Pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial en riesgo por culpa de minería y tala

En Madre de Dios existen varios grupos indígenas que, por sus condiciones de vida o por decisión propia, se encuentran aislados del resto del mundo. Por tanto, se sabe muy poco de estos. Para ellos es vital permanecer solos, pero varias amenazas podrían atentar contra su existencia.

Julio Cusuriche, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), que representa a 37 comunidades de esa región, advierte que “hay muchos intereses sobre el territorio en el que ellos se encuentran: la minería formal e ilegal, y la deforestación”.

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Una empresa maderera incluso les ha ganado un juicio y asegura que el Estado se mantiene indiferente. “Existe una amenaza de exterminio de estos pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), que también se extienden a Cusco y Ucayali”, dice el dirigente. En esa línea, agrega que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) está viendo el tema con preocupación.

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En efecto, el 23 de junio la CIDH escuchó en audiencia pública a las partes del primer caso relacionado con los PIACI, en el que se denuncia al Estado peruano por la presunta vulneración de los derechos de los pueblos Mashco Piro, Yora y Amahuaca que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad y riesgo de exterminio.

No reconocen territorio PIACI

Cusuriche asegura que “el Estado no ha reconocido integralmente el territorio PIACI ni ha otorgado protección efectiva a estas poblaciones, por el contrario, ha realizado acciones que vulneran directamente el principio de no contacto, tales como el otorgamiento de concesiones forestales y otras acciones que implican contactos forzados”.

Para los dirigentes de la Fenamad, los derechos de estos pueblos indígenas estarían siendo vulnerados por el Estado al no reconocer la integralidad de su territorio y el carácter intangible del mismo.

Esto se hace evidente a partir del otorgamiento de concesiones a empresas extractivas, la implementación de proyectos de infraestructura y adjudicación de lotes de hidrocarburos en sus territorios, afirman.

Además, se ha omitido adoptar una política de prevención y protección efectiva ante la situación de constante amenaza y emergencia que afecta a estas poblaciones.

Esperan informe de la CIDH

“Este es el primer caso que la CIDH conoce respecto a violaciones de derechos de población indígena en aislamiento cometidas por el Estado. La denuncia fue presentada en el año 2011 por la Fenamad y, en el año 2016, EarthRights International (ERI) se sumó en calidad de asesor legal”, indica Cusuriche.

Durante la audiencia, los peticionarios presentaron pruebas y argumentos que soportan la denuncia inicial y la información suministrada en los últimos 10 años. Los dirigentes indígenas esperan que la CIDH adopte con celeridad un informe de admisibilidad que valore el caso y determine la responsabilidad internacional del Estado peruano.