobierno determine para mi persona, siempre estoy dispuesto a trabajar por el país. Son rumores que están allí”, expresó.
El presidente Pedro Castillo, por su parte, lamentó la censura contra Senmache. “En esta decisión han primado las razones políticas. Con esta decisión, quienes más pierden son los ciudadanos”, manifestó. Según Hildebrandt en sus Trece, Silva está dispuesto a entregarse para delatar al jefe del Estado en el marco de las pesquisas del caso Puente Tarata.
Reacciones
Eloy Espinosa-Saldaña, exmagistrado del TC
“¿Cuál es la sanción del juicio político? La inhabilitación: prohibición para que uno pueda ejercer cargos públicos. Hasta 10 años te pueden poner. Si hay consenso político, puede avanzar muy rápido”.
Pedro Grandez, constitucionalista
“La Constitución no permite acusar por delitos al presidente. Y con mayor razón no puede dejarse una puerta abierta. Si el presidente no puede ser acusado por delitos, tampoco se le puede inhabilitar”.
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