HRW: el Gobierno no tomó medidas para detener las muertes

Human Rights Watch (HRW) presentó ayer su informe sobre los asesinatos perpetrados en las manifestaciones en contra del Gobierno de Dina Boluarte. Las conclusiones son contundentes. Una de las más importantes es que ni la presidenta ni el premier Alberto Otárola ni otros altos funcionarios tomaron medidas efectivas para detener más muertes, a pesar de conocer de la responsabilidad de las fuerzas del orden en ellas.

“La presidenta Boluarte ha insistido en que los fiscales deben investigar los hechos. Pero su Gobierno parece no haber dado ningún paso concreto para poner investigaciones internas en marcha sobre lo ocurrido ni para evitar que aumente el número de víctimas mortales”, precisa el documento.

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Asimismo, de acuerdo con la organización internacional defensora de los derechos humanos, es “probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias”, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

El informe expuesto se titula “Deterioro letal: abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, y ha sido realizado sobre la base de más de cien entrevistas complementadas con revisión de videos, fotografías, autopsias, expedientes penales, entre otros.

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“Hubo graves actos de violencia en las protestas, que deben ser investigados, pero eso no justifica la respuesta brutal y desproporcionada de las fuerzas de seguridad”, ha dicho César Muñoz, director asociado para las Américas de HRW.

Muñoz añadió, durante la conferencia de prensa, que la respuesta del Gobierno frente a las muertes en las protestas ha consistido en tratar de disminuir la gravedad de los abusos o desviar la atención con teorías de las que no se ha visto ninguna evidencia pública.

Esto, por cierto, se encuentra incluido en el documento de HRW: “El Gobierno también intentó desviar la atención de las fuerzas de seguridad y culpar a otros de las muertes sin aportar ninguna prueba. Aunque la evidencia disponible indica que la policía mató a 18 manifestantes en Juliaca el 9 de enero de 2023, la presidenta Boluarte afirmó que la mayoría de los que murieron lo hicieron con armas de fabricación casera. En otra afirmación, que no respaldó con pruebas, sugirió que las armas de fuego y municiones que ingresan al Perú desde Bolivia podían estar causando las muertes de los manifestantes”.
Muñoz indicó en la conferencia con medios peruanos y extranjeros que durante su trabajo de campo en Perú no encontraron ni una sola “arma hechiza” y que incluso un oficial de la Policía les admitió que no habían decomisado ninguna durante los operativos.

Es relevante señalar que HRW menciona expresamente en su investigación que, según los estándares internacionales, los superiores pueden ser considerados responsables de abusos si es que sabían o debían de haber estado al tanto de los delitos perpetrados por aquellos que se encontraban bajo su autoridad, o si es que no adoptaron las medidas “necesarias y razonables para impedir que se produjeran, o para que se investigaran o enjuiciaran los hechos”.

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Cabe señalar que en cuanto a las investigaciones para dar con los responsables, HRW encontró deficiencias en el trabajo del Ministerio Público, a cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Hubo omisión del recojo de pruebas iniciales claves, situación que podría tener incidencia negativa en el resultado de la investigación.

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Mayoría de protestas fueron en paz

En su espacio ‘Claro y directo’, Augusto Álvarez Rodrich conversó con César Muñoz, de HRW, quien dijo: “La mayoría de las manifestaciones en el Perú fueron pacíficas. Y puede que las personas duden de eso, porque las imágenes en la televisión muestran la violencia, y es porque siempre se usan los momentos de más agresividad, porque son los más atrayentes. Esto no quiere decir que no hubo violencia”.