La CIDH concluye que el Estado peruano incurrió en graves violaciones de derechos humanos durante protestas

El informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) concluye que el Estado peruano violó gravemente los derechos humanos al hacer un uso excesivo de la fuerza durante las protestas en regiones. Dichas manifestaciones iniciaron tras la vacancia presidencial de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte; y exigían la renuncia de la nueva mandataria, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales.

Según el informe al que accedió La República, la CIDH sostiene que "la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos".

De la información que recabó de Lima, Ica, Arequipa y Cusco, la comisión afirma que la reacción de las fuerzas del orden, a cargo del Gobierno, estuvo "caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza".

"Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados", se lee en el informe que se presentará oficialmente este miércoles.

Ayacucho y Puno

La CIDH hace un apartado especial para la represión en Ayacucho y Puno. En el caso de Ayacucho, donde se contabilizan 10 decesos, la comisión exige que las investigaciones deben darse con "debida diligencia y con un enfoque étnico-racial". Además, denuncia que, al haber sido perpetradas por efectivos de la PNP y FF. AA., "las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales".

"Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre", reza el texto.

En el caso de Juliaca, la CIDH argumenta que la grave violación de derechos humanos no solo habría sido contra manifestantes, sino también contra terceras personas ajenas a las protestas sociales.

Estigmatización

Tras su visita a Perú, la CIDH detectó un "deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización"contra personas indígenas y campesinas, a las que se les calificada de “terroristas”, “terrucos”, “senderistas”, “cholos” o “indios”, entre otras formas despectivas.

"Estos mensajes no son inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población", advierte la comisión.

Asimismo, asevera que la superación de la crisis en Perú necesita de "un diálogo efectivo y de acuerdos en el marco del Estado de Derecho": "El diálogo debe ser amplio, genuino e inclusivo, con enfoque intercultural y territorial, donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados. Asimismo, se deben adoptar medidas dirigidas a fortalecer la institucionalidad democrática".

Investigación, juzgamiento y sanción

La CIDH exige que las graves violaciones de derechos humanos recogidas en el informe deben ser investigadas por fiscalías especializadas en derechos humanos. En contraposición, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, creó un equipo especial para investigar las muertes, que estará dirigido por la fiscal Marena Mendoza Sánchez, quien hasta febrero de este año veía casos civiles.

Además, deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales y con observancia de las garantías del debido proceso. De encontrarse responsables, las personas perpetradoras deben ser sujetas a las sanciones penales correspondientes. Las víctimas de violaciones de derechos humanos deben ser reparadas de manera íntegra", agrega el informe.

Como parte de las recomendaciones, la CIDH pide que se incrementes los recursos del Ministerio Público "para asegurar el cabal desempeño de sus funciones de prevención e investigación del delito" y aumentar las fiscalías especializadas en derechos humanos.