Boluarte: proceso por homicidio calificado se dilató 4 meses por no tener nombres de investigados

Las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, su primer ministro, Alberto Otárola, y los demás ministros y miembros de las fuerzas del orden implicados en los asesinatos de más de 49 personas durante las protestas en contra del Gobierno siguen estancadas a poco más de cuatro meses de haber iniciado. El motivo del lento avance sería un fiscal designado por la misma titular de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides. Según un informe de Hildebrandt en sus trece, el fiscal adjunto supremo provisional Marco Huamán Muñoz ha logrado posponer las declaraciones de los miembros responsables de lo que la CIDH ha catalogado como ejecuciones extrajudiciales por el simple hecho de no contar con sus nombres completos.

Esta desatención por el avance de las investigaciones no fue advertida sino hasta el último 3 de mayo, cuando se publicó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la crisis social que se vivió en el país, en el que la misma fiscal Patricia Benavides anunció que las "investigaciones se realizaban de manera célere, ordenada y, sobre todo, en cumplimiento del enfoque de las víctimas". Estas declaraciones serían contrarrestadas en la práctica por Huamán Muñoz.

Un día después, el 4 de mayo del 2023, se presentó una providencia luego de casi cuatro meses de inoperancia fiscal, retrasando las diligencias más importantes del caso que involucraban recibir las declaraciones testimoniales de los jefes de regiones militares como Ayacucho, Puno, Apurímac, Arequipa, Junín y La Libertad.

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En este documento, al que accedió el semanario, se precisa que las investigaciones no se hicieron antes por lo siguiente: "A la fecha, no se cuenta con los datos de identificación completos del personal policial y militar que ocuparon los cargos señalados a la fecha de las protestas sociales suscitadas".

No hay intenciones de seguir con diligencias contra responsables

Según Huamán, para seguir con el caso, era necesaria la presentación de oficios a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú y a la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, a fin de obtener los nombres de los implicados. Pero en el informe del semanario se precisa que esto no necesariamente es así.

En el reportaje se detalla que los nombres de los responsables no son tan difíciles de conseguir, y que, de hecho, las Fiscalías de Ayacucho y Puno que investigaban este caso en sus dependencias ya contaban con los listados completos con las entidades, nombres y cargos de militares y policías que intervinieron en los planes operativos; sin embargo, el fiscal Huamán Muñoz habría optado por el camino más engorroso.

La relación entre Marco Huamán Muñoz y Patricia Benavides

En el informe de este viernes también se hace referencia a la presunta relación cercana de amistad que Huamán tendría con la actual fiscal de la Nación, pues se le considera como "un fiscal de confianza de la titular del Ministerio Público".

En julio del 2022, Huamán pasó de ser un fiscal del Equipo Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la región Lima a convertirse en un fiscal adjunto supremo provisional, adscrito al despacho de la misma Patricia Benavides. Esto se dio tan solo un mes después de que ella asumiese el cargo.