JP, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno presentan solicitud de remoción contra Josué Gutiérrez
Los cuatro grupos parlamentarios acusan al Defensor del Pueblo de actuar con negligencia en el ejercicio de su cargo. La denuncia se suma a otras dos acusaciones constitucionales en contra de Gutiérrez que ya se tramitan en la Cámara de Diputados y el Senado.
La República en GoogleLos grupos parlamentarios Juntos Por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras formularon una solicitud de remoción contra el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por falta grave. Según el escrito, dos hechos motivaron el pedido: unas declaraciones del funcionario sobre una eventual disolución del Congreso y un conjunto de contrataciones de personal observadas por la Contraloría General de la República.
Documento solicita la remoción de Josué Guitérrez debido a sus declaraciones instando a que Keiko Fujimori cerraba el Congreso tendría mayor aprobación. Además, señala que las presuntas contrataciones irregulares en la Defensoría. Foto: captura de pantalla.
Los voceros de los Senadores de la oposición firmaron la solicitud. Foto: captura de pantalla
El primer hecho tiene origen en una entrevista que Gutiérrez Cóndor brindó a Canal N el 27 de agosto. Ahí, el Defensor del Pueblo planteó que, si la congresista Keiko Fujimori decidiera cerrar el Congreso, tendría un respaldo popular incluso mayor al que tuvo su padre en su momento.
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También mencionó un ahorro presupuestal de 3 mil millones de soles al año si el Parlamento dejara de funcionar. Los cuatro grupos parlamentarios calificaron esas palabras como un atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes, en un pronunciamiento conjunto que difundieron al día siguiente.
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El segundo motivo se apoya en un reportaje del programa Cuarto Poder, emitido el 6 de setiembre, que citó un informe de control de la Contraloría. Ese documento detalla cuatro casos de personas que sostuvieron reuniones o contacto previo con el despacho del Defensor del Pueblo antes de acceder a contratos y, después, a plazas dentro de la entidad. En algunos casos se habría validado experiencia laboral que no correspondía a los requisitos del puesto.
Gutiérrez ya había ofrecido disculpas por sus declaraciones sobre el Congreso el pasado 6 de setiembre, en una entrevista con RPP. Sin embargo, la solicitud de remoción considera que esa disculpa fue condicional, pues el funcionario la subordinó a que se asumiera una interpretación distinta de lo que dijo, sin reconocer el sentido original de sus palabras.
Josué Gutiérrez: los detalles del procedimiento que deberá seguir el Senado
La solicitud deberá pasar primero por la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado, que tiene un plazo máximo de treinta días hábiles para evaluar los cargos, pedir los descargos de Josué Gutiérrez y actuar las pruebas presentadas. Recién después de ese informe, el Pleno del Senado podrá debatir y votar la remoción.
Para que el Defensor del Pueblo sea removido, se necesitan los votos favorables de dos tercios del número legal de senadores, es decir, 40 de los 60 escaños que tiene la Cámara Alta.
Los grupos parlamentarios denunciantes remarcaron que este procedimiento es distinto de la denuncia constitucional que la diputada Analí Márquez, de Juntos Por el Perú, ya había presentado ante la Cámara de Diputados por presunta infracción de los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución.
Según explicaron en su escrito, ambos cauces tienen fundamentos y consecuencias diferentes: mientras la acusación constitucional puede terminar en suspensión, inhabilitación o destitución, la remoción del Senado solo produce la separación del cargo, sin sanciones adicionales.
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A esa denuncia se suma una tercera vía abierta contra el mismo funcionario. La senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, presentó el 8 de setiembre otra denuncia constitucional en la que pidió la destitución de Gutiérrez y su inhabilitación por 10 años para ejercer función pública.
Entre los cargos que presentó Vásquez se encuentra el poco seguimiento que la Defensoría dio a las víctimas de las protestas de 2022-2023 y 2025, a la participación de la entidad en el hábeas corpus a favor de Daniel Urresti y a una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1373, presentada mientras una empresa vinculada a la hermana del propio Defensor del Pueblo enfrentaba un proceso de extinción de dominio.
Como parte de las pruebas ofrecidas en la solicitud de remoción, los cuatro grupos pidieron que la Comisión de Procedimientos Especiales solicite a la Contraloría el informe completo que sustenta las irregularidades en las contrataciones, y que la propia Defensoría del Pueblo remita los legajos, contratos y registros de visitas de las cuatro personas mencionadas en el reportaje de Cuarto Poder.
