¿Qué es la ley mordaza que atenta contra la prensa y podría aprobarse en el Congreso?
El jueves 18 de mayo se realizará la segunda votación del proyecto de ley propuesto por la bancada de Perú Libre. Fue aprobada en primera votación sin debate.
La República en GoogleEl Congreso de la República está a punto de dar un golpe a la libertad de prensa. El Proyecto de Ley 02862/2022, presentado por el congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas, de la bancada de Perú Libre, fue aprobado en primera votación con 68 votos a favor. Solo 27 parlamentarios se opusieron a la propuesta y tres se abstuvieron de votar. Esta iniciativa legislativa, denominada ley mordaza, podría consumarse en una segunda votación, programada para el 18 de mayo.
En la siguiente nota de La República, entérate de qué es y por qué se denomina ‘ley mordaza’ a este proyecto legislativo.
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¿Qué es la ley mordaza?
Se denomina ley mordaza al Proyecto de Ley 02862, que fue presentado en el año 2022 y cuya finalidad es la modificación de los artículos 131 y 132 del Código Penal, los cuales tipifican los delitos de calumnia y difamación, y el artículo 1969 del Código Civil, que enmarca la indemnización por daño moroso y culposo.
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Esta propuesta tiene como objetivo incrementar la pena privativa de libertad a cuatro años para los delitos de difamación y calumnia, a través de los medios de comunicación, redes sociales o sitios web.
¿Por qué es llamada ley mordaza?
Diversas voces, desde especialistas hasta periodistas, han criticado esta iniciativa legislativa, debido a que existe una preocupación de que esta ley sea utilizada para perseguir a periodistas de investigación que denuncian actos de corrupción.
En esa línea, la Defensoría del Pueblo aseguró que esta norma representa una forma de amedrentamiento contra la libertad de expresión. “La postura de la Defensoría, ya hace varios años, está orientada a la despenalización de los delitos contra el honor y, en particular, con especial énfasis cuando se trate o involucre funcionarios públicos”, dijo para La República Alberto Cruces, adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo.
“Lo que genera, y es un poco el efecto que estamos viendo con este tipo de casos, es que aquellas personas que ejercen un poder político puedan utilizar estos medios legales para hostigar o amedrentar a personas, sobre todo, periodistas”, resaltó.
