Erika Guevara: "El discurso de Dina Boluarte ha sido estigmatizador"

El último jueves, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara, presentó el informe preliminar sobre la represión que hubo estos meses en regiones contra quienes protestaban y exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Guevara asegura que se violaron derechos humanos en este estado de emergencia.

—¿A qué conclusión han llegado en estos días de indagación?

—El equipo de Amnistía Internacional es un equipo de respuesta de crisis, que tiene que documentar violaciones a derechos humanos. Se encontró que en el terreno aún hay violaciones de derechos humanos. El equipo estuvo en Andahuaylas, Chincheros y Lima. Pudimos también ver casos de otras regiones del país. Presentaremos un informe en las próximas semanas. El hallazgo principal es que se ha hecho un uso ilegítimo de la fuerza y que se han utilizado armas letales, que de manera indiscriminada han puesto en riesgo la vida de las personas. Este uso indebido de la fuerza constituye ataques generalizados en contra de la población y que constituyen crímenes de derecho internacional. Hay responsabilidades penales de las autoridades, no solo de quienes cometieron los crímenes, sino también de quienes por omisión u orden permitieron que se sigan cometiendo estos crímenes.

—Cuando hablamos de este tipo de situaciones, ¿hay la posibilidad de que sea la presidenta y sus ministros quienes tengan que responder por estas muertes?

—Efectivamente, la responsabilidad penal individual sobre crímenes de derecho internacional y sobre graves violaciones de derechos humanos constituye una judicialización a las autoridades del más alto nivel, que en conocimientos de los hechos no hicieron nada para cesar la represión. La autoridad de alto nivel no tiene que dar la orden, sino que sabiendo de los hechos (lo permitió). En este momento lo sabe el gobierno, Amnistía Internacional le ha presentado evidencias y son múltiples las fuentes de información, todas las personas que han sido asesinadas han sido resultado de esta violencia lesiva, que podría constituir ejecuciones extrajudiciales.

—No solo bastaría con que se sepa quién dio la orden, sino que quien pese a saber lo que estaba pasando no dio la orden para impedir que suceda.

—Yo me he reunido con la presidenta Dina Boluarte y le he presentado un informe. Ella ha enfatizado que nunca ha dado la orden que se utilicen armas letales. Sin embargo, ella sabe que se han utilizado.

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—Entre saber que se estaban usando e impedirlo, ¿hay una distancia enorme, no?

—Ella sabe que hubo el uso de armas letales, la evidencia acumulada sobre su uso de manera indiscriminada, a pesar que las leyes nacionales e internacionales lo prohíben o inclusive los casos de excepcionalidad, donde el Estado puede ejercer la fuerza y se debería agotar primero todos los recursos.

—¿Qué es lo que más le ha llamado la atención en esta indagación en cuanto al nivel de violencia propalado por las fuerzas armadas y policiales?

—Lo que más llama la atención es la incapacidad intencional del Estado de diferenciar de lo que puede ser un acto de violencia y el resto de quienes ejercen su derecho a expresarse. Esa falta de distinción la han utilizado como una justificación para hablar de 48 personas que han perdido la vida. Sabemos que de 12 casos de asesinatos, ninguna de estas personas se encontraba en una situación de violencia, eran transeúntes o estaban inactivos en el acto de protestas y aun así recibieron impacto de balas de fuego.

—Hay un detalle importante. A lo largo de estos años hubo muertes en protestas, pero en el caso de Ayacucho hay evidencia de disparos directos al cuerpo. ¿Estamos ante un Estado con una política de represión y de violación de derechos humanos?

—Bueno, hablar de política de represión es muy anticipado, seguro las investigaciones tienen que avanzar, pero hoy a las autoridades del Estado se les ha hecho de conocimiento múltiples veces que estas violaciones están ocurriendo. Lo que esperaríamos es que haya un cese en estas violaciones de derechos humanos y un cambio de táctica para manejar las manifestaciones, porque de lo contrario dejaría abierta la puerta para poder evidenciar que se trata de una política de represión.

—El Perú estaba en el marco de un estado de emergencia, donde se suspenden ciertos derechos fundamentales. Algunos utilizan eso para justificar la represión. ¿Cómo responder eso?

—No solo se encontraba, aún continúan los estados de emergencia en Puno, que le otorga las facultades a las fuerzas militares para el control de la región lo cual es sumamente peligroso y ya lo hemos visto en Ayacucho. Los estados de emergencia se imponen en una situación de excepcionalidad y el Estado tendría que demostrar los principios de excepcionalidad y legalidad de estos estados de emergencia que se han ido extendiendo y aun cuando estos estados de emergencia limitan y suspenden el ejercicio fundamental de algunos derechos, el Estado tiene que garantizar el derecho a la libre expresión y que las personas estén protegidas ante la represión estatal. Pareciera que los estados de emergencia están siendo utilizados para justificar la represión a la población que se manifiesta y se moviliza.

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—Otro argumento de quienes justifican el accionar del gobierno es que estaríamos ante presuntas organizaciones terroristas, ¿desde Amnistía Internacional cómo podrían explicar que estas protestas no son promovidas por organizaciones terroristas?

—Hasta este momento el propio gobierno no ha presentado ninguna evidencia para sustentar sus dichos, la canciller ha dicho que no tienen ninguna evidencia, pero continúa con esta narrativa que termina estigmatizando a pobladores históricamente marginados. Uno de los testimonios más desgarradores es que escuchamos de adultas mayores y un joven decir que su Estado los estigmatizaba de terroristas y que eso les hacía recordar los años más trágicos de la historia del Perú donde muchas personas fueron masacradas en el contexto de la estigmatización. Esta narrativa que se impone a personas que han sido detenidas en el contexto de protestas, no solo es erróneo y arbitrario, podría constituir una violación a los derechos humanos.

—Tomar un aeropuerto, quemar a un policía, secuestrarlo, ¿constituye un acto terrorista?

—Eso lo tendrán que establecer las leyes nacionales, sin lugar a duda se trata de crímenes que deben ser perseguidos, pero generalizar que todas las personas detenidas son terroristas o pertenecen a grupos de crimen organizado es sumamente peligroso y pone en riesgo a las personas que protestan pacíficamente. Conocemos de dos personas que han sido judicializadas por crimen organizado simplemente porque las acusan de financiar protestas, cuando esto no es delito.

—Y a una le han dado una prisión preventiva de 30 meses.

—Exacto y se les ha encontrado dos mil soles, con un listado de cómo van a utilizar ese dinero. La propia fiscal de la nación me confirmó que se trata de personas que han sido detenidas infraganti en la comisión de delito, pero aún no se sabe cuál es ese delito.

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—¿Hay una desproporción en el sistema judicial? Se han dictado medidas de comparecencia contra dirigentes y manifestantes, pero aún no hay avances contra los militares y efectivos que dispararon en regiones.

—Eso se lo hicimos saber a la fiscal de la nación, ella dice que se están haciendo las investigaciones, que las autoridades están colaborando, pero no ha sido lo mismo que hemos escuchado con las fiscalías regionales, donde los propios fiscales encargados de la investigación de graves violaciones de derechos humanos, nos han confirmado no contar con los recursos humanos y técnicos, pero que además la Policía, en Andahuaylas, no ha colaborado con entregar el armamento, porque han hecho referencia a que si entregan eso se quedan desarmados. Pero nuestro equipo en Andahuaylas pudo comprobar que aún existen pruebas que tendrían que ser cruciales como perdigones, bombas de gases lacrimógenos, balas, que aún se encuentran ahí y que la Fiscalía no ha hecho la recolección porque no tiene los recursos para eso y salvaguardar la evidencia.

—En Perú, en 2020, dos jóvenes murieron – Inti y Bryan – en el marco de protestas, pero luego el Congreso archivó la denuncia contra el expresidente Manuel Merino. Entonces, ¿le preocupa que ahora pueda pasar lo mismo en el Congreso?

—La justicia no debería estar sujeta a ningún acto político, la justicia tiene que ser imparcial y ser llevado por los órganos competentes y no tendría que haber las interferencias del Estado. Lamentablemente, no solo en el Perú, seguimos atravesados por una cultura de la impunidad que los propios estados han impuesto y esperamos que este no sea el caso y que no existan obstáculos de ninguna naturaleza y mucho menos política, para que las investigaciones puedan llevar su rumbo y que aquellas personas, las autoridades inclusive al más alto nivel, puedan responder a la justicia.

—Se lo pregunto porque en Perú, desde el retorno a la democracia, salvo el caso Alberto Fujimori quien fue sentenciado por delitos de lesa humanidad, ningún funcionario va preso por muertes en protestas.

—No solo ningún alto funcionario. Estas muertes y lo que estamos viendo en el Perú está alimentado por esa impunidad, porque ninguno de los casos de las personas que han muerto en el contexto de protestas en los últimos años han llegado a la judicialización. Esperamos que este no sea el caso. Y es por eso que hemos enfatizado a la fiscal de la nación el importante rol y la responsabilidad que tiene para atender esta grave crisis de derechos humanos y poder contribuir a que pare la crisis.

—¿El discurso de Dina Boluarte llama a la paz realmente o más bien enciende los ánimos de las personas que quieren seguir protestando?

El discurso de la presidenta Dina Boluarte ha sido estigmatizador, en el momento en que la presidenta no distingue entre las personas que ejercen su legítimo derecho a protestar y personas o grupos que hacen actos de violencia o cuando la presidenta, a la delegación de Amnistía Internacional, le refiere que esto es parte de un boicot y una cuestión política, está negando el derecho de las personas a tomar las calles para exigir la rendición de cuentas.

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—Disculpe que le corte, pero en la reunión, ¿ella utilizó la palabra boicot?

Bueno, sí, dijo que era un boicot en su contra de su gobierno por fuerzas políticas y violentas cuando en realidad son grupos de comunidades históricamente marginadas. En el momento que ella no hace esa distinción, termina estigmatizando y negando los derechos de las personas.