Fracasó estrategia del estudio de abogados al que López Aliaga pagó S/97.5 millones
Evidencia. Después que la Municipalidad Metropolitana de Lima suscribió nueve contratos con el bufete norteamericano Boies Schiller Flexner (BSF) entre 2024 y 2025, la exprocuradora municipal Evelin García remitió al estudio una carta quejándose por el deficiente trabajo ante la Corte de Nueva York. El representante de BSF es Martín de Luca, amigo personal del exalcalde limeño.
La República en GoogleEn una carta dirigida al estudio de abogados estadounidense Boies Schiller Flexner LLP (BSF), la exprocuradora de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Evelin García Luna, reclamó al bufete por la cuestionable estrategia que aplicó ante los tribunales de Nueva York y por los deficientes resultados del servicio prestado.
La misiva está fechada el 6 de junio del 2025. Para entonces, la MML había contratado a BSF por disposición del entonces alcalde Rafael López Aliaga para que se encargue de los litigios judiciales en el extranjero que el municipio afrontaba con las concesionarias de los peajes Rutas de Lima (Brookfield) y Lima Expresa (Vinci Highways).
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Hasta ese momento, sin mediar licitación, el exburgomaestre dispuso la contratación directa de BSF en nueve ocasiones por un total de S/97,5 millones, entre el 23 de enero de 2024 y el 13 de marzo de 2025. El propio López Aliaga ha reconocido que una de las razones por las que prefirió a dicho estudio de abogados fue por su relación de amistad con el representante del mismo, Martín de Luca, un exfiscal norteamericano trumpista de origen argentino.
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La carta de la exprocuradora Evelin García evidencia que la millonaria contratación de BSF que autorizó López Aliaga -por casi 100 millones de soles- no produjo los resultados previstos. Y que García advirtió al bufete de letrados con oficinas en Nueva York, que la estrategia legal que había planeado era errónea y perjudicial para los intereses de la MML. Sin embargo, los abogados extranjeros pasaron por alto la opinión versada de la exprocuradora.
Línea de defensa. Exprocuradora municipal Evelin García Luna y la exprocuradora ad hoc del caso Lava jato, Silvana Carrión Ordinola. Foto: difusión
Resultados decepcionantes
En la misiva dirigida al representante Martín de Luca, amigo de López Aliaga, Evelin García se refiere al proceso conocido como Discovery seguido ante la Corte Federal de Distrito Sur de Nueva York para obligar a la concesionaria Brookfield para que entregue información sobre la compra de acciones de Odebrecht de Rutas de Lima. García incluso demandó reemplazar a los abogados asignados por BSF por el evidente fracaso.
La comunicación escrita dirigida a De Luca es "sobre la responsabilidad exclusiva del estudio Boies Schiller Flexner en el resultado desfavorable para la MML de la petición (Discovery), por graves deficiencias y falencias en su estrategia de defensa que fueron oportunamente advertidas por la (Procuradora); y solicito el cambio inmediato de los Abogados Claves".
El cuestionamiento central de la exprocuradora Evelin García radicaba en que los abogados de BSF presentaron a la MML como agraviada en el caso contra Brookfield, cuando en realidad lo era el Estado peruano.
La exprocuradora de la MML adjuntó la lista de las numerosas comunicaciones que remitió al bufete BSF y a los asesores de López Aliaga, pero que nunca fueron tomadas en cuenta.
"Pese a las reiteradas observaciones formuladas por la Procuraduría Municipal, llama poderosamente la atención de mi despacho que, habiéndose dejado constancia de los cuestionamientos, los abogados de BSF insistieran que la Municipalidad de Lima tenía la condición de agraviada, por lo que se nos recomendó continuar con la estrategia", señaló García en la carta.
Los peajes. La Corte de Nueva York rechazó la pretensión de López Aliaga para que se considera a la MML como “parte agraviada”, estrategia que respaldó el estudio BSF. Foto: difusión
Reemplacen a los abogados
Explicó que el juez estadounidense Lewis J. Liman, encargado del caso Discovery, le dio la razón cuando rechazó la moción de BSF, ya que la Municipalidad Metropolitana de Lima no tenía legitimidad para promover el Discovery.
En realidad, no era una estrategia del estudio BSF, sino un mandato del mismo López Aliaga.
"Hubo mucha presión para que se aceptara el informe enviado por el estudio BSF sobre las acciones que se tenían que hacer en Estados Unidos. Hubo una imposición para contratar al BSF por orden de Rafael López Aliaga", dijeron a La República fuentes de la Procuraduría de la MML.
La exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, quien tuvo conocimiento de la comunicación escrita de su colega Evelin García, confirmó que la actuación del bufete BSF fue ineficaz.
"La carta (de Evelin García) confirma que la estrategia que el estudio BSF estaba empleando, y que había sido advertida por la exprocuradora, no iba a proceder y que perderían ante la justicia de Nueva York de los Estados Unidos. La Municipalidad ha perdido casi 100 millones de soles por una defensa ineficiente que no ha tenido más resultados importantes", señaló Carrión.
Los exprocuradores anticorrupción Julio Arbizu y Ronald Gamarra denunciaron a López Aliaga por la contratación indebida del estudio BSF, representada por el amigo personal del ex alcalde limeño, Martín de Luca. En marzo de 2026, el fiscal anticorrupción Leonardo Yapias Córdova formalizó una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la contratación de los servicios de BSF sin licitación, y por no haber publicado en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) la información correspondiente para la fiscalización pública.
"Se deja constancia que el resultado desfavorable para la MML es responsabilidad directa y exclusiva del estudio BSF, por haber recomendado una estrategia de defensa deficiente y negligente, a pesar de las advertencias y observaciones que fueron oportunamente alcanzadas por la Procuraduría Municipal", concluyó Evelin García.
Y añadió que debido a dicho resultado, "se ha comprometido la idoneidad del servicio de asesoramiento y patrocinio contratado por la MML". Esto es, el gasto de casi 100 millones de soles en la contratación de BSF fue prácticamente en vano.
En efecto, solo por la presentación de la estrategia para conseguir el Discovery, la MML pagó S/15,2 millones al bufete BSF, de acuerdo con el Seace. Pese al fracaso de la estrategia, López Aliaga siguió contratando a BSF hasta por S/97,5 millones.
Pero no así para la MML, que continúa bajo control de Renovación Popular, y eventualmente, López Aliaga regresaría a la alcaldía limeña. La estrategia del bufete neoyorkino BSF no ha cambiado.
Este diario consultó a la Municipalidad de Lima sobre los resultados del estudio Boies:
"(El estudio BSF) desplegó acciones procesales orientadas al cumplimiento de los objetivos establecidos. Si bien se presentaron dificultades durante el proceso, la estrategia legal continúa en marcha, pese a las objeciones de las entidades requeridas para revelar información y a un primer pronunciamiento desfavorable del juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York", señaló la MML a este periódico.
En la actualidad, el proceso Discovery está en manos de la Procuraduría Ad Hoc, puesto que el último contrato con el estudio BSF concluyó en diciembre de 2025, reportó la MML. Sin embargo, la Procuraduría no cuenta con abogados en el exterior.
La MML justifica actuación del bufete BSF
- Conforme a la versión de la MML, lo que ha conseguido hasta el momento el estudio Boies Schiller Flexner, "es una primera revelación de documentos en abril de 2026, que permitió identificar determinadas transferencias financieras realizadas en fechas coincidentes con hitos del contrato de concesión".
- En un intento por justificar los resultados decepcionantes del bufete BSF, la MML manifestó que "ninguna estrategia procesal se sostiene si continúa el blindaje y el retraso inexplicable del juicio contra la exalcaldesa Susana Villarán y todos los involucrados por los delitos de cohecho, lavado de dinero y corrupción".
- La MML insiste en que la Procuraduría General del Estado asuma el caso ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos.
