Pedro Castillo: abogado del presidente evalúa ir al Tribunal Constitucional para protegerlo

El investigado presidente Pedro Castillo contestó el viernes 17 un pliego de más de cien preguntas ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y su adjunto Samuel Rojas por el caso Provías, en el que se le imputa ser el líder de una organización criminal al interior del Ejecutivo para defraudar al Estado en obras como el Puente Tarata III, en San Martín.

Castillo estuvo alrededor de tres horas contestando las preguntas en la sede principal del Ministerio Público, donde, según su abogado Benji Espinoza, se consignó la versión del mandatario “en un acta de declaración indagatoria de 32 páginas”.

Dado que hay un pedido en el Poder Judicial para anular la investigación abierta a fines de mayo contra el presidente, Espinoza evaluó los posibles escenarios de este resultado.

“Si nuestro pedido es denegado, tenemos tres días para acudir a una segunda instancia e ir a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Confiamos en que nos darán la razón (...). Luego de la justicia penal ordinaria se abre la vía de la justicia constitucional a través de una demanda de amparo que podríamos presentar y llegar al propio Tribunal Constitucional para que esta entidad reafirme lo dicho en la Constitución, como su supremo intérprete”.

“Solo en caso de que la justicia local no ofreciera un remedio a la violación de los derechos del presidente Pedro Castillo, recién podemos tocar la puerta del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, dijo el abogado a La República.

La estrategia legal del presidente apela a los artículos 117 y 99 de la carta magna del Perú, donde se establece que un mandatario solo puede ser procesado en funciones por traición a la patria, por disolver el Congreso, por impedir las elecciones o el funcionamiento del sistema electoral.

Desde el 27 de mayo, el fiscal Pablo Sánchez tuvo una interpretación distinta, ya que inició diligencias contra Castillo, algo que hasta entonces se había suspendido en casos previos como el de Martín Vizcarra y el del propio Castillo cuando Zoraida Ávalos encabezaba aún el Ministerio Público.

La posición de Sánchez fue que correspondía tomar acciones más serias por las “graves imputaciones y suficiencia de indicios” contra el presidente, pues se le acusa de ser el líder de una red criminal.

En los próximos días, el juez supremo Juan Checkley debe determinar en este sentido si corresponde mantener la investigación o la anula. Por el momento, la defensa del presidente ha señalado que “mientras no se resuelva ni exista un veredicto de nuestro pedido, hay que acatar las citaciones y comparecencias del Ministerio Público”.

Aún se evalúa asistencia de Pedro Castillo al Congreso

La Comisión de Fiscalización en el Congreso varió en la última semana la condición de testigo a investigado de Pedro Castillo para que pueda declarar el martes 21 de junio a las 9 a.m. por el caso Sarratea.

Al respecto, Benji Espinoza indicó que aún evalúan asistir a la sesión de este grupo parlamentario. “La Comisión de Fiscalización hace mal al decir que ellos están investigando lo que ya la Fiscalía de la Nación investiga (....). La Constitución, en el artículo 139, prohíbe que otra autoridad puede abocarse a un caso en trámite. El Congreso no puede meter las narices en una investigación que no le corresponde. No puede determinar responsabilidades penales”, manifestó.