Crímenes contra líderes indígenas sepultados por la impunidad

Los restos del líder asháninka Santiago Camilo Contoricón Antúnez, asesinado el sábado 8 de abril del 2023 por un desconocido, son esperados por sus hermanos en la comunidad nativa Puerto Ocopa, distrito Río Tambo (provincia de Satipo, Junín), para ser velados y sepultados en las entrañas de la tierra donde nació, creció y defendió con su vida.

Habrá una ceremonia con presencia de los ronderos de la nación asháninka, de quienes fue su líder. Luego será trasladado a su domicilio. El jefe de la comunidad, José Saavedra Carrión, exige que el homicidio se investigue con celeridad y no quede impune, como sucede con los otros casos.

La preocupación de José Saavedra tiene sustento. Y es que en ninguno de los procesos judiciales que se han iniciado por agresión contra personas defensoras de derechos humanos en la Amazonía se ha logrado un resultado importante. La injusticia es clamorosa.

El especialista del Instituto de Defensa Legal (IDL) Álvaro Másquez Salvador explicó que uno de los casos más sonados, el crimen de líder asháninka de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, región Ucayali, Edwin Chota Valera, demandó más de 8 años para conseguir una sentencia mínimamente razonable.

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“Otros episodios son mucho más trágicos, como el de Arbildo Meléndez Grandez, asesinado en abril del 2020, que terminó resolviéndose con una condena por homicidio culposo al asesino confeso del defensor. En otros casos, el panorama es peor porque las indagaciones se han abierto sin avances importantes, tal es el caso de Herasmo García Grau, y en otros simplemente no se ha abierto investigación; por ejemplo, con el de Santiago Vera Chota. Como balance general, largamente, hay impunidad”, precisó Álvaro Másquez.

Crímenes sin castigo

Y agregó que estos asesinatos tienen que ver mayormente con el narcotráfico y la tala ilegal. “Aquí se combinan actividades ilícitas, ausencia del Estado y un elevado nivel de vulnerabilidad de las comunidades indígenas”, mencionó.

Por su parte, la abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), informó que, lamentablemente, se ha logrado condenar solamente a los autores materiales de algunos asesinatos anteriores al año 2020.

“El resto de los casos permanecen en la impunidad”, afirmó.

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El cinturón de la selva central es la zona más peligrosa para defender los derechos humanos de los indígenas. Como región, la más insegura es Ucayali, seguida de Huánuco y Junín, que concentran un alto índice de ataques y también de muertes. Son zonas del país donde la presencia del narcotráfico y la tala ilegal se incrementan al mismo ritmo.

Además, la corrupción está sumamente vinculada porque en muchos casos estas personas dedicadas a actividades ilícitas consiguen autorizaciones de funcionarios corruptos para apropiarse de tierras indígenas .

Temible selva central

“Ese es el caso de la comunidad Unipacuyacu, de donde era originario Arbildo Meléndez. Las municipalidades locales y el Gobierno regional autorizaron el ingreso y la presencia de traficantes de tierras, que están sindicados de ser los asesinos de Arbildo”, anotó el abogado Álvaro Másquez.

 Al momento de su asesinato, Arbildo Meléndez exigía la titulación del territorio ancestral de Unipacuyacu. Nunca fue atendido por las autoridades de Huánuco. En cambio, recibía amedrentamientos y amenazas de muerte de colonos y traficantes de tierras.

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Un hecho recurrente en el asesinato de los líderes indígenas es el uso de armas de fuego. Así ocurrió con Ulises Rumiche Quintimari, quien se desempeñaba como gerente de Pueblos Originarios de Pueblos Amazónicos en la Municipalidad de Pangoa, región Junín. Fue hallado muerto con un disparo en la cabeza, el 20 de abril del 2022.

A Lucio Pascual Yumanga también lo encontraron sin vida con heridas de bala. Fue el 3 de diciembre del 2021. Su comunidad, La Paz de Pucharini, en Puerto Bermúdez, región Pasco, estaba bajo amenaza de narcotraficantes que habían ingresado a la zona de amortiguamiento de la reserva comunal El Sira.

Desidia gubernamental

Durante el Gobierno de Francisco Sagasti se emitió el Decreto Supremo 004-2021-JUS que creó el mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Se involucró en esta tarea a ocho ministerios: Justicia y Derechos Humanos, Ambiente, Interior, Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo Agrario y Riego, Relaciones Exteriores y Energía y Minas.

 Se detallaron sus objetivos: garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades.

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A un año de ponerse en marcha este mecanismo, IDL y Proética hicieron un balance sobre su funcionamiento. Precisaron que un obstáculo importante en su implementación estaba relacionado con la falta de involucramiento de la mayoría de los sectores que conforman esta herramienta.

De 22 reuniones de coordinación celebradas entre abril de 2021 y abril del 2022, solo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos participó en todas ellas, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Energía y Minas, en ninguna.

También anotaron que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ambos directamente comprometidos con los problemas estructurales que sufren los pueblos indígenas, asistieron a menos del 20% de las reuniones. Las carteras de Cultura, Interior y Ambiente acudieron a menos del 70% de las citas.

Tampoco fueron canalizadas debidamente las medidas de protección a defensores. Hasta abril del 2022, se presentaron 24 solicitudes de activación del Procedimiento de Alerta Temprana por situaciones de riesgo. De las primeras 17, solo una culminó con la emisión de una resolución viceministerial de archivo, en 12 se verificó la elaboración de un informe de evaluación de riesgo (a cargo del Minjusdh), y en ninguna un plan de seguimiento de las medidas brindadas (a cargo de la Policía Nacional). De la información entregada por Justicia, confirmaron que en ningún caso se cumplió con los plazos señalados por la norma y tampoco con el procedimiento regular.

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Entre las recomendaciones que dieron IDL y Proética, están que el Congreso apruebe los proyectos de ley que proponen un sistema integrado de protección a personas defensoras de derechos humanos con especial énfasis en defensores indígenas.

Mencionan que, como políticas de prevención, los sectores involucrados deben identificar y enfrentar las causas estructurales que generan la violencia contra los indígenas, ya sea si provengan de economías legales o ilegales.

Enfatizan que el sector Agricultura lidere las acciones preventivas a partir del cierre de la brecha de titulación de comunidades indígenas amazónicas, donde se concentran las mayores situaciones de riesgo.