'Ley mordaza' pasó a cuarto intermedio por parte del Congreso
Propuesta legislativa plantea la pena de cárcel hasta por 4 años por delitos de difamación y requiere de 66 votos como mínimo para ser aprobada.
La República en GoogleAyer, jueves 8 de junio, la polémica 'ley mordaza' tuvo lugar una nueva sesión plenaria convocada por José Williams Zapata, presidente del Parlamento, en el Congreso. Durante esta sesión se retomó la discusión sobre el proyecto de retorno a la bicameralidad. Esta propuesta polémica se había detenido en julio debido a que no se logró obtener suficientes votos para evitar el referéndum.
El proyecto de bicameralidad fue planteado inicialmente en julio del 2022 y alcanzó solo 71 votos a favor, lejos de los 87 votos mínimos para no ir a consulta popular, por tratarse de una reforma constitucional. Por ello, el congresista Flores pidió una reconsideración que fue pospuesta hasta este jueves, casi 11 meses después.
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Se retoma votación de la Ley Mordaza
Por otro lado, también se encuentra en la agenda priorizada el proyecto de la ley mordaza, cuya segunda votación fue pospuesta el pasado 25 de mayo, después de una solicitud realizada por el portavoz de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz. El congresista argumentó que durante la semana de representación, los parlamentarios tuvieron la oportunidad de dialogar con periodistas de diferentes regiones para conocer sus opiniones.
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Para que esta ley mordaza sea aprobada de manera definitiva, se requiere el voto a favor de al menos 66 congresistas, lo cual representa la mitad del número legal de miembros del Congreso de la República.
Moción de interpelación al ministro de Energía y Minas
El pleno del Congreso llevará a cabo una interpelación este jueves a partir de las 10 a. m. al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera. Durante la sesión, se le formularán 29 preguntas relacionadas con sus controvertidas reuniones con el expresidente Pedro Castillo y el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina, quien actualmente se encuentra en prisión. Además, se abordarán las decisiones polémicas tomadas en su cartera, así como la omisión de sanciones administrativas en su declaración jurada al asumir el cargo.
