Defensoría sobre informe de la CIDH: el Estado tiene el deber de adoptar recomendaciones

Documento final podría ser considerado en fueros internacionales, siempre y cuando la investigación en Perú sea irresuelta.

En regiones donde hubo más muertos, la organización de las marchas fue de campesinos y pueblos indígenas. Foto: Wilber Huacasi/La República
En regiones donde hubo más muertos, la organización de las marchas fue de campesinos y pueblos indígenas. Foto: Wilber Huacasi/La República

Respaldo. La Defensoría del Pueblo consideró, después de la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que "el Estado peruano, mediante sus instituciones (...), tiene el deber de adoptar las recomendaciones por el compromiso con los DD. HH". En su pronunciamiento, el órgano constitucionalmente autónomo —en la mira del Congreso— informó sobre el estudio de la Comisión. En diciembre del 2022 y enero del 2023, misiones de comisionados visitaron Apurímac, Ayacucho, Lima, Puno e Ica. El rango de tiempo empleado coincide con lo más de 50 muertos en las marchas antigubernamentales. Además, entrevistaron a 55 peruanos que dicen ser víctimas de violaciones a la integridad humana.

El Gobierno participó en la elaboración del documento porque, en su calidad de integrante de la Organización de Estados Americanos (OEA), le fue remitida la indagación. De hecho, el régimen de Dina Boluarte y Alberto Otárola envió sus "observaciones" el 30 de marzo del 2023. La CIDH añadió "las partes pertinentes" antes de aprobar la versión final.

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Inclusión del Gobierno en el informe. Foto: captura de pantalla/CIDH

Inclusión del Gobierno en el informe. Foto: captura de pantalla/CIDH

Reacciones

En su reciente conferencia de prensa, la sucesora de Pedro Castillo en el mando "rechazó" la "calificación" de 'ejecuciones extrajudiciales' y 'masacre' proveniente de la CIDH. La Comisión consideró, luego de inmiscuirse en las 19 muertes en Juliaca (Puno) y las 10 de Ayacucho, que los decesos constituyeron los términos negados por Boluarte Zegarra. El guatemalteco Stuardo Ralón, uno de los comisionados, fue consultado en RPP por la terminología empleada. "‘Masacre’ es cuando ocurren hechos violentos, donde por lo menos más de tres personas pudieron haber perdido la vida, no se habla de una situación que pueda tener connotaciones diferentes como cuando se está en un conflicto armado interno o una situación de ese tipo. Se establece además que esas situaciones deben investigarse”, explicó.

Agrupaciones sin ánimos de lucro como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDHH) expusieron su parecer sobre la respuesta institucional al informe. “Condenamos el negacionismo al descalificar el documento que la CIDH presentó (...) y exhortamos a las autoridades a respetar el trabajo de la Comisión", redactaron.

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