Consejo de la Prensa Peruana propone anteproyecto de ley en respuesta a la ley mordaza
Mientras esta semana el Congreso realizará la segunda votación de la ley que eleva las penas por difamación a través de medios de comunicación, desde el CPP se ha elaborado un documento que busca caminos alternos para sancionar los delitos contra el honor.
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Esta semana se pondrá en juego —en el Congreso de la República— la defensa de la libertad de expresión y el trabajo de fiscalización de la prensa. Esto sucederá cuando el Pleno realice la segunda votación del cuestionado proyecto denominado como ‘ley mordaza’, la cual plantea elevar las penas por el delito de difamación a través de medios de comunicación y redes sociales. En respuesta, desde el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), se elaboró una contrapropuesta que esperan sea recogida por alguna bancada a fin de que los delitos contra el honor se castiguen con una multa u otros mecanismos, pero que no se recurra a aplicar penas de cárcel.
El anteproyecto elaborado por el Consejo de la Prensa Peruana y la Universidad del Pacífico explica que el Perú es de los pocos países de la región que no ha actualizado —desde 1991— su legislación sobre la libertad de expresión y protección de honor y reputación, de modo que ha ignorado los estándares internacionales. A diferencia de nosotros, naciones como Panamá, México, Argentina, Uruguay, Jamaica y Honduras ya han venido eliminando total o parcialmente las sanciones penales para los delitos contra el honor.
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En diálogo con La República, Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, explicó que la iniciativa busca que no se castigue con penas de cárcel los delitos contra el honor, sino que estos casos se vean en la vía civil: “Esta es una práctica que ya viene desde hace un buen tiempo. En varios países de la región ya se aplica. El Perú estaría yendo a contracorriente de la tendencia internacional, la tendencia americana y europea”.
Por el contrario, incrementar las penas —como propone la cuestionada ley mordaza— solo buscaría “instrumentalizar la justicia” y llenar de procesos judiciales a los hombres y mujeres de prensa, lo que les generará un desgaste económico y mental por años. Salazar Zimmermann aclara que, desde el CPP, no se persigue una impunidad para quienes sean responsables de cometer delitos contra el honor, porque reconoce que hay malos periodistas, pero aclara que esto no puede generar que toda la prensa tenga una espada de Damocles sobre la cabeza como consecuencia. “Creemos que el honor debe ser respetado, pero que sea una multa económica y no una pena de cárcel”, indicó.
En cuanto al anteproyecto, este fue presentando en 2019, durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, tanto al Ejecutivo como al Congreso de la República. En aquel momento, hubo muy poco interés de parte de ambos poderes del Estado. En 2023, se vuelve a presentar. La iniciativa se encuentra en el despacho de la congresista no agrupada Susel Paredes Piqué, pero esperan que pueda ser tomada por cualquier bancada interesada en defender la libertad de expresión y el correcto trabajo de fiscalización de la prensa.
Ley mordaza a la espera de la segunda votación
A inicios de mayo, el Pleno aprobó —con el apoyo de 69 parlamentarios— la ley mordaza en primera votación. El proyecto propone modificaciones a los Códigos Penal y Civil para incrementar penas por los delitos de difamación y calumnia en medios de comunicación. Por ello, deberá ser ratificado en una segunda votación. En un inicio, se recomendó que sea vista en esta semana, pero se optó por dar una semana más para reflexionar sobre el tema y que los gremios de prensa se reuniesen con las bancadas para exponer cómo afecta la iniciativa a la labor periodística.
Finalmente, la segunda votación se realizará el próximo jueves 18 de mayo. De superar los 66 votos, quedaría lista para ser enviada al Poder Ejecutivo a fin de que sea promulgada. Desde el CPP, hay un pedido para que la presidente Dina Boluarte observe la iniciativa de llegar a su despacho, pero —de igual manera— el Congreso podría aprobarla por insistencia. Ante este panorama, Rodrigo Salazar adelantó que la ley mordaza sería llevada ante el Tribunal Constitucional (TC) y, eventualmente, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
