El Gobierno tiene responsabilidad en las acciones de las Fuerzas Armadas y la PNP
Reacciones. Exautoridades del Mindef sostienen que la presidenta Boluarte no puede alegar desconocimiento de los operativos militares porque ellos están obligados a elevar información. Consideran que sus declaraciones son argumentos de defensa, ya que se sabe implicada.
La presidenta Dina Boluarte no solo rechazó las conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas sociales en el Perú respecto a posibles violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales. También ha marcado distancia en cuanto a su responsabilidad política y penal sobre estos hechos.
“Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando y los protocolos los deciden ellos”, ha señalado en una entrevista con El Comercio.
Esta declaración ha sido cuestionada y se le ha recordado que, de acuerdo a la Constitución, el presidente de la República es jefe supremo de las Fuerzas Armadas, por lo tanto, las FFAA están sometidas a sus órdenes y a su dirección.
El exministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido precisó que Boluarte tiene el mando, da órdenes que pueden revocar instrucciones y que, además, las FFAA, una vez cumplidas sus funciones, tienen la obligación de informar al superior; por lo tanto, el Gobierno tiene responsabilidad de todos los actos realizados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
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“La presidenta no puede alegar desinformación, tampoco no tener conocimiento de los operativos realizados porque, reitero, es una obligación, una vez ejecutadas las operaciones militares, informar a su superior, de ahí que el Gobierno debe una explicación a la ciudadanía”, sostuvo el exministro.
Agregó que es un grave error en política lavarse las manos. Indicó que no es la primera vez que el Gobierno hace una declaración de este tipo, ya que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se habría manifestado en el mismo sentido ante la Fiscalía.
Discernimiento. Pedro Cateriano indicó que es un error en política lavarse las manos. Foto: difusión
“Entonces, creo que es un error porque las FFAA han defendido el orden constitucional, no avalaron el golpe de Estado de Pedro Castillo. Echarles toda la responsabilidad a las FFAA es algo difícil de entender, teniendo en cuenta que es un Gobierno que pretende quedarse hasta el 2026. La presidenta está obligada a dar órdenes, las FFAA cumplen con sus directivas. Y si tenemos una presidenta que no está dispuesta a ejercer el poder ni a asumir su responsabilidad como jefa suprema de las FFAA, estamos en una situación complicada”, afirmó Pedro Cateriano, quien también indicó que la responsabilidad política recae asimismo en los ministros que ocuparon las carteras de Defensa y del Interior.
Fue una decisión política
Sobre la postura que ha tomado Dina Boluarte también se pronunció el exviceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa José Robles Montoya, quien recordó que la toma de decisión en el más alto nivel del empleo de la fuerza armada es una decisión política.
“La fuerza armada por ley no sale de sus cuarteles si no es por una declaratoria de estado de emergencia, donde se tipifica específicamente por qué sale la fuerza armada, para qué sale, qué derechos se restringe y quién asume la dirección de ese estado de emergencia: la policía o la fuerza armada”, explicó.
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También mencionó que, para el cumplimiento de sus misiones, la fuerza armada tiene planes con protocolos que a su vez tienen una normativa firmada por políticos.
“Entonces, no me pueden decir que ellos tienen sus protocolos y hacen lo que les da la gana. Las FFAA están inmersas en el sistema democrático, responden y obedecen al Estado, y la norma que rige al Estado es la Constitución”, anotó.
Además, José Robles refirió que para la declaratoria del estado de emergencia se reunieron el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, integrado por los ministros de Defensa, Interior, Justicia, Relaciones Exteriores, Economía, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la DINI.
“Yo no sé porque no he estado ahí, no sé si en algún momento la presidenta o el premier o el ministro hayan dicho dispara. Lo único que hay es que la presidenta ha ordenado la salida de las fuerzas armadas y tiene que asumir las consecuencias políticas de lo que está disponiendo. Y eso se ha dispuesto en un Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que lleva la firma de la presidenta de la República, del premier y de los ministros que integran ese consejo”, sostuvo.
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Llamó la atención de José Robles el silencio dentro de las Fuerzas Armadas, que la Asociación de Oficiales y Generales no hayan dicho algo respecto a la actitud que ha tomado la presidenta Dina Boluarte.
“El jefe del Comando Conjunto no ha reclamado, los comandantes generales calladitos. Por eso yo digo: Los silencios en este caso gritan más fuerte que el propio ruido”, anotó el exviceministro de Defensa.
Delito por omisión
Juan José Quispe, abogado penalista de IDL, entidad que patrocina a las víctimas de las protestas de Ayacucho, Cusco y Apurímac, calificó como falsa la declaración de la mandataria.
“Lo que es cierto es que la señora Boluarte, desde las sesiones de Consejo de Ministros que se realizaron a partir del 7 de diciembre del 2022 y donde ella presidía junto con el premier y los ministros de Defensa y del Interior, se gestaron las órdenes, y por tanto la responsabilidad penal para estos altos funcionarios del Estado, y desde ahí se determinó cómo, cuándo y dónde iban a develarse las protestas sociales”, indicó el abogado.
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Además, dio un dato adicional. Dijo que Dina Boluarte y los altos funcionarios que se reunieron en Consejo de Ministros diseñaron la forma del desalojo y cómo reprimir las protestas sociales, cometiendo lo que en derecho penal se llama el delito de comisión por omisión.
“Significa que ellos, teniendo el deber de garantes de la vida de los peruanos a partir de las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Perú y de los convenios y tratados internacionales, no hicieron nada para evitar el mayor de los derramamientos de sangre producidos en la historia del país después que hemos regresado a la democracia”, expuso.
Represión. Informes de organismos de derechos humanos señalaron uso excesivo de la fuerza. Foto: Antonio Melgarejo/La República
En la misma línea se pronunció la abogada de Aprodeh Gloria Cano. La letrada sostuvo que las declaraciones de Dina Boluarte son meros argumentos de defensa.
“Ella sabe que está implicada, sabe que va a ir presa, sabe que es responsable; y por eso está ya practicando argumentos de defensa. Lo que está tratando de hacer es implicar a otros para que no la responsabilicen a ella”, anotó Cano.
“Ellos tienen su propia ley y obedecen a sus comandos”
Algunas declaraciones que dio Dina Boluarte a El Comercio: “La Policía y las Fuerzas Armadas tienen su decreto legislativo que los ampara y los protege. Nosotros, como Gobierno, hemos estado dando estados de emergencia porque se incendiaba el país”.
“Se toma la decisión de colocar al ministro Otárola como premier, y fue para generar una estabilidad política en el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque ni los ministros ni la presidenta tenemos comando para poder decidir sobre los protocolos que las FFAA y la Policía Nacional tienen. Ellos tienen su propia ley, pero también sus propios protocolos. ¿A quién obedecen? A sus comandos. Nosotros no tenemos comando”, sostuvo la jefa del Estado en entrevista el domingo.
Reacciones
José Robles, exviceministro de Defensa
“Hay responsabilidades que tienen que ser asumidas, no se puede echar la culpa a los militares y decir que ellos tienen sus protocolos. Las FFAA tienen tratamiento constitucional; eso lo sabe el premier Otárola como constitucionalista”.
Yovana Mendoza, Por víctimas de protestas
“La señora Dina y el señor Otárola están mintiendo como cualquier persona a la que encuentran cometiendo un delito y para defenderse lo único que hace es mentir. ¿Cómo no van a tener culpa la presidenta y el primer ministro?”.
