Gobierno propone reformar juicio y antejuicio político

¿Contrataque o bote salvavidas? El presidente Pedro Castillo presentó al Congreso un proyecto de Ley para modificar los artículos 99° y 100° de la Constitución. Estos artículos establecen el juicio y antejuicio políticos por infracción constitucional y/o comisión de delitos de las altas autoridades públicas.

En la norma vigente ambos procedimientos están a cargo del Congreso. La propuesta propone que el juicio político, previsto en el artículo 99°, continúe en manos del Parlamento, con un ligero cambio.

La propuesta plantea que por respeto al debido proceso, los miembros de la Subcomisión de Acusación Constitucional, que investigan y acusan, no voten en la Comisión Permanente. La sanción final, de suspensión, inhabilitación o destitución, permanece en manos del pleno del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, como es actualmente.

Antejuicio

El principal cambio que propone es en el artículo 100°, sobre el antejuicio para levantar la inmunidad de la que gozan las altas autoridades por la comisión de un delito en el ejercicio del cargo.

El Ejecutivo plantea dejar el antejuicio político en manos de una comisión especial de la Corte Suprema, integrada por los tres jueces supremos titulares más antiguos. Al día de hoy, se trata de los magistrados César San Martín Castro, Víctor Prado Saldarriaga y Ana María Aranda Rodríguez.

Así, la fiscal de la Nación, de oficio o por denuncia de parte, ya no presentará la denuncia constitucional al Congreso. La denuncia la presentará a esta comisión especial. Los tres magistrados se encargaran de establecer si hay causa probable y, de resolver a favor, autorizan a la fiscal de la Nación a iniciar la investigación preparatoria, ante el juez penal competente. Los tres jueces que integran esta comisión no volverán a intervenir en ninguna otra etapa del proceso.

Debate en el Congreso

Al tratarse de dos reformas constitucionales, en principio, el proyecto del Ejecutivo deberá discutirse en la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la fujimorista Patricia Juárez. Y ahí comenzarán los problemas.

Por las características de esta iniciativa, según diversas fuentes, no será prioridad en la comisión de Juárez. Lo primordial para el fujimorismo y sus aliados, en estas dos semanas que quedan de legislatura, es la aprobación del retorno a la bicameralidad y la reelección congresal sucesiva.

La legislatura vence el 8 de julio. La reforma del Ejecutivo necesita 87 votos a favor en dos sesiones del pleno de dos legislaturas diferentes. Por cuestiones de tiempo y voluntad política, es complicado que la comisión de Juárez tenga un dictamen listo en estas dos semanas. Se tomarán su tiempo.

Resulta curioso, pues para el dictamen de retorno a la bicameralidad y reelección congresal, que implica 53 reformas constitucionales, la comisión de Juárez tuvo un dictamen listo y aprobado en dos semanas.

En un escenario utópico para el gobierno, si su propuesta se aprueba antes del 8 de julio, tendrá que ser ratificado en la siguiente legislatura. Solo así tendrá vigencia para fines de este año.

Si recién se debate en la nueva legislatura de julio y es aprobada con 87 votos en el Pleno. La decisión deberá ratificarse en la legislatura posterior con la misma cantidad de votos. Así, la reforma recién entrará en vigencia en el segundo semestre del 2023. Hasta eso, cualquier maniobra es posible.

Arma política

El antejuicio y el juicio político son dos figuras que han sido utilizadas en el Congreso con fines de rivalidad política o de represalia o de blindaje. Los casos más recientes de encubrimiento son contra el excontralor Edgar Alarcón y el exfiscal Pedro Chávarry, quienes fueron salvados en el Pleno de ser inhabilitados.

Del mismo modo, el último jueves la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosio Torres, solicitó a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, enviar al archivo una denuncia constitucional contra el excongresista Héctor Becerril por tráfico de influencias.

A eso se suma el caso Inti y Bryan. El informe del congresista Alejandro Cavero, que recomienda archivar las denuncias contra el expresidente Manuel Merino y sus exministros Ántero Flores–Aráoz y Gastón Rodríguez, fue aprobado y estos tres exfuncionarios quedarán libres de las investigaciones del Ministerio Público.

La Fiscalía se ha visto atada de manos. Cada vez que presenta alguna denuncia contra un exalto funcionario surge la posibilidad de que las bancadas los terminan blindando y las pesquisas quedan estancadas.

El proyecto del Ejecutivo apunta a restarles ese poder, como explica el constitucionalista Omar Cairo, eximiendo al Parlamento de la responsabilidad de aprobar o no el antejuicio a las altas autoridades: presidente, ministros, congresistas, contralor, jueces y fiscales supremos.

“Me parece importante que el antejuicio sea decidido por la Corte Suprema porque eso evita que sea usado como un arma de encubrimiento desde una mayoría parlamentaria”, explicó Cairo.

Por el lado del Gobierno están las denuncias contra el exministro Juan Silva y los seis congresistas de Acción Popular conocidos como “Los Niños”. La fiscal de la Nación ya no los denunciaría al Congreso, sino ante la comisión de la Corte Suprema.

El caso de Dina Boluarte es político y continuaría en el Congreso. Respecto al presidente Castillo, la Corte Suprema ya dijo que puede ser investigado, pero no acusado.

Proyecto de ley

Jueces con más años en la corte suprema de justicia

• César San Martín Castro, juez supremo
• Víctor Prado Saldarriaga, juez supremo
• Ana María Aranda, juez supremo