CIDH: informe habla de masacre y ejecuciones extrajudiciales

“Me gustaría comenzar expresando, una vez más, mi solidaridad con las familias de quienes perdieron la vida en el contexto de las protestas sociales, así como con las personas heridas”, dijo la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, al presentar el informe sobre los sucesos en el marco de las protestas sociales contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso.

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Refirió que la respuesta de las fuerzas del orden no fue uniforme en todo el territorio nacional y hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos específicos, y que hubo una fuerte estigmatización racial y por ser de provincias a quienes un sector de la población tildó de “terrucos”, “cholos” o “indios”, entre otras calificaciones.

Sostuvo que la CIDH halló que se produjeron graves violaciones de derechos humanos “que deben ser investigadas con la debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”.

Agregó que, al haber sido perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.  Y en el caso de Ayacucho, al tratarse de “múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de manera, tiempo y lugar, podrían clasificarse como una masacre”.

Estos calificativos no fueron del agrado de la jefa del Estado ni de congresistas o políticos de derecha.

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Sin impunidad

La CIDH hizo 36 recomendaciones al Estado, a las que harán seguimiento para verificar su cumplimiento.

Una de ellas es que se investiguen los hechos de manera independiente y con celeridad, contando con las debidas garantías judiciales, y para ello deben incrementarse los recursos al Ministerio Público.

Ante una pregunta de los medios, el comisionado Stuardo Ralón no descartó que el caso pueda llegar a la comisión e incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo el procedimiento establecido.

 “¿Si podría ser un sustento legal el informe para llegar al Sistema Interamericano? Como órgano subsidiario y complementario, efectivamente, la comisión podría en algún momento llegar a conocer algunos de estos hechos si no son resueltos en la esfera nacional, deben agotarse los procedimientos internos”, sentenció, remarcando que Perú es uno de los países del Sistema Interamericano con más sentencias en casos de derechos humanos, algunos por graves violaciones, especialmente de la época del conflicto armado interno.

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La Defensoría del Pueblo

La institucionalidad democrática también fue analizada en el documento, pues las protestas sociales evaluadas se produjeron tras el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, hoy en prisión.

Al respecto recomendó reforzar la confianza de la población mostrando una real separación e independencia de los poderes públicos. Instó a no adoptar reformas legislativas que debiliten la autonomía del sistema electoral y el Poder Judicial.

Asimismo, planteó el fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo, y en clara alusión al Congreso instó a adoptar medidas para que el proceso de selección de su titular se haga de forma participativa, transparente y con base en méritos y calidades profesionales.

Además, solicitó que se delimiten las figuras que han generado la crisis política, como la acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la disolución del Congreso.

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Versión estatal

El comisionado Ralón recalcó la objetividad del informe presentado, que fue previamente enviado al Ejecutivo, el que hizo 178 observaciones, todas las cuales se incluyeron en el documento.

El texto reconoce que hubo hechos de violencia y vandalismo, lo que no forma parte del derecho a la protesta, como ataques a instituciones públicas y privadas, algunas de las cuales fueron quemadas, como varias sedes del Ministerio Público y el Poder Judicial. Sin embargo, todo ello no justifica las violaciones a derechos humanos cometidas.

Boluarte cuestiona conclusiones

La presidenta Dina Boluarte rechazó las conclusiones del informe de la misión de la CIDH que visitó el Perú y afirmó que no se produjeron ejecuciones ni masacres.

“Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se menciona de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, manifestó la mandataria.

Indicó que las muertes producidas en las protestas son investigadas por el Ministerio Público. Sin embargo, como reveló hace unos días La República, los casos están paralizados desde hace un mes, cuando se formó un equipo especial para verlo desde Lima.

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El dato

Defensa. El premier Otárola recalcó que el informe de la CIDH no atribuye responsabilidad a ninguna autoridad. Pero como se recuerda, él y Boluarte están siendo investigados por la Fiscalía. Dijo que las recomendaciones se implementarán de forma gradual.