Rosa María Palacios: “¿Por qué en Lima no hay un solo fallecido y en el resto del país suman 52?”
Periodista consideró que “el uso de la fuerza fuera de Lima no corresponde a la ley ni al manual” y que “la banalización de la palabra ‘terrorista’ va a terminar siendo muy peligrosa para la política peruana”.
Tras la toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) por parte de la Policía (PNP), La República se comunicó con la periodista y abogada Rosa María Palacios, para conversar sobre el proceder de las fuerzas del orden, de la Fiscalía y del Ejecutivo en un Paro Nacional, en el que ya se cuentan 53 muertos en provincia por las protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso, y que, hasta la fecha, parece no tener una salida probable en una capital con los ánimos cada vez más caldeados y a la que la mandataria ha decidido desoír.
—Hablemos, primero, de la coyuntura, que es el ingreso de la Policía a la Universidad de San Marcos. ¿Es legal, justificado?
—Vamos por partes, y quiero que se entienda esto bien. La universidad ha sacado un comunicado señalando que ha habido un robo, dentro de la misma casa de estudios, a los guachimanes de sus chalecos y algunas piezas de indumentaria y sus equipos de protección.
Esa denuncia está en la comisaría y, por supuesto, debe investigarla la Policía y encontrar a las personas culpables de esos actos. Pero es desproporcionado, poco razonable investigar una denuncia de este tipo, con una tanqueta y cien policías. No hay ninguna proporcionalidad entre el comunicado de la universidad San Marcos y la respuesta de la Policía Nacional.
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Creo que mucho menos cuando se golpea a una de las abogadas que está yendo a defender a alumnas, a las cuales se les quiere hacer salir de sus dormitorios —donde están residiendo legalmente—, y alumnos que están circulando por la ciudad universitaria, a los cuales se les obliga arrodillarse y echarse en el piso para enmarrocarlos.
Hay una desproporción entre el hecho denunciado por la universidad y la respuesta de la Policía.
—Existe otro escenario que constituye el pedido de la rectora para que ingrese la Policía a retirar a las delegaciones que llegaron a San Marcos, a las que algunos estudiantes de la federación les abrieron las puertas.
—Ya, pero qué tiene que ver eso con el dormitorio de las mujeres, en donde están estudiantes de derecho aterrorizadas porque afuera escuchan disparos. O sea, si vas a hacer eso, lo lógico, lo inteligente, es esperar que esas personas salgan a marchar y, luego, controlar la puerta.
Creo que hay escenarios de soluciones de conflicto mucho menos violentos que los que estamos viendo en este momento.
—Hay quienes dicen que, en esta situación, ella se está amparando en el artículo 10.3 de la Ley Universitaria, que es el pedido de que ingresen las fuerzas del orden.
—Se puede hacer, yo no tengo ninguna duda de que se trate de un delito de usurpación. La usurpación es el delito por el cual tú te apropias de un inmueble ajeno. Si la señora rectora cree que hay un delito de usurpación y lo denuncia, efectivamente las fuerzas policiales pueden entrar y pedir a las personas, que han usurpado el local, que se retiren.
Pero esa no es la denuncia, la denuncia es por el robo a los guachimanes. ¿Dónde está la denuncia por delito de usurpación? Yo no la he visto. Esto teniendo en cuenta la información que tenemos hasta la fecha, que es muy incompleta.
—En el caso de que se trate de este pedido de la rectora, el ingreso y el proceder con policías, sin fiscales...
—Yo creo que el proceso no es el correcto. El proceso no es el correcto porque tendría que haber flagrancia para pedir el acceso inmediato de la Policía frente al delito de usurpación. Pero creo que están, ya, hace más de cuatro días acá. Por lo tanto, la flagrancia se ha perdido, esta gente ha entrado y salido del campus varias veces.
Segundo, la Policía tiene que hacer una identificación previa de a quiénes va a detener. Las personas no tienen una camiseta que dice ‘yo soy estudiante’ ni otra que dice ‘yo soy migrante’.
No hay forma de hacer una identificación correcta si es que previamente no has identificado a quién vas a detener. Por eso, es que han entrado y han detenido a todos. Eso es inaceptable.
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Las personas no pueden ser detenidas porque ‘nos parece que podrían ser’. Así no es. Cuando no hay flagrancia, tienes que hacer una identificación de las personas que vas a detener.
—Por otro lado, el accionar de la Fiscalía de la Nación, que llega después de lo ocurrido, y no es la primera vez, ya pasó también el año pasado, en diciembre. ¿Cómo se interpreta esta tardanza?
—Se puede interpretar de dos maneras. La primera es que la Policía no ha coordinado con la Fiscalía este operativo y la propia fiscalía se hace presente cuando se entera por la televisión; la otra, que es que la Fiscalía no ha querido actuar.
Yo quiero creer, más bien, que se hace presente cuando le avisan lo que está pasando; efectivamente, esta es la segunda vez que pasa en un operativo de la Policía Nacional.
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—¿Estas descoordinaciones no serían, después de todo, una falta al proceso?
—Por supuesto, es una falta al proceso por parte de la Policía. O sea, la Fiscalía tiene que dejar por sentado que se presenta a pedido de la ciudadanía, porque la Policía no ha coordinado con ellos (el Ministerio Público) el ingreso.
—Entrando al aspecto político. Hay quienes dicen que, desde hace tiempo, cuando iniciaron las muertes en las protestas, existe una violencia de Estado en el Perú. ¿Es esto correcto, si se tiene en cuenta que estamos en un estado de emergencia bajo el que muchos otros justifican?
—El estado de emergencia no tiene nada que ver con la violencia. Que quede eso perfectamente claro, el estado de emergencia es una herramienta para que, dentro del orden constitucional, algunos derechos, que son cuatro, se puedan restringir. No autoriza la pena de muerte, no autoriza el daño a la salud ni tampoco autoriza acciones desproporcionadas frente a los delitos que se puedan estar cometiendo.
La violencia no es una carta libre para el Estado porque estamos en un estado de emergencia. Eso es falso, en primer lugar.
En segundo lugar, decir que hay una violencia de Estado me parece una exageración. Creo que la Policía está actuando mal en algunos momentos, en algunos lugares. Muy mal. Pero es su comando el que le da las órdenes y eso es lo que tiene que investigarse.
¿Por qué en Lima no hay un solo fallecido y en el resto del país suman 52 fallecidos ante las mismas protestas?
—¿Este desbalance se podría basar en una atención que es distinta ante las acciones de la Policía en las protestas?
—Lo que es distinto es el uso de la fuerza. El Estado tiene el monopolio de la fuerza y el uso de la fuerza está sujeto a reglas, en libros y en manuales. El uso de la fuerza en Lima ha sido el que corresponde al manual. El uso de la fuerza fuera de Lima no corresponde a la ley ni al manual. Es ilegítimo e ilegal.
—Estos últimos hechos, el ingreso a la San Marcos, el tema de que la Contraloría y la Procuraduría se fueran en contra del Rector de la UNI, pidiéndole explicaciones por su decisión de recibir a las delegaciones, las protestas de esta semana. ¿Se justifica la idea de que existe un abuso o agresividad en el Gobierno de Dina Boluarte?
—La violencia solo engendra violencia. Si la respuesta a la violencia es más violencia, lo único que vas a tener de regreso es más violencia aún.
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—¿Y en el caso de las acciones de los mismos ministros de Estado en estos últimos días?
—Creo que algunos no están viendo la realidad. Creo que su evaluación de los hechos dista de la realidad, y eso es un problema grave cuando estás haciendo política.
—¿Qué significa que la misma presidenta Dina Boluarte reitere en sus mensajes a la nación los mismos puntos una y otra vez? Hablando de terrorismo insistiendo en que los manifestantes son personas pagadas...
—La banalización de la palabra ‘terrorista‘ va a terminar siendo muy peligrosa para la política peruana, y no debería hacerse ni desde el estado, ni desde la sociedad.
El terrorismo fue un mal absolutamente destructivo. Lo que vivimos en esa época no es lo que estamos viviendo ahora. Compararlo es un insulto a todos los que murieron por culpa del terrorismo.
—Muchos han comparado el Gobierno de Dina Boluarte con el del exdictador Alberto Fujimori, ¿son comparables, son similares siquiera?
—Son situaciones distintas. No son comparables porque Dina Boluarte tiene el uso legal de la presidencia, porque le corresponde por sucesión constitucional. Alberto Fujimori dio un golpe de Estado con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Son situaciones completamente distintas.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Jueves 21 de Noviembre del 2024