Héctor Becerril: las denuncias que recaen en su contra y que buscan blindar desde el Congreso
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe elaborado por el congresista Alejandro Muñante en el que recomendaba archivar la denuncia contra el fujimorista por el presunto delito de tráfico de influencias.
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El pasado lunes 20 de junio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales solicitó, en un oficio, a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, archivar la denuncia constitucional contra el exparlamentario fujimorista Héctor Becerril, conforme a su acuerdo por mayoría, que decidió aprobar el informe elaborado por Alejandro Muñante (Renovación Popular).
De tramitarse la petición del grupo de trabajo parlamentario presidido por Rosio Torres, de Alianza para el Progreso (APP), Becerril Rodríguez será blindado en el Legislativo tras ser acusado de cometer el presunto delito de tráfico de influencia agravado, según la denuncia que presentó la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos en el 2020.
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De acuerdo a la denuncia constitucional 188 (ex-368), al fujimorista se le sindica de haber infringido el artículo 400 del Código Penal cuando fue congresista por presuntamente pedir al entonces alcalde de Aucallama, Pedro Salguero Dulanto, pagar una deuda de S/ 248.565 que mantenía con la empresa Red Medical Dental & Businees EIRL, compañía en el trabajaba su hermano Segundo Becerril. A cambio, se comprometió a gestionar un proyecto de saneamiento.
Antecedente. Fujimorista Becerril buscó castigar a los fiscales. Foto: difusión
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Becerril y su denuncia por el presunto delito de organización criminal
El hecho se enmarca dentro de las investigaciones por el caso Los Temerarios del Crimen, una organización criminal que operaba en Chiclayo y era liderada por el exalcalde de dicha ciudad David Conejo Chinguel, en el que Becerril Rodríguez formaría parte.
Por ello, la entonces fiscal de la Nación Zoraida Ávalos también presentó otra denuncia constitucional contra Héctor Becerril por el presunto delito de organización criminal. Para el Ministerio Público, el excongresista habría gestionado asignación presupuestal que era captada por la organización criminal, a cambio de beneficios patrimoniales, como la compra de porcelanato.
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