Bancadas del Congreso buscan impunidad al limitar la colaboración eficaz

El cierre de la gestión de José Williams al frente de la Mesa Directiva dejó una bomba al proceso de la colaboración eficaz. El último jueves 22, el Pleno —con el consenso de casi la totalidad del Congreso de la República— aprobó una ley que modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del Código Procesal Penal: ahora establece límites de cara a esta herramienta utilizada por el Ministerio Público para la obtención de testimonio y pruebas que ayudan a resolver los presuntos ilícitos cometidos por los imputados.

La polémica iniciativa recibió el respaldo de 84 parlamentarios, el voto de 24 en contra y 5 abstenciones. El consenso fue generalizado: todas las bancadas aportaron —con al menos un voto de alguno de sus integrantes— para la aprobación de la normal, la cual había sido archivada en octubre del 2022, pero, debido a una solicitud de reconsideración de Américo Gonza (Perú Libre), la iniciativa fue rescatada e ingresó al debate con un nuevo texto.

Entre las principales notificaciones que se plantean, se destaca que los procesos de colaboración eficaz tendrán ahora un tiempo límite de ocho meses; antes eran ilimitados, con un plazo de prórroga de cuatro meses, y de ocho meses si se trata de un caso de crimen organizado. También se dispone que quien se acoja a la colaboración eficaz se le denominará “aspirante” y ya no “colaborador”.

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Otros dos cambios establecidos es que quien quiera acogerse a la colaboración eficaz deberá presentarse desde el principio con un abogado y su manifestación se registrará en video, lo cual podría desalentar a que investigados se animen a ir por este camino. Por otro lado, se advierte que fiscales que no protejan la reserva del proceso de colaboración son pasibles de sanciones administrativas, civiles y penales.

En diálogo con La República, el experto en derecho penal Andy Carrión explicó que, al tratarse de una modificación procesal, las investigaciones en curso tendrán que acogerse a los nuevos lineamientos establecidos en el Código Procesal Penal: “Esta tiene aplicación inmediata. Significa que aquellos procesos de colaboración que están en curso tiene que ahora sujetarse a estas nuevas reglas”.

En tanto, todas las investigaciones a congresistas de la República, que tengan en curso un proceso de colaboración eficaz, tendrán como plazo ocho meses —sujeto a una solicitud de ampliación— para llegar a una sentencia de homologación de la colaboración eficaz; caso contrario, dejarán de tener valor.

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Bancadas con integrantes inmersos en investigaciones

Quizá el caso más emblemático es el de Los Niños de Acción Popular, bancada que apoyó casi en su totalidad la aprobación de la norma, salvo algunas ausencias durante el Pleno. Este caso inicia con declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces en torno a las indagaciones por los presuntos actos de corrupción del entorno del expresidente Pedro Castillo.

Por este caso, el Ministerio Público realizó meses atrás allanamientos a diversos parlamentarios no solo de Acción Popular, sino también del Bloque Magisterial, Perú Libre y Podemos Perú, entre otros, en calidad de no agrupados. A esto se suma que las fuerzas de izquierda fueron muy críticas de los procesos de colaboración eficaz en tiempos de Pedro Castillo. De parte de Fuerza Popular, también cuando estas involucraron al fujimorismo y a su lideresa Keiko Fujimori.

Finalmente, Andy Carrión explicó que los plazos establecidos desde el Congreso para el cierre de la colaboración eficaz son “irreales”, ya que, para el caso Odebrecht, la Fiscalía tardó aproximadamente tres años en obtener una sentencia de homologación. Los ocho meses solo buscarían que se caigan los proceso iniciados en el marco de diversas investigaciones fiscales: “La finalidad es minar los procesos de colaboración eficaz”, dado que las filtraciones de las mismas afectan a todos los partidos que participan en la vida política del país.