Gustavo Gorriti: “Ya hay un daño efectivo que se ha producido contra la democracia”
El fundador de IDL Reporteros habló sobre la severa crisis política que existe en estos momentos y que ha conllevado al desencadenamiento de las protestas. Asimismo, se refirió a la labor del Ministerio Público y el afán del Congreso por controlar entes autónomos.
En las siguientes líneas, el periodista y fundador de IDL-Reporteros analiza los informes de la comunidad internacional sobre las violaciones a los derechos humanos en las protestas. También reflexiona sobre la crisis política por la que atraviesa nuestro país.
—Human Rights Watch publicó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en las protestas. Entre otros datos relevantes, precisan que de las 49 víctimas de la represión, 39 fueron a causa de bala. Esta semana hizo lo propio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿Qué representa esto último, con relación a las responsabilidades que tarde o temprano se tendrán que establecer?
—Ha habido por lo menos tres investigaciones de organizaciones internacionales, con diferente estilo y metodología, y han llegado a las mismas conclusiones. También hubo una investigación de The New York Times, con inteligencia de fuente abierta, y también de IDL-Reporteros sobre Ayacucho, Juliaca e Ilave. Todas llegan a las mismas conclusiones. Resulta extremadamente difícil tratar de refutar de que son sesgadas.
Estas organizaciones y nosotros tomamos en cuenta la violencia de las manifestaciones. Ahora bien, con la cercanía de las investigaciones que nosotros hicimos, puedo decir que el análisis de cada caso indica que ninguna de las muertes fue consecuencia de un ataque que pusiera en peligro la vida de cualquier miembro de las fuerzas de seguridad o de terceros. Esas muertes no tuvieron justificación alguna. Y eso es grave.
Uso excesivo. Existe una gran cantidad de videos y fotos que ilustra la reacción de las fuerzas del orden frente a las protestas contra el Ejecutivo y el Congreso. Foto: EFE
—Aún falta ahondar en las responsabilidades, particularmente de Dina Boluarte y Alberto Otárola.
—Ese es un segundo nivel y no creo que vaya a resultar fácil poder encontrar alguna orden en la que Boluarte u Otárola indiquen el uso de fuerza extrema. Dentro de las circunstancias que hemos conocido, se trataba de un gobierno extremadamente improvisado y muy poco competente, muy sometido al grupo hegemónico del Congreso. Entonces, con un nivel de autoridad debilitada, considero que va a ser difícil encontrar que haya una orden precisa. Ahora, al margen de si hubo o no una orden precisa, hay una responsabilidad política, por no haber sabido dar las órdenes precisas en su momento.
—Hubo, más bien, cierto patrón de comportamiento con consecuencias de muerte. Después de lo ocurrido en Apurímac y Ayacucho, no hubo cambios y vino lo de Juliaca.
—Hubo cambios sutiles y, para tener un cuadro cabal de los hechos, vale la pena tener presente: en el caso de Ayacucho salió el Ejército y llevó a cabo todas esas acciones de una manera que ha sido clarísimamente reconstruida; en Juliaca fue la Policía enteramente la que llevó a cabo esas acciones, y las últimas muertes en Ilave se producen más bien desde la política del Ejército de evitar responder casi a toda costa.
—Hildebrandt en sus trece acaba de publicar documentación de respuesta del Gobierno peruano a la CIDH que evidencia un doble discurso. En mensajes públicos, el Gobierno rechaza el contenido del informe de la CIDH, pero formalmente reconocen los abusos y deslizan responsabilidad en las fuerzas del orden.
—No he leído los documentos, pero si hay un divorcio entre la actitud política que se toma para la conferencia de prensa y, por otro lado, la hipocresía, como lo tituló el semanario de Hildebrandt, esto también va a alinear por completo a la gente que sienta que les están echando toda la responsabilidad encima.
—La CIDH hace la exhortación de lucha contra la impunidad. ¿Qué te sugiere la conformación de un equipo especial que hizo el Ministerio Público para concentrar todas las investigaciones en Lima?
—En tanto los equipos que llevan a cabo esas investigaciones están, de una u otra manera, bajo la dirección directa de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no hay ninguna garantía de un trabajo objetivo.
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—¿Debería replantearse esto del equipo especial?
CIDH afirmó que se cometió una "masacre" en las protestas. Foto: Wilber Huacasi/La República
Obviamente, pero ahí hay otro problema: tenemos una fiscal de la Nación de quien ni siquiera sabemos si ha reunido los requisitos indispensables para calificar como fiscal suprema, luego de la forma absolutamente ingenua de evaluación de la Junta Nacional de Justicia. Ahora hay serias dudas sobre si sus tesis existen y, si existen, qué contienen. Ahí hay un serio problema estructural. Y ella está tratando de permanecer en el cargo a toda costa, haciendo las alianzas necesarias con la ultraderecha. Entonces, es de imaginar que no va a haber ninguna garantía de proporcionar una investigación lo suficientemente responsable e imparcial.
—El Congreso también acordó crear una comisión investigadora, pero tampoco han concretado su composición. ¿Eso es algo predecible en ellos?
—Lo único realmente predecible en el Congreso es la justificadísima desconfianza y el desprecio que le merece a la abrumadora mayoría de ciudadanos en el Perú.
Ataques a la democracia
—Este Congreso ya tiene bajo su control al Tribunal Constitucional. Tienen de aliada a la fiscal de la Nación. Ahora van por la Defensoría. Y hay un hostigamiento permanente contra la ONPE y el JNE. ¿Observas aquí un ataque serio a las instituciones democráticas?
—Bueno, esto es algo más que una amenaza. Ya hay un daño efectivo y eficaz que se ha producido contra la democracia. Hay una grave erosión de una democracia que se encontraba previamente en crisis, por un gran conjunto de factores, entre los cuales, ciertamente no el menor, fue el brutal impacto traumático de la pandemia. El hecho concreto es que, como resultado de todos los cambios que ha habido, la ultraderecha se ha fortalecido tremendamente y ha logrado un nivel importante de control del Estado, pese a ser rechazada por la inmensa mayoría de peruanos.
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—¿Qué otros factores encuentras que hayan incidido en el debilitamiento de la democracia?
—Bueno, aquí también hay que decirlo: Pedro Castillo fue un regalo divino para la ultraderecha. Hizo todo lo necesario para fortalecerlos, con el tremendo efecto negativo y con esa corrupción de pirañas de su gobierno. Ahora, no hay un nivel de representación mínimamente aceptable entre votantes y funcionarios electos. En segundo lugar, no existe un mínimo nivel de balance y contrapeso de poderes. Y si a todo eso le añades que tenemos un Poder Ejecutivo fundamentalmente vasallo de ese grupo hegemónico del Congreso, y aunque no ha cedido por completo, entonces, obviamente, estamos en una democracia en crisis. Y esta crisis se da luego del periodo más largo de vigencia democrática.
—Tenemos sobre la marcha un proyecto de ley de Renovación Popular para que el presidente del TC pueda asumir la presidencia de la comisión especial de elección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en reemplazo del defensor. ¿Esto se puede leer como un intento de tomar el control de la JNJ y todo el sistema de justicia?
—Totalmente. La JNJ está llevando a cabo, con una inmensa lentitud, varias investigaciones sobre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y como la decisión de esta gente es defenderla a toda costa, por supuesto, hay esa amenaza, en este momento de intimidarlos e inhibirlos de tomar decisiones. Adicionalmente, ayer mismo La Pestilencia estuvo hostigando a la JNJ antes de venir a IDL-Reporteros.
—Finalmente, en comparación a los noventa, ¿cómo ves el tejido social o las organizaciones sociales? Esto, tomando en cuenta la gravedad de las muertes ocurridas, pero no se ha concretado la demanda sobre el adelanto de las elecciones generales.
—Bueno, un adelanto de elecciones solo no soluciona las cosas. Si no hay buenas alternativas para elegir, vamos a cambiar un problema, aunque sea grave y serio, por otro. Si volvemos a tener la posibilidad de terminar eligiendo entre la ultraderecha, de un lado, y de una especie de izquierda gamonal, como la de (Vladimir) Cerrón, por otro, entonces estamos jodidos como país.
Gustavo Gorriti denuncia nuevamente al grupo La Resistencia por acciones de hostigamiento contra IDL Reporteros. Foto: La República.
—¿Qué otros cambios de fondo entonces planteas?
—Una democracia, para poder mantenerse y florecer, necesita un centro de gravedad, precisamente, constituido por una ciudadanía vigilante, pero deliberativa, racional y mínimamente bien informada. Y que ese centro debata con el centro derecha de un pensamiento conservador e inteligente, y una centro izquierda que abogue por una mejor distribución de los bienes, pero respetando plenamente las libertades, esa es la condición básicamente para que pueda funcionar una democracia, junto, por cierto, con una buena prensa. Creo que el mandato fundamental es que despierte ese centro democrático que, claramente, es la mayoría en el país.
“Hay una convivencia que linda con la complicidad”
—Otra institución importante en toda democracia es la libertad de prensa. Esta semana hubo un nuevo ataque a Ideele e IDL-Reporteros. Son ya más de veinte ataques.
—Hay dos cosas: los ataques de estas bandas de delincuentes fascistas y dos, la pasividad de las autoridades. No ha habido ninguna de las acciones de hostigamiento contra IDL-Reporteros y mi casa y la de Rosa María Palacios en que no hayamos llamado inmediatamente a los funcionarios de la Policía. Casi en todos los casos hemos encontrado una renuencia a actuar. Desde un general de la región policial que tuvo el empacho de decirme que ese tipo de manifestaciones respondían a la libertad de expresión hasta mandar a personas que solo se dedican a ser espectadores. Ayer (el viernes) nos han tirado cosas sobre las cabezas de los policías. Y hay también amenazas de muerte como las que hubo contra mí.
—¿Y por qué actúan con tamaña impunidad?
—En primer lugar, está la cobardía del ministro (del Interior, Vicente Romero) y de los comandantes generales. Le tienen terror al Congreso. Se mueren de miedo. Hay una convivencia que, en momentos, linda con la complicidad. Esa es otra amenaza a la democracia: bandas neofascistas pueden atacar con impunidad, sirviendo a grupos, casi todos con líderes inmersos en investigaciones por lavado.
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—A este ataque se ha sumado la campaña de desinformación, con un audio manipulado de Jorge Barata. ¿Crees que hay todo un aparato detrás de esto?
—Luis Pacheco se apersona en la audiencia como abogado de los fugitivos lavadores Gonzalo Monteverde y Carmona Bernasconi, y en sus preguntas sobre periodistas solo nos menciona a Gustavo Mohme (Seminario) y a mí. Y Barata, que tonto no es, aclara bien los hechos. Pero cortan el audio y van a este sitio de Claudia Toro y ahí lo publican completamente distorsionado. Luego de eso, Expreso, que es básicamente un órgano de lumpen del periodismo, lo levanta e infla. Y luego termina en el programa de Humberto Ortiz, que lo presenta como hazaña del periodismo de investigación. Nosotros publicamos la versión completa del audio y desactivamos la desinformación y enseguida ocurre el ataque de La Pestilencia.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Jueves 21 de Noviembre del 2024