CIDH emite recomendaciones al Estado peruano por violaciones en protestas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó 2 visitas al Perú: en diciembre del año 2022 y en enero del presente año. En total, hubo 477 manifestaciones y, según la CIDH, “la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”.
La mañana de este miércoles 3 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe final sobre la situación social y política en el país en el marco de las protestas contra Dina Boluarte y el Congreso de la República que se realizaron durante diciembre del 2022 y enero y febrero de 2023. En el curso de las movilizaciones, se denunció casos de violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y militares en las regiones que se declararon en insurgencia, como Apurímac, Ayacucho y Puno.
La CIDH determinó que la mayoría de muertos y heridos fueron víctimas del “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, la comisión advirtió que en Ayacucho se perpetraron “graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”.
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En esa línea, la CIDH emitió su informe final, en el que concluye 12 puntos y da un total de 36 recomendaciones que el Estado peruano debe seguir.
Conclusiones de la CIDH: “Hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza”
Discrimnación, polarización y desconfianza
Una de las primeras conclusiones del informe de la CIDH fue que las protestas iniciadas el 7 de diciembre del año pasado tuvieron “demandas políticas explícitas y coyunturales, como es el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente” que se basan en “justas reivindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas, como el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, así como mayor representación política”.
“Las provincias apartadas de la capital demandan que se valore la diversidad étnico-racial del país, no ser estigmatizadas, ser consultadas sobre los proyectos extractivos que pueden tener impactos considerables en su territorio, y que la riqueza que éstos generan se distribuya equitativamente”, describió la comisión. “Las demandas deben ser atendidas considerando el respeto al Estado de Derecho y al debido proceso”, agregó.
En esa línea, la comisión también concluyó que “existe una fuerte tensión entre Lima y las regiones especialmente del sur del país donde predomina la población indígena y campesina”. Esto, además de las confrontaciones entre los poderes públicos y la crisis de institucionalidad democrática, agudizaron “la polarización y desconfianza de la ciudadanía en las instituciones”.
Protestas y “uso excesivo” de las fuerzas del Estado
La comisión contabilizó un total de 477 manifestaciones a nivel nacional, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de este año. Es así que reiteró que la protesta social es un elemento esencial para la existencia y funcionamiento de la democracia. Además, apuntó que es “un derecho que, en contextos de crisis políticas sostenidas, puede constituirse como la única vía de participación política para comunidades sobre las que se ejerce discriminación estructural, exclusión política y social”.
Además, resaltó que el Perú cuenta con un “marco normativo que, de manera general, protege el derecho a la protesta y regula el uso excepcional de la fuerza y la participación del Ejército en labores de seguridad ciudadana”. Sin embargo, la comisión reconoció que también “se registraron situaciones de violencia que no están protegidas por el derecho a la protesta y que no eximen la responsabilidad del Estado respecto a las violaciones de derechos humanos”.
Las familias de los asesinados en protestas en Perú recibirán apoyo económico de 50 mil soles. Foto: composición LR/Archivo
La CIDH observó que “la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”. Es así que, luego de recibir información en distintas regiones como Lima, Ica, Arequipa y Cusco, la comisión concluyó que “la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”.
Ello fue confirmado por “factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados”.
Masacre en Ayacucho
Lo ocurrido en Ayacucho fue uno de los puntos más observados por la CIDH, quienes concluyeron que “se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”.
La comisión aseveró que estas muertes podrían considerarse “ejecuciones extrajudiciales”, al ser “perpetradas por agentes del Estado”. Además, ya que fueron un gran número de asesinatos, “podrían calificarse como una masacre”, debido a las “circunstancias de modo, tiempo y lugar”.
Despedida de Jhonatan Alarcón, la víctima número 10, quien murió por un proyectil de arma de fuego atribuida a militares. Foto: LR/Archivo.
Violación de derechos humanos en Juliaca
Sobre el caso de Juliaca, la comisión determinó que, durante una “compleja situación violenta” que inició dentro del perímetro del aeropuerto, “se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas”.
Por otro lado, la CIDH constató una fuerte estigmatización por “factores étnicos-raciales y regionales”, a través de mensajes que relacionan a los ciudadanos indígenas y campesinos como “‘terroristas’, ‘terrucos’, ‘senderistas’, ‘cholos’ o ‘indios’, entre otras formas despectivas”. “Estos mensajes no son inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población”, recalcó la comisión.
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La comisión aseguró que estas graves violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas por las fiscalías especializadas. “Deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales dentro de un plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso”, añadió.
En esa línea, el informe también concluyó que los responsables deben ser sancionados penalmente. En tanto, las víctimas deberán ser reparadas de manera integral. Por último, la CIDH estableció que la crisis en el Perú necesita de un diálogo efectivo para superarse. “El diálogo debe ser amplio, genuino e inclusivo, con enfoque intercultural y territorial, donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados”, finalizó.
Recomendaciones de la CIDH: “Abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten la violencia”
La comisión, en su informe, entregó al Estado peruano 36 recomendaciones para superar la crisis social e institucional que exite en el país. Estas son:
Diálogo y superación de la crisis
- Diseñar e implementar una estrategia de diálogo genuino, con enfoque étnico y territorial.
- Garantizar la participación de pueblos indígenas y comunidades campesinas en los espacios de toma de decisión sobre políticas, programas y otras medidas relacionadas con asuntos de interés nacional.
- Diseñar una política pública con alcance nacional y con perspectiva de derechos humanos, que esté dirigida a la eliminación y prevención de la discriminación y estigmatización de personas con base en su origen étnico-racial o condición socioeconómica.
Seguridad ciudadana
- Adoptar un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación para las fuerzas de seguridad que intervienen en el desarrollo de las manifestaciones y protestas para que su actuación priorice la defensa de la vida y la integridad de todas las personas.
- Adoptar medidas para asegurar que el uso de la fuerza por parte de agentes estatales se ajuste a los principios de legalidad, necesidad y, especialmente, el de proporcionalidad.
- Tomar las medidas normativas necesarias para que las armas de fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales.
- Adoptar las medidas normativas para garantizar que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana esté primariamente reservado a los cuerpos de seguridad civiles.
- Asegurar que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad sea extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las autoridades civiles.
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Reparación y atención a víctimas de violaciones de derechos humanos
- Adoptar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales, las cuales deberán incluir acciones de compensación; satisfacción; rehabilitación médica y psicológica; rehabilitación social; verdad y justicia, y garantías de no repetición.
- Reparar integralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. Esto exige que se investigue, juzgue, y sancione a todas las personas responsables.
- Proveer atención médica inmediata e integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias, tanto médica especializada como psicológica.
- Asegurar que las medidas de reparación tengan un enfoque de pertinencia cultural, de género e interseccionalidad en derechos humanos.
- Asegurar que las medidas de reparación adopten un enfoque de género que reconozca los impactos diferenciados de las pérdidas de vidas humanas en las mujeres que como consecuencia de los hechos quedaron a cargo del sustento familiar y la búsqueda de justicia.
- Adoptar las medidas necesarias para incorporar el enfoque de interés superior de la niñez, tanto en las políticas, protocolos y planes operativos referidos al control de la seguridad ciudadana.
Lucha contra la impunidad
- Investigar todos los hechos registrados en el presente informe, en particular las presuntas violaciones de derechos humanos de manera célere, seria, eficaz, independiente y con atención a las debidas garantías judiciales.
- Incrementar los recursos del Ministerio Público para asegurar el cabal desempeño de sus funciones de prevención e investigación del delito.
- Adoptar medidas de fortalecimiento institucional dirigidas a brindar condiciones de seguridad a las personas funcionarias del Ministerio Público.
- Aumentar el número de fiscalías especializadas en derechos humanos para que tengan presencia en todo el país.
- Adoptar medidas adicionales de fortalecimiento institucional del Instituto de Medicina de Legal y Ciencias Forenses para dotarlo de recursos humanos, técnicos y científicos para el cabal desempeño de sus funciones.
- Sistematizar mediante un registro integral de los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas y víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales de manera transparente, actualizada, clara, concisa.
A la espera de justicia. Familias de los caídos en las protestas de Juliaca perciben que las investigaciones se retrasarán más cuando los casos vayan a Lima. Foto: LR/Archivo
Institucionalidad democrática
- Tomar medidas con el objeto de reforzar y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Estado a partir de la separación e independencia práctica, real y efectiva de los poderes públicos, entes de control y del Sistema Electoral.
- Abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral o del Poder Judicial.
- Delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y disolución unilateral del Congreso.
- Adoptar medidas de fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo considerando la importante labor que desempeña.
- Adoptar medidas para asegurar que el proceso de selección de la persona titular de la Defensoría sea participativo, transparente, pluralista.
- Ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de intolerancia.
- Adoptar medidas dirigidas a mejorar y garantizar la participación política representativa de pueblos indígenas y comunidades campesinas de las distintas regiones del Perú.
Libertad de expresión, reunión y asociación
- Diseñar e implementar una política pública nacional permanente dirigida a la protección de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y libertad de asociación.
- Elaborar campañas pedagógicas de alcance nacional para que la ciudadanía conozca sus derechos y alternativas de protección y crear misiones interinstitucionales para que, en el marco de protestas y manifestaciones, observen y, de ser el caso, presten apoyo a las personas que requieren algún tipo de asistencia o protección.
- Abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten la violencia contra las personas que participan de las protestas.
- Asegurar que las limitaciones al derecho de reunión pacífica sean excepcionales y observen los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.
- Adoptar las medidas necesarias para asegurar que la disolución de las protestas tenga un carácter excepcional, de forma que solo proceda ante un riesgo grave para la vida o integridad física de las personas.
- Respetar y garantizar el derecho a registrar y difundir cualquier incidente en el marco de las protestas, tomando especialmente en cuenta la función que camarógrafos, fotorreporteros y periodistas que cubren las protestas.
- Revisar y actualizar los protocolos de protección de periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, detenciones, intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo.
- Realizar campañas y otras medidas de incidencia en la cultura institucional sobre el deber de las y los funcionarios de abstenerse de estigmatizar y obstaculizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
- Adoptar las disposiciones necesarias para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de todas y cada una de las personas que dialogaron y testificaron ante la Comisión Interamericana en sus visitas.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Sabado 23 de Noviembre del 2024