¿Cuántas fiscalías de derechos humanos fueron desmanteladas en el Gobierno de Boluarte?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe final sobre sus dos visitas al Perú, realizadas en diciembre del año 2022 y en enero del presente año, en la que constató un total de 477 manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de La República. Además, en el documento, el organismo internacional determinó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hicieron un “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”.

Otra de las conclusiones del informe de la CIDH fue que en Ayacucho se perpetraron “graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”. Esto se vio reflejado en el alto número de muertes y heridos con lesiones de armas de fuego en la parte superior del cuerpo. Entre las víctimas también se encontraban personas que no estaban participando en las protestas o se ubicaban alrededor de las zonas de conflicto.

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En ese sentido, la Comisión estableció que estos hechos deben ser “investigados, juzgados y sancionados”. Por ello, entre sus principales recomendaciones para la “lucha contra la impunidad”, la CIDH sugirió “aumentar el número de fiscalías especializadas en derechos humanos para que tengan presencia en todo el país”. Sin embargo, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, hizo lo contrario en enero de este año.

¿Qué sucedió con las fiscalías especializadas en derechos humanos en Perú?

Sin embargo, el 13 de enero, mientras que a nivel nacional se enumeraban una gran cantidad de muertos y heridos debido a la violenta represión policial en las protestas, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió dividir la Fiscalía Superior Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo, mediante la Resolución de la Junta De Fiscales Supremos Nº 008-2023, en:

• Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad.
• Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Delitos de Terrorismo y delitos conexos.

De esta manera, en la práctica, desmanteló casi a la mitad las 12 fiscalías especializadas en casos de violación a los derechos humanos.

¿Cuántas fiscalías de derechos humanos había en el Perú antes de la división que hizo la fiscal de la Nación?

Hasta el jueves 12 de enero, existían dos fiscalías superiores nacionales y 10 fiscalías supraprovinciales que estaban distribuidas de la siguiente manera:

• Tres en Lima.
• Dos en Ayacucho.
• Uno en Pichari-Cusco.
• Uno en Huánuco.
• Uno en Apurímac.
• Uno en Junín.
• Uno en Huancavelica.

El 13 de enero, Patricia Benavides desactivó las fiscalías supraprovinciales ubicadas en Huancavelica, Huánuco y Pichari, Cusco; y pasó a crear nuevas fiscalías en La Libertad, Madre de Dios y Ucayali, lugares en donde casi no se reportan casos de violación a los derechos humanos. A su vez, eliminó una de las fiscalías superiores nacionales.

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De esta manera, quedaron solo una fiscalía superior y nueve fiscalías supraprovinciales especializadas en DD. HH. e interculturalidad. No obstante, seis fiscalías supraprovinciales recibieron el 90% de la carga existente, se amplio su jurisdicción, redujeron el 50% de su persona y tenían a su cargo los casos de las 45 muertes en protestas por impacto de armas de fuego.

Posteriormente, la fiscal creó una Segunda Fiscalía Superior para casos de derechos humanos en todo el territorio peruano. A su vez, decidió trasladar la sede de La Libertad a Puno debido a que en la región norteña no había casos, mientras que en Puno se debía investigar las muertes en protestas.

¿Cuántas fiscalías de Derechos humanos tenemos a nivel nacional?

Actualmente, el Perú tiene siete fiscalías que ven casos de violación de derechos humanos: dos fiscalías superiores nacionales, y nueve fiscalías supraprovinciales:

• Dos en Lima
• Dos en Ayacucho
• Uno en Junín
• Uno en Apurímac.
• Uno en Puno
• Uno en Madre de Dios
• Uno en Ucayali

¿Cuáles fueron las recomendaciones principales de la CIDH en su informe sobre Perú?

Diálogo y superación de la crisis

• Diseñar e implementar una estrategia de diálogo genuino, con enfoque étnico y territorial.
• Garantizar la participación de pueblos indígenas y comunidades campesinas en los espacios de toma de decisión sobre políticas, programas y otras medidas relacionadas con asuntos de interés nacional.
• Diseñar una política pública con alcance nacional y con perspectiva de derechos humanos, que esté dirigida a la eliminación y prevención de la discriminación y estigmatización de personas con base en su origen étnico-racial o condición socioeconómica.

Seguridad ciudadana

• Adoptar un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación para las fuerzas de seguridad que intervienen en el desarrollo de las manifestaciones y protestas para que su actuación priorice la defensa de la vida y la integridad de todas las personas.
• Adoptar medidas para asegurar que el uso de la fuerza por parte de agentes estatales se ajuste a los principios de legalidad, necesidad y, especialmente, el de proporcionalidad.
• Tomar las medidas normativas necesarias para que las armas de fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales.
• Adoptar las medidas normativas para garantizar que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana esté primariamente reservado a los cuerpos de seguridad civiles.
• Asegurar que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad sea extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las autoridades civiles.

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Reparación y atención a víctimas de violaciones de derechos humanos

• Adoptar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales, las cuales deberán incluir acciones de compensación; satisfacción; rehabilitación médica y psicológica; rehabilitación social; verdad y justicia, y garantías de no repetición.
• Reparar integralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. Esto exige que se investigue, juzgue, y sancione a todas las personas responsables.
• Proveer atención médica inmediata e integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias, tanto médica especializada como psicológica.
• Asegurar que las medidas de reparación tengan un enfoque de pertinencia cultural, de género e interseccionalidad en derechos humanos.
• Asegurar que las medidas de reparación adopten un enfoque de género que reconozca los impactos diferenciados de las pérdidas de vidas humanas en las mujeres que como consecuencia de los hechos quedaron a cargo del sustento familiar y la búsqueda de justicia.
• Adoptar las medidas necesarias para incorporar el enfoque de interés superior de la niñez, tanto en las políticas, protocolos y planes operativos referidos al control de la seguridad ciudadana.

Lucha contra la impunidad

• Investigar todos los hechos registrados en el presente informe, en particular las presuntas violaciones de derechos humanos de manera célere, seria, eficaz, independiente y con atención a las debidas garantías judiciales.
• Incrementar los recursos del Ministerio Público para asegurar el cabal desempeño de sus funciones de prevención e investigación del delito.
• Adoptar medidas de fortalecimiento institucional dirigidas a brindar condiciones de seguridad a las personas funcionarias del Ministerio Público.
• Aumentar el número de fiscalías especializadas en derechos humanos para que tengan presencia en todo el país.
• Adoptar medidas adicionales de fortalecimiento institucional del Instituto de Medicina de Legal y Ciencias Forenses para dotarlo de recursos humanos, técnicos y científicos para el cabal desempeño de sus funciones.
• Sistematizar mediante un registro integral de los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas y víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales de manera transparente, actualizada, clara, concisa.

Institucionalidad democrática

• Tomar medidas con el objeto de reforzar y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Estado a partir de la separación e independencia práctica, real y efectiva de los poderes públicos, entes de control y del Sistema Electoral.
• Abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral o del Poder Judicial.
• Delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y disolución unilateral del Congreso.
• Adoptar medidas de fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo considerando la importante labor que desempeña.
• Adoptar medidas para asegurar que el proceso de selección de la persona titular de la Defensoría sea participativo, transparente, pluralista.
• Ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de intolerancia.
• Adoptar medidas dirigidas a mejorar y garantizar la participación política representativa de pueblos indígenas y comunidades campesinas de las distintas regiones del Perú.

Libertad de expresión, reunión y asociación

• Diseñar e implementar una política pública nacional permanente dirigida a la protección de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y libertad de asociación.
• Elaborar campañas pedagógicas de alcance nacional para que la ciudadanía conozca sus derechos y alternativas de protección y crear misiones interinstitucionales para que, en el marco de protestas y manifestaciones, observen y, de ser el caso, presten apoyo a las personas que requieren algún tipo de asistencia o protección.
• Abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten la violencia contra las personas que participan de las protestas.
• Asegurar que las limitaciones al derecho de reunión pacífica sean excepcionales y observen los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.
• Adoptar las medidas necesarias para asegurar que la disolución de las protestas tenga un carácter excepcional, de forma que solo proceda ante un riesgo grave para la vida o integridad física de las personas.
• Respetar y garantizar el derecho a registrar y difundir cualquier incidente en el marco de las protestas, tomando especialmente en cuenta la función que camarógrafos, fotorreporteros y periodistas que cubren las protestas.
• Revisar y actualizar los protocolos de protección de periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, detenciones, intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo.
• Realizar campañas y otras medidas de incidencia en la cultura institucional sobre el deber de las y los funcionarios de abstenerse de estigmatizar y obstaculizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
• Adoptar las disposiciones necesarias para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de todas y cada una de las personas que dialogaron y testificaron ante la Comisión Interamericana en sus visitas.